El fuerte terremoto con una magnitud de 7,1, ocurrido el pasado 19 de septiembre, causo graves daños en la CDMX, Puebla, Morelos, Guerrero, aunados a los ya existentes, por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca, Chiapas, despertando la fuerza y la solidaridad de los mexicanos, así como de entes de otros países.

La organización civil (ciudadanos), diferentes organizaciones privadas, académicas y sociales, hicieron acopio de víveres, medicamentos, ropa, herramientas y hasta de dinero en efectivo, para hacérselos llegar a quienes resultaron afectados por ambos sismos.

Por otra parte, Cruz Roja de México y el Ejército Nacional también se organizaron para hacer llegar cualquier tipo de ayuda en la reconstrucción de las viviendas de los afectados.

Sin embargo, mientras la ayuda fluye y los centros de acopio se amontonan de gente y víveres, en clara muestra de solidaridad humana con los afectados, lamentablemente también aumentan las denuncias contra individuos que a pesar de la tragedia nunca se olvidan de buscar su beneficio personal, y tratan de sacar ventaja política de tan lamentable suceso, ejemplo de lo anterior, lo sucedido con el gobierno de Graco Ramírez, quien fue denunciado por la ciudadanía de bloquear o condicionar la distribución de la ayuda para personas afectadas por el sismo.

Razón por la cual, muchos son los que han dejado de donar o han cuestionado a las instituciones por no saber si su ayuda llegará, efectivamente, a los damnificados. “Hay muchas personas que en los desastres se aprovechan del estado emocional de las personas”, dijo Sara Nason, una vocera del observatorio de asociaciones sin fines de lucro Charity Navigator, en una entrevista telefónica.

Por lo anterior, debemos preguntar ¿quien es el responsable política y legalmente de garantizar tanto a donadores y damnificados que la ayuda obtenida sea óptimamente distribuida y de que no irá a parar a los bolsillo o bodegas de algún político? Pues bien, la respuesta es que en México existe todo un Sistema establecido para este fin, como parte del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, denominado: “El Sistema Nacional de Protección Civil”, el cual, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.

En el que se establece que, en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia.

Este sistema está representado en sus tres niveles, por los Consejos Nacional, Estatales y Municipales, como órganos de dirección encargados de la organización y administración de los recursos y ayudas a damnificados y en el caso del federal está integrado por: el Presidente de la República, como dirigente máximo; un Secretario Ejecutivo representado por el Secretario de Gobernación; y por un Secretario Técnico cuyas responsabilidades recaen en la Subsecretaria de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación. Asimismo, se integra por los titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Energía, Minas e Industrias Paraestatales, Comunicaciones y Transportes y Recursos Hidráulicos, Educación Pública, Desarrollo Social, Contraloría General de la Federación y Salud.

Dicho Sistema cuenta con un marco legal de actuación que permita a cada uno de sus integrantes tener las bases legales de actuación y los faculta para coordinar esfuerzos y recursos en beneficio de la población.

La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, sienta las bases de coordinación de este Sistema y fortalece la Gestión Integral de Riesgos y consolida el entramado institucional necesario para integrar un Sistema Nacional de Protección Civil, compuesto por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación, además de los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, las normas jurídicas complementarias a la citada ley no fueron actualizadas, pues el SINAPROC había funcionado con la normatividad existente. Por lo que pesar de ser todo un Sistema Nacional con una operación formal, ha quedado evidenciada su inoperancia para optimizar los recursos recabados en favor de quien más los necesita, permitiendo que funcionarios sin escrúpulos aprovechen tal situación para lucrar con estos recursos o desviarlos en beneficio propio.

Con base en lo anterior, se convierte en una necesidad urgente, legislar en el sentido de sancionar ejemplarmente, a quien en uso de una función pública o privada, aproveche, desvié o lucre con recursos destinados a satisfacer las necesidades de los damnificados, porque aún queda mucho por hacer, falta la reconstrucción de los edificios públicos y viviendas dañadas, donde tanto las grandes empresas proveedoras de materiales para construcción, así como  las constructoras ya se están frotando las manos, por el jugoso negocio que les espera, en momentos en que muchas organizaciones y grupos de la sociedad civil, están presionando para que muchas empresas de manufactura de bienes y servicios  bajen  sus precios y donando tanto en dinero como en especie, para variar estos proveedores seguramente aumentarán a finales de año sus precios afectando las labores de reconstrucción por el aumento en los costos. Sería oportuno que la sociedad civil exigiera al gobierno presione a estas empresas como las cementeras y proveedoras de acero, para que bajen sus precios en lo que se avanza en las labores de reconstrucción que es lo que más hoy preocupa a los danmificados.