Isla Mujeres, Cancún, Quintana Roo- Los grandes proyectos de infraestructura que se han generado a raíz de las reformas estructurales en materia energética, llamados “mega proyectos de muerte”, se han establecido a costa de la devastación de los recursos naturales de Puebla y del país, pero también en detrimento del patrimonio, identidad y conformación de los pueblos indígenas, expuso Germán Molina Carrillo, Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla al impartir la conferencia “La vulneración a los derechos humanos de los pueblos indígenas por las reformas estructurales en México”.

En el marco del XIX Congreso Latinoamericano AFEIDAL “Derecho Indígena” realizado en Cancún, aseveró que, aunado a ello, se ha criminalizado a los miembros de las comunidades y a quienes han defendido sus derechos humanos; a pesar de la supuesta tutela gubernamental y constitucional. Por lo tanto, en el análisis del impacto de dichos proyectos en los derechos humanos, es de vital importancia.

“Se deben realizar evaluaciones pormenorizadas, para establecer si la autoridad está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, convencionales y legales; así como si está proporcionando la información exacta a las partes interesadas para poder evaluar las posibles contingencias relacionadas con la ejecución de un proyecto de terminado”, afirmó.

El director del ICI relató que la región de los límites de Veracruz, Hidalgo y Puebla “está siendo explotadas en todas las formas posibles para obtener las mayores ganancias económicas, sin importar en ningún momento los daños al ambiente, los habitantes y el territorio”, con obras de hidrocarburos.

A su vez, en los municipios de Tétela, Ixtacamaxtitlán, Zautla, Cuetzalán, Tepango, Libres, Zapotitlán, Teziutlán, Guadalupe Victoria, Xicotepec, Tatlauquitepec y Zacatlán, entre otros, hay 141 títulos de concesiones mineras a cielo abierto, con métodos devastadores que utilizan cianuro, arsénico, dinamita y metales pesados. Las hidroeléctricas también ocasionan daños principalmente en los ríos Ajajalpan, Zempoala y Apulco, para la construcción de 10 presas y 35 mini hidroeléctricas.

“Todos estos proyectos fundados en el supuesto desarrollo de una nación, vulneran y atropellan el derecho a un Medio Ambiente adecuado y sano, que a los pueblos indígenas requieren como condición esencial para el goce del derecho a la vida y a los bienes colectivos; derecho protestado y garantizado por el artículo XIII de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas”, apuntó.

Molina Carrillo manifestó que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la población indígena mundial se compone de más de 370 millones de personas, en más de cinco mil grupos étnicos; y aunque sólo representan al cinco por ciento de la población mundial, su aportación cultural es inconmensurable.