San Salvador.— El gobierno de El Salvador impulsa una nueva reforma legal para aplicar cadena perpetua a menores de edad que cometan delitos graves como homicidio, violación o actos vinculados al terrorismo, en lo que representa un nuevo paso en la política de mano dura del presidente Nayib Bukele.

La propuesta busca ampliar el alcance de la reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, que ya permite imponer prisión perpetua a adultos por delitos de alto impacto. 

Endurecimiento del sistema penal juvenil

El siguiente paso del gobierno consiste en modificar la Ley Penal Juvenil para armonizarla con el nuevo marco constitucional, lo que abriría la puerta a que menores —principalmente vinculados a pandillas— enfrenten penas equivalentes a las de adultos. 

Este enfoque rompe con el modelo tradicional de justicia juvenil basado en la reinserción, y coloca el énfasis en el castigo como herramienta central contra el crimen organizado.

Parte de la estrategia contra pandillas

La iniciativa se enmarca en la política de seguridad implementada desde 2022, bajo un régimen de excepción que ha permitido la detención de decenas de miles de personas. 

El gobierno sostiene que estas medidas han sido clave para reducir drásticamente los niveles de violencia en el país, aunque también han implicado una expansión sin precedentes del sistema penitenciario.

Críticas por derechos humanos

Organismos internacionales y expertos han expresado preocupación por el impacto de estas reformas, especialmente en menores de edad.

Señalan que aplicar cadena perpetua a adolescentes podría contravenir estándares internacionales de derechos humanos, que privilegian la rehabilitación y reintegración social en el caso de menores.

Además, el endurecimiento penal se suma a otras medidas polémicas, como el traslado de menores a cárceles para adultos en ciertos casos, lo que ha generado alertas sobre posibles abusos. 

Un giro estructural en la justicia

La propuesta refleja un cambio profundo en el sistema penal salvadoreño: de un enfoque garantista hacia uno punitivo, en el que incluso los menores podrían enfrentar las penas más severas del ordenamiento jurídico.

De concretarse, El Salvador se colocaría entre los países con las políticas más estrictas de la región en materia de justicia juvenil, en medio de un debate creciente entre seguridad y derechos fundamentales.