Quito.- El Gobierno de Ecuador declaró este sábado la alerta roja en todo el territorio nacional ante la evolución del fenómeno de El Niño, que las autoridades proyectan como uno de los más intensos jamás registrados. La medida busca anticipar escenarios de riesgo y activar de inmediato los mecanismos de preparación y respuesta para proteger a la población.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) formalizó la alerta máxima mediante la Resolución Nro. SNGR-238-2026, emitida el 29 de agosto de 2026. Aunque inicialmente se había elevado la alerta en provincias costeras, el acelerado calentamiento oceánico y el fortalecimiento de las condiciones océano-atmosféricas llevaron a extender la alerta roja a las 24 provincias del país.
Bajo la Ley Orgánica de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, la alerta roja corresponde a un “evento en curso” y obliga a reforzar acciones de preparación y respuesta de manera inmediata. La resolución dispone:
- Activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales para coordinar acciones en cada territorio.
- Aplicación de protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en zonas con potencial afectación.
- Monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del nivel del mar, con énfasis en la costa y la región insular (Galápagos).
El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) declaró oficialmente el evento tras registrar un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar, con anomalías de hasta 4 °C en la región Niño 1+2 del Pacífico oriental. Los análisis técnicos apuntan a un Niño de “magnitud histórica”, con potencial para generar lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, sequías en algunas zonas, incendios forestales y olas de calor.
Se estima que alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos del fenómeno en 17 provincias, principalmente en la costa. Para enfrentar la emergencia, el Gobierno destinó 650 millones de dólares a acciones de prevención, atención y recuperación.