Viernes, 21 Agosto 2026 15:17

Singapur suma 18 ejecuciones en lo que va de 2026

Imagen de referencia Imagen de referencia Fotografía: Pixabay

Las autoridades de Singapur ejecutaron este viernes a dos personas condenadas por tráfico de drogas, lo que eleva a 18 el número total de ahorcamientos en lo que va de 2026. Con esta cifra, la ciudad-estado supera el récord de ejecuciones registrado en 2025, cuando organizaciones no gubernamentales y la ONU contabilizaron 17 muertes

Los dos últimos ejecutados fueron un ciudadano singapurense de 68 años y una persona de nacionalidad malasia de 34 años, según informó la agencia antinarcóticos de la isla en un breve comunicado. La agencia no ofreció más detalles sobre la identidad de los condenados. 

Perfil de los ejecutados

En lo que va de 2026, según la agencia nacional antinarcóticos, se ha ahorcado a:

- 13 ciudadanos de Singapur
- 4 ciudadanos de Malasia
1 hombre de 79 años, identificado como apátrida, ejecutado el 7 de agosto

Se desconoce la identidad de casi todos los ejecutados, aunque los informes oficiales indican que la mayoría eran hombres, con edades entre 32 y 79 años.

Récord de ejecuciones

Los ahorcamientos, que es el método que emplea Singapur para aplicar la pena capital, aumentaron de manera significativa en los últimos años:

- 2025: 15 ejecuciones confirmadas por las autoridades (17 según ONG)
2026: 18 ejecuciones hasta agosto
Récord anterior: 13 ejecuciones en 2003, según Amnistía Internacional 

Críticas de la ONU

Expertos de Naciones Unidas han denunciado el uso de la pena capital en Singapur por delitos relacionados con las drogas y han pedido a las autoridades que pongan fin a lo que describen como un “uso ilegal” de la pena de muerte. En un comunicado emitido el 18 de agosto, los expertos señalaron que al menos 16 personas habían sido ejecutadas en lo que va de año por narcotráfico, una cifra similar a la de todo 2025. 

Singapur mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo contra el tráfico de drogas y aplica la pena de muerte de forma obligatoria para ciertos delitos relacionados con estupefacientes, una política que ha sido criticada repetidamente por organismos de derechos humanos. 

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