Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro ciudadanos mexicanos señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por narcoterrorismo, tráfico de drogas y tráfico de armas. Los acusados fueron detenidos en junio pasado en la República Checa y podrían enfrentar cadena perpetua si son declarados culpables. 

Los imputados fueron identificados como Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; José Miguel Alvarado Morales, de 23; y Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, de 63 años. La acusación fue presentada por la Fiscalía federal del Distrito Medio de Florida.

Según el expediente, los sospechosos habrían negociado desde territorio checo la compra de armamento pesado, incluidos ametralladoras, lanzagranadas, morteros y municiones, a cambio de cargamentos de fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense. Las armas serían trasladadas posteriormente a México para ser utilizadas por grupos criminales. 

La Fiscalía acusa a López Velasco, Díaz Jiménez y Alvarado Morales de conspirar para cometer actos de narcoterrorismo, proporcionar apoyo material a una organización terrorista, importar drogas y traficar armas de fuego. Gaxiola López enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos y tráfico de armamento.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, en febrero de 2026, López Velasco y Díaz Jiménez negociaron la adquisición de armas y explosivos para llevar a cabo actos violentos contra organizaciones rivales, civiles, policías y militares mexicanos. El expediente también relaciona a Díaz Jiménez con la operación de un laboratorio clandestino de fentanilo en México. 

El caso forma parte de una ofensiva más amplia de Washington contra el CJNG, organización que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Esa clasificación permite ampliar las herramientas judiciales, financieras y de seguridad contra sus integrantes, colaboradores y redes de apoyo. 

La acusación constituye una imputación formal y no una sentencia. Los cuatro detenidos conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.