La crisis que enfrenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por la acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador morenista de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios antiguos y actuales de su administración, dada a conocer el pasado 23 de abril.

Se inscribe en el marco de varios acontecimientos previos en los que la presidenta participó; en primer lugar, su presencia en la Cumbre Global Progressive Mobilisation (GPM) los días 17 y 18 de abril en Barcelona España  donde asistieron más de 40 líderes del bloque de países de izquierda, convocada por el presidente de España Pedro Sánchez y al que asistieron personajes como Luis Ignacio Lula Da Silva presidente de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Yamandú Orsi de Uruguay, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, países con los que la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha tenido serios desencuentros, siendo el objetivo de la cumbre, el de consolidar un frente común contra la ultraderecha, enfocado en la democracia y la justicia social. 

En segundo lugar, el operativo para el desmantelamiento de una instalación para la producción de drogas sintéticas  en la Sierra del Pinal, el 19 de abril entre los municipios de Morelos y Guachochi en Chihuahua y en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la defensa y  cuatro agentes de la CIA, que perdieron la vida después de concluir el desmantelamiento del laboratorio en un accidente en carretera y que desató toda una serie de reclamos y cuestionamientos del oficialismo en contra de la Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos, a quién se responsabilizó de la intromisión de los agentes de la CIA en el operativo, de  violar la Ley de Seguridad Nacional  y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciando con ello todo un debate en contra de la actuación de una gobernadora emanada del PAN y que concluye su cargo en 2027 y que incluso fue invitada por el Senado de la República para que se presentara a rendir un informe de los hechos en los que se le responsabiliza de la actuación de los agentes de la CIA fallecidos.

En tercer lugar, el pasado 23 de abril, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Jonhson, acudió en Sinaloa a la colocación de la primera piedra del Proyecto Pacifico Mexinol en Topolobampo, y ante la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya advirtió sobre la corrupción y la extorsión, destacando la importancia de la certeza jurídica para la inversión, a escasos días en que se dieran a conocer las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete y legisladores, no se hizo esperar, descalificando las declaraciones del embajador como intervencionistas, señalando que los diplomáticos no deben intervenir en asuntos internos.

Bajo este panorama, es cuando formalmente el Gobierno de Estados Unidos, hizo publica la acusación en contra del gobernador de Sinaloa, de aliarse con el Cartel de Sinaloa, específicamente con los líderes de la fracción de los Chapitos, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo ambos de apellidos Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

Cito textualmente el punto 2 de dicha acusación: 2. ….Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cartel se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos, incluido el actual gobernador de Sinaloa RUBÉN ROCHA MOYA, el acusado. Estos políticos y agentes del orden público han abusado de su autoridad en beneficio del cartel, han expuesto y sometidos a las victimas a amenazas y violencia, y han vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluidos algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias perpetradas por el cartel, entre otras cosas, mediante el homicidio de enemigos del cartel y el secuestro de individuos en México los cuales se les sospechaba de cooperar con las fuerzas del orden público estadounidense.”

Los delitos de los que se acusa al gobernador y los nueve colaboradores y excolaboradores de su administración son los de asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, desde México a estados Unidos. Se les acusa de haber dado protección a los lideres del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales; han facilitado que se proporcionara información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del cartel y a narcotraficantes aliados para apoyar actividades delictivas del cartel, entre otros cargos.

Es evidente la gravedad de las acusaciones en contra de Rocha Moya y sus funcionarios; sin embargo, la postura de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido la de descalificar la acusación, argumentado que no existen pruebas contundentes del gobierno de Estados Unidos que la sustenten y que, por lo tanto, la fiscalía general de la República hará su propia investigación para determinar si existen la comisión de algpun probable delito en contra de los acusados.

La presidenta no tiene una salida que la deje bien librada del escándalo y sus consecuencias, tanto para el movimiento de la 4T como para su gobierno, ya que si decide detener a los acusados y en su momento acceder a su extradición enfrentará una división del partido, porque la lista de acusados seguramente crecerá y si decide defender a Rocha Moya y coacusados la presión de Estados Unidos será mayor y las sanciones para México pueden ser de graves consecuencias económicas e internacionales, si se acusa a nuestro país, de ser un estado Narcoterrorista por proteger a los funcionarios acusados y poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Por lo pronto en la víspera de la revisión del T-MEC nos estamos jugando el futuro del país y a 41 días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, los ojos del mundo están ya en México, esperando que la presidenta tome la mejor decisión y corrija el rumbo, rompiendo definitivamente con los vínculos con los carteles y su partido, salvando el futuro y la seguridad de los mexicanos.