• Se contempló una armonización legislativa con los últimos decretos de reforma al artículo 4º constitucional

CDMX. - El Pleno de la Cámara de Diputados avaló, con cambios en lo particular y la mayoría calificada de 327 votos a favor, 118 en contra y cero abstenciones, el dictamen que adiciona disposiciones a los artículos 4º y 5º de la Constitución Política.

Se aceptó la reserva de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio (Morena), al artículo 4º constitucional, para lograr la armonización legislativa con los últimos decretos de reforma al mismo ordenamiento que se han promulgado.

El diputado del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso Que, dijo estar en contra de la reserva por considerar que existen vicios en el proceso e intenta enmendar errores de técnica legislativa sobre los que se había advertido anteriormente y continúa un procedimiento equivocado.

Para hablar en contra, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) dijo que la reserva no se hizo de cara al pueblo. Explicó que la Comisión de Puntos Constitucionales revisó el dictamen y corrige párrafos que de otra forma quedarían derogados por las reformas recientemente aprobadas, “pero esa adición debe realizare en el Pleno, no tras banderas”.

El diputado Adrián González Naveda, del PT, expresó que se tiene higiene en la redacción constitucional y se debe hacer una armonización.

Del PAN, el diputado Federico Döring Casar expresó que la Comisión de Puntos Constitucionales es la excelencia jurídica del Congreso y debe cuidar los dictámenes y garantizar que están hechos con pulcritud y correctamente.

La diputada Ortega Tiburcio dijo que los vapeadores, aparentemente inofensivos están causando daño irreparable e irreversible en los jóvenes, pues de acuerdo con un estudio y cifras internacionales, su uso ha provocado miles de casos de daño pulmonar grave.

Argumentó que en México ya se han registrado muertes relacionadas con los vapeadores; el aerosol que se genera contiene más de 80 compuestos tóxicos, incluyendo metales pesados y sustancias cancerígenas; por ello, la reserva es para garantizar el derecho a la salud de las personas.  “Digamos no a los vapeadores”.

El diputado Fernando Mendoza Arce (Morena) expuso que el quitar del alcance de la juventud dispositivos que los lleven a la adicción de estas sustancias, no debe tener ni intereses mercantiles ni políticos, pues de ello depende la salud y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, además de que no cuentan con evidencia científica.

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de PAN, PT, PRI y MC presentaron propuestas de modificación, las cuales fueron retiradas o no se admitieron a discusión y, por lo tanto, fueron desechadas.

• Aprobó, por mayoría calificada de 441 votos, reformas y adiciones al artículo 21 de la Constitución Política

CDMX. - Con la unanimidad de 441 votos a favor y mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, en materia de seguridad pública.

El documento, enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función.  

Precisa que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.

Además, el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

También, la Secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional y le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en los términos que señale la ley.

Podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

En el régimen transitorio, menciona que, en el término de noventa días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizará la armonización normativa de los instrumentos jurídicos que correspondan.

Mientras que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se cubrirán con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que no se asignarán partidas presupuestales adicionales durante el presente ejercicio fiscal.

La reforma tiene tres ejes fundamentales

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena) indicó que la reforma se compone de tres ejes fundamentales: la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la investigación de delitos, la coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el fortalecimiento en las acciones de seguridad ciudadana.

Mencionó que dentro de las modificaciones al artículo 21 constitucional, se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y se adiciona a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal y otras instancias como la Guardia Nacional y las policías.

También, se fortalece la investigación de los delitos, garantiza el control y la vigilancia de los fondos federales destinados a la seguridad pública, y establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como sus atribuciones generales para emitir acuerdos y lineamientos para la realización de acciones que homologuen estándares de actuación.

Además, expuso, se robustecen las atribuciones de la Secretaría en cuanto a la coordinación y a la dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al auxilio de la persona titular de la presidencia de la República.

Consideró que el dictamen consolida la estrategia combatiendo la delincuencia y reduce la criminalidad, reforzando las atribuciones de la Secretaría al dotarla de mayores herramientas para mejorar su capacidad operativa, combatir el crimen y ayudar a contribuir a la construcción de un país más seguro.

Una estrategia de seguridad publica sólida, resaltó, debe estar bien coordinada a nivel federal estatal y municipal, y con las nuevas atribuciones, la Secretaría podrá lograr una mayor coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, permitiendo que los recursos y esfuerzos se dirijan de manera eficiente, evitando duplicidades y asegurando que las policías de seguridad sean coherentes en todo el país.

