Ciudad de Guatemala.— El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio nacional por 30 días luego de que una ola de violencia atribuida a pandillas criminales dejara ocho policías muertos y provocara motines simultáneos en varias cárceles del país. 

La medida —que debe ser ratificada por el Congreso— faculta al gobierno a suspender ciertas garantías constitucionales, como la libre reunión y manifestación, y permite detener e interrogar a sospechosos sin orden judicial en un intento por restablecer el orden y combatir la criminalidad organizada. 

Escalada de violencia y motines carcelarios

Los hechos se desencadenaron tras motines en tres cárceles del país, durante los cuales pandilleros tomaron decenas de custodios como rehenes para exigir el traslado de sus líderes a prisiones con menor seguridad. Las autoridades lograron recuperar el control de las prisiones, incluida la de máxima seguridad ‘Renovación I’ en Escuintla, donde varios guardias fueron liberados. 

Posteriormente, grupos vinculados a las pandillas atacaron a policías en distintos puntos de la capital y sus alrededores, dejando como saldo —de acuerdo con las autoridades— ocho agentes asesinados y al menos diez heridos. Un presunto pandillero también murió en los enfrentamientos. 

Las pandillas señaladas por las autoridades como responsables incluyen Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), organizaciones que Guatemala y Estados Unidos han catalogado como terroristas debido a su implicación en sicariato, extorsión y tráfico de drogas. 

Medidas del gobierno y impacto social

A través de una cadena nacional, Arévalo explicó que el estado de sitio busca “garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos” frente a una de las crisis de seguridad más graves del país en lo que va de 2026. Además de las restricciones a las libertades civiles, se ha desplegado a la policía y al ejército en zonas críticas, y se suspendieron las clases en todo el país como medida preventiva.

El ministerio de Educación indicó que la suspensión de actividades escolares responde a la necesidad de proteger a estudiantes ante la creciente violencia, mientras que la embajada de Estados Unidos en Guatemala recomendó a su personal minimizar movimientos y evitar aglomeraciones. 

Reacciones y contexto

La declaración de estado de sitio ha generado preocupación entre sectores de la sociedad, que temen que la suspensión de derechos pueda afectar a civiles inocentes y desembocar en abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el gobierno mantiene que la medida responde a una amenaza directa al orden público por parte de estructuras criminales organizadas. 

La crisis llega en un contexto en el que las pandillas han aumentado su capacidad de operar tanto dentro como fuera de los penales, reflejando la persistente batalla que enfrenta Guatemala contra el crimen organizado en Centroamérica.