El impacto que ha tenido en nuestro país, la solicitud de detención del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázares y de ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de dicho estado, acusados por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, dado a conocer el pasado 23 de abril por la administración del Presidente Donald Trump por los delitos de asociación delictuosa con el cartel de Sinaloa, específicamente con la fracción de los hijos del Chapo Guzmán, para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cacaina y metanfetamina desde México a los Estados Unidos, acusándolos además de proteger a los líderes del cartel contra detenciones y procesos judiciales dándoles información de las autoridades de orden público y militar para apoyar sus actividades delictivas.

Han colocado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada, por la gravedad de las acusaciones y sobre todo por la negativa de la presidenta a cumplir con lo solicitado por las autoridades estadounidenses, bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes para considerar validas dichas acusaciones en contra del gobernador y coacusados; pero además poniendo como argumento para dicha negativa, la defensa de la soberanía de México.

Hasta este momento, lo único que se ha llevado a cabo por el gobierno federal, ha sido el lograr que el gobernador Rocha Moya solicitara licencia a su cargo para que la fiscalía general de la República realice las investigaciones correspondientes para determinar si tanto el gobernador como los demás acusados cometieron alguno de los delitos que se les imputan, pero persistiendo la negativa de detener a los acusados que continúan en libertad, menospreciando la urgencia de la solicitud  del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para su detención.

Aún y cuando fue del dominio público la presencia del gobernador Rocha Moya en la reunión en una finca en Culiacán el 25 de julio de 2024 convocada por Joaquín Guzmán López hijo del Chapo Guzmán , a la que también asistió Ismael el Mayo Zambada y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda quién fue asesinado y en la que se llevó a cabo el secuestro del Mayo Zambada para ser trasladado en una avioneta, a el Paso Texas; el gobernador negó que hubiera asistido a dicha reunión argumentando en esa misma fecha un viaje a los Ángeles, sin poder acreditar su ingreso al país vecino, las investigaciones a cargo de la fiscalía estatal incluso armaron un intento de asalto en una gasolinera donde supuestamente fue asesinado Héctor Melesio Cuén, la Fiscalía General de la República nunca atrajo la investigación y dos días después el presidente AMLO y la presidenta electa dieron su respaldo total en un acto público al gobernador Rocha y se comprometieron a seguir apoyando a su gobierno, descartando cualquier investigación en su contra, hasta ahora que por la acusación y solicitud de detención finalmente se determinó investigar al gobernador.

La acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala en el apartado: “Actos para promover la asociación delictuosa de tráfico de drogas” en el punto 31. Con el fin de promover la asociación delictuosa de tráfico de drogas del cartel y para llevar a cabo los objetivos ilegales de dicha asociación delictuosa, los acusados participaron en los actos que se describen a continuación, entre otros:

A principios de 2021, o alrededor de esa fecha, RUBÉN ROCHA MOYA, el acusado, estaba en campaña para convertirse en gobernador de Sinaloa. Por esas fechas, y antes de su elección en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, ROCHA MOYA se reunió con los entonces líderes del cartel armados con ametralladoras y otras armas, Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos se asegurarían de que ROCHA MOYA ganara las elecciones a gobernador. A cambio ROCHA MOYA prometió a los líderes de los Chapitos que, si resultara elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos.

En los apartados b, c y d se menciona que antes de la elección Enrique Díaz Vega entregó a los chapitos una lista de los oponentes de Rocha Moya con sus domicilios para que pudieran intimidarlos y obligarlos a retirarse de la elección; el día de la elección sicarios del cartel robaron papeletas y urnas del partido opositor y secuestraron a los oponentes de Rocha Moya, los mandos de la policía estatal prohibieron a sus agentes acercarse a los recintos electorales y no intervenir en caso de denuncias ciudadanas, todo para garantizar el triunfo de Rocha Moya, que a cambio con el Senador Inzunza Cázares les dieron el control de la policía estatal de Sinaloa facilitando sus actividades de trafico de drogas y para detener a los enemigos de los Chapitos.

Ante hechos como los señalados, como mexicanos cabe preguntarnos:

¿Cuál ha sido el papel del gobierno de AMLO y el actual sobre la situación en la que se ha visto envuelto el Estado de Sinaloa antes y después de la elección de Rocha Moya?

¿Qué acuerdos inconfesables se hicieron por el gobernador y su equipo con los líderes del Cartel de Sinaloa para darles el control de la seguridad y poner en sus manos las vidas de los ciudadanos del Estado?

¿De no haberse dado la acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y coacusados, nunca se habría hecho ninguna investigación y seguirían gozando de impunidad para seguir apoyando a los lideres del cartel de Sinaloa?

¿Cuántas vidas de sinaloenses y daños a la economía del Estado han costado, por tener un gobierno comprometido con un cartel para enriquecerse a toda costa, simulando que cumplían con su función?

¿Cómo recuperar la confianza ciudadana en los partidos para las elecciones de 2027 y evitar que de nuevo un cartel ponga a sus candidatos y siga gobernando el estado?

¿En cuantos estados del país se eligieron gobiernos comprometidos con los carteles y las autoridades encargadas de la seguridad y fiscalías están controladas por estos grupos delictivos?

Es indispensable que el gobierno federal y los partidos políticos de todos los colores se comprometan hoy a salvar nuestra democracia y erradicar la filtración de los carteles en las elecciones, si es que aún desean recuperar la confianza ciudadana.