Saiden Quiroz destacó que la reforma dará lugar a más recursos, personal y más herramientas en tecnología y podrá mejorar sus capacidades operativas y de pronta respuesta ante situaciones de emergencia. “La policía siempre debe estar mejor equipada y entrenada para enfrentar de manera efectiva las amenazas emergentes como el crimen organizado, los delitos cibernéticos y otros fenómenos de criminalidad compleja”.

Al contar con mayores atribuciones y recursos, afirmó, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá desplegar estrategias más efectivas, incluyendo operaciones de inteligencia, investigaciones y colaboración con otras agencias internacionales, ayudando a combatir a las organizaciones criminales y reduciendo de manera significativa los índices de violencia y otros delitos asociados, como el narcotráfico, secuestro y extorsión.

•    La iniciativa, conocida como “Ley Silla”, fue presentada por el diputado Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena
•    También fue suscrita por las y los coordinadores parlamentarios del PAN, PVEM, PT, PRI y MC

CDMX. - La Cámara de Diputados avaló, por unanimidad de 476 votos, una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia del derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral, presentada por el diputado Ricardo Monreal (Morena) y suscrita por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PVEM, PT, PRI y MC.

Establece la obligación de los patrones a proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral.

En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. Esta disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo.

La propuesta, conocida como “Ley Silla”, busca también prohibir que las personas empleadoras obliguen a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral o tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones.

Además, se proyecta incluir en el reglamento interior del centro de trabajo que los periodos de reposo durante la jornada laboral son obligatorios, así como las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras a usar los asientos o sillas con respaldo.

Al documento, que reforma los artículos 132, 133, 422, 423 y adiciona una fracción XVII al artículo 133 de la citada ley, se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato y una vez aprobado fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

Tiene disposiciones de justicia

Al presentar la iniciativa, el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena) afirmó que nadie podría oponerse a la misma, porque su contenido es noble; con ello, se busca modificar la Ley Federal del Trabajo.

Dijo que se dispone que aquellas mujeres y hombres que presten sus servicios en tiendas de consumo, servicios distintos, mercados o cualquier otra actividad similar puedan disponer de un descanso y puedan tener sillas con respaldo para poder ejercer su función durante su jornada laboral.  

Comentó que la finalidad es que al patrón le quede prohibido tener en esas condiciones a miles o millones de trabajadoras o trabajadores y que con el tiempo las enfermedades se le acumulen; es decir, problemas de salud graves en la circulación, en las varices y en otras enfermedades que con los años se generan.

Recordó que la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Senadores a propuesta de Patricia Mercado Castro (MC), pero en la Cámara de Diputados no fue aprobada y, por lo tanto, desechada.

La iniciativa, aseguró, tiene disposiciones de justicia para un sector que merece nuestra atención, no genera problemas ni recursos fiscales ni financieros o económicos, sino a los dueños de autoservicios, establecimientos mercantiles o similares disponer horas de descanso, espacios de descanso y sillas con respaldo para la espalda; es un propósito noble.

Diputadas y diputados solicitan adherirse a la iniciativa

Enseguida y desde sus curules, diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios solicitaron adherirse a la iniciativa del diputado Ricardo Monreal:  

Patricia Mercado Castro (MC), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), Raúl Bolaños-Cacho Cué, a nombre del PVEM, la coordinadora del PAN, diputada Noemí Berenice Luna Ayala,  el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, y su grupo parlamentario, así como Rocío Adriana Abreu Artiñano (Morena).

A su vez, el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, comentó que desde la Mesa se celebra que prácticamente, o más bien, todos los integrantes de esta Asamblea se estén adhiriendo y estén mostrando simpatía por esta iniciativa que busca mejorar las condiciones de quienes trabajan, sobre todo en espacios o comercios y que puedan tener un descanso.

Diputadas y diputados emiten posturas

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, externaron comentarios sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia del derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral.

Es en beneficio de las y los trabajadores mexicanos

De Morena, el diputado Pedro Miguel Haces Barba destacó que hoy, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios, esta iniciativa que presenta el coordinador Ricardo Monreal, que es en beneficio de las y los trabajadores mexicanos, “se ve ya como una realidad; se aplaude aprobar la Ley Silla”.

