Finalmente, la profecía se cumplió y el presidente López Obrador, haciendo uso de la facultad que le otorga el párrafo segundo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República” designó a Lenia Batres Guadarrama hermana del jefe de gobierno de la ciudad de México y quién se desempeñaba como secretaria adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica y fundadora de Morena, como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Arturo Zaldívar quién renunció al cargo para sumarse a la campaña de la virtual candidata a la Presidencia de la República por Morena Claudia Sheinbaum.

La Cámara de Senadores por vez primera en su historia, no logró tejer un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios para reunir los votos necesarios para designar a una de las tres candidatas propuestas por López Obrador y cuyas trayectorias destacaban precisamente por ser fieles representantes de los intereses del ejecutivo, alejadas de una carrera judicial y cuyo único mérito era convertirse en un voto seguro para tratar de que se aprueben los juicios y controversias en las que sea parte el presidente o autoridades emanadas de Morena.

En otras palabras, los Senadores, no encontraron en ninguna de las candidatas presentadas en las ternas enviadas por el presidente, a una profesional con una trayectoria en la judicatura, ni mucho menos que garantizara un trabajo profesional e imparcialidad en su actuar al resolver asuntos que tienen una gran trascendencia nacional, en los que se requiere además de un amplio conocimiento del derecho, garantizar imparcialidad, porque su función es impartir justicia, sin importar de quién se trate; sin embargo la nueva ministra, llega con el objetivo de defender a capa y espada en los debates y votaciones los intereses de AMLO y de su gobierno en el ámbito federal y de los gobernadores de los estados de Morena.

En un tema de decoro y respeto a la Cámara de Senadores, que representa a las entidades federativas, el presidente, debió cubrir las formas y procurar presentar a personajes de trayectoria intachable no sólo profesionalmente, sino sin visos o compromisos políticos con su gobierno, no sólo por la importancia que tiene el nombramiento de un Ministro del máximo tribunal del país; sino también porque el mensaje que se da a los ciudadanos, es de que es más importante colocar incondicionales en dichos cargos, que cuidar las formas y actuar como un demócrata, respetando la carrera judicial de cientos de secretarios, jueces y magistrados en funciones, cuyo pecado para no ser considerados, es no ser familiares cercanos de un destacado miembro de Morena o gobernante en turno.

Así las cosas, si bien es cierto que los Presidentes del período neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón, presentaron ternas a cargos de Ministros, al menos en la mayoría de los casos, los buscaban dentro de quienes tenían una carrera judicial por haber formado parte de dicho poder y que no estuvieran públicamente identificados con sus partidos PRI y PAN.

Por lo anterior y ante la permanente frase del presidente de no somos iguales a los gobiernos neoliberales corruptos queda demostrado que con sus propuestas ha llegado más lejos que ellos en forma pública y sin recato alguno.

Si de por sí, sobre la Corte sigue pesando el caso de la ministra plagiaria Jasmín Esquivel cuya situación no ha sido definida por las autoridades de la UNAM debido a los juicos de amparo que ha promovido y que continua actuando en el pleno y las salas por la protección presidencial de la que goza; ahora con la llegada de Lenia Batres el presidente piensa que logrará frenar las resoluciones que no favorezcan a su gobierno y se aprueben aquellas que sean de su interés; en otras palabras está aplicando al máximo tribunal del país, el mismo modus operandi de las Cámaras de Diputados y Senadores, jugando a las mayorías, simples y calificadas, sin importar el respeto al estado de derecho y a la Constitución como ha quedado demostrado a lo largo de estos cinco años de gobierno.

Pero dicha situación, no debería ser extraña para los ciudadanos, ya que si algo ha caracterizado a AMLO, es su desprecio por la ley, a la división de poderes y a los órganos autónomos que no se someten a su poder o que osan tener una opinión contraria a su discurso y políticas; así es, así ha sido y así será hasta el fin de su mandato.

La disyuntiva para los ciudadanos es si en 2024, seguiremos votando por la continuidad de estas políticas gubernamentales y apoyando el ataque a las instituciones, incómodas al presidente, o si la mayoría se pronunciará por un cambio dando de nuevo la oportunidad de rectificar a la oposición, que aún no ha sido capaz de lanzar un discurso que logre dar esperanza a los electores, de que no volverán a cometer los errores del pasado.

Sin duda alguna en las elecciones de 2024, todos tenemos una cita con el futuro que le depara a México y definiremos si votamos por la continuidad de la debacle de las instituciones como el INE, TRIFE, INAI, COFECE, la Suprema Corte de justicia de la Nación entre otras; o si damos un golpe de timón y votamos por los candidatos de la oposición.
                             
                                *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.