Resaltó la importancia de brindar una silla a las y los trabajadores porque permitirá eliminar muchas enfermedades que pudieran llegar a tener por estar de pie tanto tiempo, y agradeció el respaldo que se les da “porque son seres humanos que merecen el respeto y reconocimiento de todas y todos”.

La iniciativa dejó fuera a los trabajadores del gobierno

La diputada Kenia López Rabadán (PAN) aclaró que Acción Nacional desde el Senado de la República ha votado en pro de la “Ley Silla”, en virtud de que tiene como objetivo proveer el número suficiente de asientos con respaldo a todos los trabajadores en los sectores de servicios, comercio y centros de servicio análogo.

Recalcó que este esfuerzo solo será para la iniciativa privada y dejó fuera a los trabajadores del gobierno, por lo que demandó que se haga un esfuerzo para que esta propuesta sea para todos los empleados de cualquier sector. “Que estos beneficios incluyan también a los compañeros del gobierno. Por eso decimos sí a la Ley Silla, sí a los derechos humanos, si a que los trabajadores de México tengan mejores condiciones de vida”.

Se deben tener condiciones dignas para trabajadores

Gabriela Benavides Cobos, diputada del PVEM, celebró la presentación de esta iniciativa y dijo que hay un derecho de los trabajadores de poder contar con condiciones dignas en su zona laboral. “Manifestar nuestro apoyo a esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y continuar con esta dinámica desde el sexenio pasado para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores”.

Señaló que esta reforma garantiza a las y los trabajadores que laboran de pie durante toda su jornada, mejorar su salud y vida con esta reforma conocida como la “Ley Silla”. “Se oye sencillo pero cuántas veces hemos visto a mujeres y hombres parados; vendedoras, vigilantes, despachadores, encargados de tiendas cuyas situaciones son inhumanas e injustas y les puede causar grandes problemas de salud”.

La reforma mejora las condiciones laborales

Por el PT, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja se pronunció a favor de esta reforma, ya que si bien es un pequeño cambio generará una gran transformación en la vida cotidiana de millones de personas al mejorar sus condiciones laborales.

Enfatizó que este cambio es propio del humanismo mexicano que postula la cuarta transformación, en el cual se piensa más en el día a día de las personas, se caracteriza por la empatía; es decir, “ponernos en sus zapatos para saber que un día en la vida de cualquier persona que hoy labora en alguna tienda, empieza desde su traslado y no tiene donde sentarse durante su jornada”.

Es de un alto sentido humano y responsabilidad

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) aseguró que la iniciativa tiene un alto sentido humano y de responsabilidad con quienes ejercen estas actividades laborales. Destacó el esfuerzo de evitar la dispensa de trámites de esta reforma en favor de los trabajadores de este gran país.

Subrayó el beneficio para los trabajadores, especialmente para quienes el momento de descanso es difícil debido a las actividades que realizan como parte de su trabajo, en especial cuando se trata de atender a los clientes, lo cual puede generar enfermedades como la fascitis plantar o el nervio ciático.

Se resuelve un tema de seguridad pública

La diputada Patricia Mercado Castro (MC) se congratuló por la prioridad que se le da a la iniciativa porque con ella se resuelve un tema de seguridad pública. Mencionó que en el Senado de la República ya se cumplió con los procesos y acuerdos de esta propuesta que nos hace más nobles, al otorgarles el derecho de sentarse a las y los trabajadores que tienen largas jornadas laborales.

Recordó que cuando se presentó esta iniciativa el lema era algo simple y humano como el tener una silla con respaldo para sentarse durante la jornada laboral.  Agregó que quienes pasan muchas horas de pie están propensos a desarrollar enfermedades como la fascitis plantar, dolor en la planta del pie. Tan sólo, añadió, el Seguro Social recibe al año 30 mil personas con dicho padecimiento.

Posturas a favor

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) destacó la importancia de la voluntad política para sacar este tipo de iniciativas que mejoran las condiciones laborales de las y los trabajadores. “Los obstáculos que se presenten se sortearán con la voluntad de la clase empresarial, de las y los trabajadores y, por supuesto, las instancias gubernamentales pondrán todo su empeño para que esto se convierta en un derecho”.

Adrián González Naveda, diputado del PT, se manifestó a favor de estas adecuaciones normativas, toda vez que se cubren vacíos en los derechos laborales. No obstante, apuntó que falta mucho por hacer como la jornada laboral de 40 horas. Resaltó la importancia que todas las fuerzas políticas trabajen a favor de la ciudadanía.

La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) afirmó que con la llamada “Ley Silla” se va a dignificar la vida de millones de empleados de este país que trabajan en tiendas departamentales, en centros comerciales, empleadas y empleados del hogar y “muchos más trabajadores que ahora tendrán una jornada más digna con su silla como lo marca esta ley”.

Por el PAN, el diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente aplaudió la reforma, ya que, además de ser en pro de los trabajadores, desde el punto de vista de los empresarios ayudará a contar con un mejor ambiente y mercado laboral, y a evitar tener tanta rotación de personal dentro de los negocios.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) comentó que se está implementando un tema que no solo es reivindicar los derechos de los trabajadores sino de salud y para contribuir al desarrollo y mejor utilidad que pueda dar una o un trabajador. “Estamos comprometidos a seguir legislando y viendo en favor de los derechos de las y los trabajadores; por ello, seguiremos implementando y presentando diversas iniciativas sobre estos temas”.

• Con las modificaciones a la Carta Magna se faculta a esta institución para investigar delitos, en el ámbito de su competencia

CDMX. - La Comisión Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política, para establecer que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), formará parte de la Fuerza Armada permanente (Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada) y tendrá la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.

Las modificaciones a la Carta Magna se avalaron en lo general con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 17 en contra y cero abstenciones. El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.

 En proyecto de decreto, avalado en reunión semipresencial de la Comisión presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), reforma los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, y deriva de una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero y considera diversas iniciativas de diputadas y diputados.

Determina que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

Indica que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Añade que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, y que corresponde a la secretaría del ramo de Seguridad Pública formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, políticas y acciones respectivos.

Precisa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Por otra parte, se estipula que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

Mientras que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.

En cuanto a las facultades del Ejecutivo, estipula que éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.

Señala que para ser presidente de la República o diputado se requiere no estar en servicio activo en el Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Guardia Nacional. Para el caso de presidente, seis meses antes del día de la elección, y para el de diputado, 90 días.

Establece que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Además, en tiempo de paz ninguno de los elementos de las Fuerzas Armadas permanentes puede alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.

 Garantiza, además, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.

Hace notar que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”.    

Indica que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, cuyos integrantes se regirán por su propia ley.

En los artículos transitorios se menciona que el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca a dicha Guardia Nacional; la nueva patente o nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el interesado en su grado, conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea, adicionando su nueva especialidad. Deben respetarse en todo momento los derechos que posea el interesado en la Fuerza Armada de su origen.

La persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.

En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un General de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.

El Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la secretaría del ramo Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos. El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la secretaría del ramo de Seguridad Pública.

Conforme se queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta Policía Federal, la secretaría del ramo de Seguridad Pública, debe transferir los recursos presupuestales a la Sedena.

Por su parte, el personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional permanecerá integrado a ésta, conforme a la reclasificación señalada en el Transitorio Tercero del presente Decreto.

• El dictamen fue aprobado en lo particular por 254 votos a favor, 204 en contra y cero abstenciones

CDMX. - La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, y lo remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

En lo particular, fue ratificado por 254 votos a favor, 204 en contra y cero abstenciones y, en términos de dictamen, luego de desahogar las reservas promovidas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PRD y sin partido.

Para lo particular, se reservó la denominación del proyecto de decreto, proemio, metodología, antecedentes, contenido y objeto de la minuta, consideraciones y texto normativo del dictamen, a los artículos 129, 148 y único transitorio, así como a la leyenda “Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de abril de 2024”.

Con lo remitido al Ejecutivo, se adiciona un último párrafo al artículo 148 un para delimitar los efectos de la suspensión, al establecer que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.

En el artículo 129 se eliminó el último párrafo que dice “el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.

El documento precisa que en 2011 tuvo lugar la reforma constitucional de derechos humanos, misma que creó una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas. Es así, que el juicio de amparo encontró la posibilidad de ampliar su universo de protección, siendo clara una mayor y mejor seguridad para con los derechos humanos.

La misma amplió la visión de que el juicio de amparo únicamente protege los derechos estrictamente individuales y exclusivos, ya que actualmente puede utilizarse para proteger derechos con una naturaleza más compleja.

Además, destaca que el juicio de amparo no debe ser utilizado como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro.

Conforme al principio de relatividad de las sentencias de amparo, el resultado de las sentencias solo tendrá efectos para la persona o personas que promovieran el juicio y en relación con los actos reclamados en él en consecuencia. Aquellos individuos que no participan como quejosos en la demanda de amparo no serán protegidos por la decisión del órgano jurisdiccional con relación a la inconstitucionalidad.

En ese orden de ideas, las suspensiones provisionales o definitivas, entendidas como un estudio previo en el que se considera la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, solo deben tener efectos para la parte quejosa, es decir la persona que acude a la instancia del amparo. Esta no debe tener efectos generales. El juicio de amparo parte de la contradicción entre las partes y la norma que se le aplica, que únicamente afecta de manera jurídica a las personas que llegan a esta instancia.

• El dictamen recibió 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones
• Se procedió a la discusión, en lo particular, de los artículos reservados

CIUDAD DE MÉXICO. - Por 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones secundarias para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Su propósito es recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados; será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las Subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto.

Estipula que en caso de que la o el trabajador cumpla 70 años sin que éste o sus beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos de la Subcuenta de Vivienda, el INFONAVIT deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable para los trabajadores en activo.

Para el caso de las y los trabajadores del Estado, el PENSIONISSSTE o las administradoras, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir dichos recursos, al momento en que los trabajadores cumplan 75 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el ISSSTE.

El documento reforma y adiciona las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y del decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, informó que para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a la denominación de la Legislatura, proemio, metodología y a la denominación del proyecto de decreto del dictamen; al artículo 302 de la Ley del Seguro Social, y a los artículos 37, 39 y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Asimismo, a los artículos 192, 251 y Cuadragésimo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al 18 y 81 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al 19 Quáter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al artículo primero y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.  

También, fueron reservados los artículos 7 y 10 del decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y se abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023, así como los artículos transitorios Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Primero, y la leyenda “Palacio legislativo de San Lázaro a 18 de abril del 2024”.  

Fondo de Pensiones para el Bienestar es solidario

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), indicó que el documento, aprobado por mayoría en la instancia legislativa el pasado 18 de abril, reforma diversos ordenamientos para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y su objetivo es que los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por el sistema de cuentas individuales que administran las Afores puedan jubilarse con el cien por ciento de su salario promedio de cotización, hasta un monto máximo del salario mensual promedio registrado en el IMSS.

Indicó que se reconoce que los trabajadores y trabajadoras derechohabientes del IMSS que ingresaron a laborar en 1997, con posterioridad a la reforma que creó el sistema de cuentas individuales, así como los trabajadores al Servicio del Estado que están en el régimen de cuentas individuales, se han visto afectados al momento de su jubilación, toda vez que este sistema cuando mucho les cubre el 45 por ciento de su salario, lo que provoca un empobrecimiento en una etapa de la vida en la que se tienen muchas necesidades como consecuencia de la vejez.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, dijo, se concibe como un fondo solidario y complementario al monto de la pensión que ofrecen las Afores y se propone que se constituya como un fideicomiso público, cuyo fiduciario sea el Banco de México.

Las fuentes de ingresos que se considera para la creación del Fondo de Pensiones son diversas, destacando, entre ellas, el 75 por ciento de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la recuperación de adeudos que entidades tienen con las instituciones federales de seguridad social con las que han signado convenios para el otorgamiento de diversas prestaciones, los recursos de las subcuentas inactivas de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez gestionadas por las Afores y que desde 2020 se legisló que debían ser enteradas al IMSS e ISSSTE, así como los rendimientos de las inversiones realizadas.

Cisneros Luján destacó que, con relación a los recursos de las cuentas inactivas, se garantiza que ya no haya incumplimiento de las Afores para su entrega a las instituciones de seguridad social, como hasta hoy ha sucedido, y se garantiza la imprescriptibilidad del derecho de las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados.

Relató que el dictamen establece con precisión, tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en la Ley del ISSSTE, que no serán aplicables al Fondo de Pensiones los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuentan con una relación laboral activa.

Dijo que se plantean adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para fortalecer el derecho de información de las y los trabajadores respecto al nivel de ahorro que deberá reflejarse en los estados de cuenta que emitan las Afores, así como respecto de los recursos que sean transferidos al Fondo de Pensiones.

Aclaró que el decreto no reforma el sistema de cuenta individuales que manejan las Afores, pero sí busca beneficiar a quienes tienen sus ahorros en dichas cuentas, complementando el monto raquítico de las pensiones que estas ofrecen.

“Hay que seguir avanzando en la justicia social para aquellos trabajadores que, a pesar de cumplir con los requisitos para jubilarse, no lo hacen porque de un mes a otro sus ingresos se ven drásticamente disminuidos con la consecuente pérdida de su calidad de vida. El eje central del Fondo es su carácter solidario y complementario a las raquíticas pensiones que hoy ofrecen las afores”, subrayó.

Se está aprobando un fondo complementario a las Afores

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) destacó que hoy es un día importante porque se está aprobando un fondo complementario a las Afores, dado que estas actualmente “te condenan, después de 30 años de trabajo, a tener una pensión miserable del 40 por ciento”.  

Consideró que las y los trabajadores merecen vivir dignamente para que el último tramo de su vida sea con autonomía y tengan una pensión digna. La Afore, afirmó, quedará en el porcentaje establecido y el complemento vendrá del Fondo de Pensiones.

Falso, que se establezca una pensión equivalente al último sueldo

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell dijo que es falso que la reforma busca que la pensión sea equivalente al último salario promedio de cotización. “Es una mentira, es otra iniciativa que no quieren que pase, porque si Morena hubiera querido establecer la pensión al último sueldo no hubieran mandado la iniciativa a una reforma constitucional; la hubiera mandado a la legislación secundaria”.

•    Se conmemora el 19 de octubre, fecha que se ha convertido en faro de concientización y acción a nivel global
•    Representa un grave problema de salud pública, es una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas

CDMX. - La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Marcela Guerra Castillo, emitió un pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre.

Al dar lectura al mensaje, la vicepresidenta, diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI), señaló que esta fecha se ha convertido en un faro de concientización y acción a nivel global y su objetivo principal es aumentar la conciencia sobre esta enfermedad, fomentar la detección temprana, el acceso a tratamientos efectivos y la promoción de hábitos saludables.

En México, dijo, al igual que en muchas otras naciones, el cáncer de mama representa un grave problema de salud pública; es una de las principales causas de muerte entre las mujeres. Las estadísticas son preocupantes, pero detrás de cada número hay una vida, una familia y una comunidad que se ve afectada por este padecimiento que no reconoce género, edad o condición social.

Consideró que “es nuestro deber, como representantes del pueblo mexicano, trabajar para cambiar esa realidad; la atención a esta enfermedad debe ser prioritaria en nuestras agendas legislativas en materia de salud”.

Sostuvo que el cáncer de mama no es una sentencia definitiva, “recordemos: el apoyo adecuado, la detección temprana y el acceso a tratamientos eficaces pueden vencerlo. La unidad de todas las fuerzas políticas hoy es un llamado para hacerlo una realidad”.         

Precisó que la detección temprana, a través de mamografías y la promoción de la autoexploración, son herramientas clave en la lucha contra el cáncer de mama. Además, es esencial garantizar el acceso a tratamientos de calidad y apoyar la investigación médica para avanzar en la prevención de esta enfermedad.

La legisladora refirió que el Día Internacional se estableció el 19 de octubre de 1985 gracias a la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Internacional contra el Cáncer y de otras organizaciones de renombre, y en ocasión de su conmemoración “queremos transmitirles un mensaje de esperanza a todas las mujeres que enfrentan o han enfrentado esta batalla, así también como a sus familias”.

Convocó a hacer juntos un esfuerzo para prevenir esta enfermedad, en donde el cáncer sea atendido oportunamente con acciones para las mujeres de México.

•    Luisa María Alcalde Luján evade preguntas y defiende estrategia errática del Gobierno Federal

Ciudad de México. - Como parte de la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján ante la Cámara de Diputados, el diputado federal Mario Riestra Piña cuestionó a la funcionaria por temas de migración, la presencia del crimen organizado en elecciones y la negativa de funcionarios a comparecer ante esta soberanía.

“En materia migratoria, el país vive una profunda crisis, su antecesor, Adán Augusto López, dijo que él no era responsable de lo sucedido Ciudad Juárez puesto que la materia migratoria había sido transferida a la Secretaría de Relaciones Exteriores por un acuerdo del Ejecutivo.

“Usted sabe que ningún acuerdo puede estar por encima de la ley, y si bien ha mencionado que hay una comisión interinstitucional mi pregunta, es si ya recuperó su secretaria las facultades en materia de migración o seguimos en un régimen de ilegalidad que parece más bien un juego de elución de responsabilidades”, cuestionó el panista.

Sobre el tema de desapariciones, el legislador, representante del Distrito 12 en Puebla, pidió a Alcalde Luján especificará las acciones emprendidas por su dependencia para que el Registro Nacional de Desapariciones cumpla con el protocolo homologado de búsqueda.

En cuanto al involucramiento del crimen organizado en la vida pública del país, Riestra Piña pidió a la titular de la Segob que informara en qué regiones tienen detectado un mayor riesgo de intromisión en los procesos electorales, así como las acciones que llevan a cabo para impedirlo.

El legislador también pidió a Alcalde Luján su opinión de que, ante las evasivas de varios funcionarios de acudir a comparecer ante la Cámara de Diputado, sea promovida una reforma para que este acto sea considerado una falta administrativa grave.

Sin embargo, Alcalde Luján evadió responder la mayoría de las interrogantes planteadas por el panista, y únicamente se enfocó en el tema migratorio.

Sobre éste, mencionó que la migración “no es un asunto de me toca, no me toca”, sino que es un tema de Estado en el que, sostuvo, se coordinan diferentes dependencias.

Además, defendió la estrategia oficial de atender las causas, pero nada respondió sobre la negativa de otros miembros del Gabinete federal de negarse a informar sobre su gestión ante los diputados.

Como tampoco lo hizo sobre el grave riesgo de la intromisión del narcotráfico en los comicios del próximo año.

• El proyecto legislativo nació de una demanda legitima de las madres víctimas de violencia vicaria en nuestro país, la cual es la penúltima de las violencias de género antes del feminicidio; el agresor busca dañar a la mujer a través de sus hijas e hijos.

Ciudad de México. - La Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada federal de Morena, Julieta Vences Valencia aprobó por unanimidad el dictamen para reconocer en el Marco Jurídico a la Violencia Vicaria como una modalidad de violencia de género y como una manifestación de violencia más en contra de las mujeres.

En conferencia de prensa la legisladora poblana informó que esta ley es un primer paso fundamental, ya que reconoce en primer lugar a las mujeres como víctimas de Violencia Vicaria y que los gobiernos deberán formular políticas públicas de prevención y atención para este tipo de violencia y se fija que Ministerios Públicos, jueces y toda autoridad que tenga conocimiento de un caso de Violencia Vicaria, deberán de realizar todos los actos necesarios, para salvaguardar la integridad, física y psicológica de las mujeres, sus hijas e hijos de manera inmediata.

Asimismo, agregó que el dictamen abre la posibilidad de que el Ministerio Público o un juez dicte las medidas de protección en favor de las víctimas

“Con este tipo de instrumentos normativos se garantiza el acceso de la justicia para aquellas personas que sufren este tipo de violencia”, indicó.

Aseveró que con este proyecto legislativo se manda un mensaje claro: “Las diputadas de todos los grupos parlamentarios estamos a favor de las víctimas, estamos a favor de las mujeres que durante años han sufrido muchos y diversos tipos de violencia”, señaló.

“Nunca más queremos una mujer violentada, nunca más queremos una mujer silenciada y seguiremos trabajando para tirar el patriarcado”, advirtió  

Puntualizó que el dictamen en materia de Violencia Vicaria, está compuesto por diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios.

“Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados”, resaltó.

Vences Valencia, detalló que el proyecto legislativo nació de una demanda legitima de las madres víctimas de violencia Vicaria en nuestro país, la cual es la penúltima de las violencias de género antes del feminicidio, porque lo que busca el agresor es dañar a la mujer a través de sus hijas e hijos

Esta reforma, indicó, es el resultado de un proceso largo de análisis, de estudio y de reflexión en el que se llevaron a cabo mesas de trabajo, foros de parlamento abierto, diferentes conversatorios con los especialistas, con las víctimas, con juzgadores y que es gracias al trabajo en conjunto que este dictamen a la Ley Vicaria es una realidad.

La redacción propuesta por la Comisión de Igualdad de Género, explicó, establece que se define y reconoce en el marco jurídico a la violencia Vicaria como una modalidad de violencia de género y en contra de las mujeres.

En este dictamen, detalló, se define a la violencia vicaria como la acción u omisión cometida en contra de una mujer por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento al separarla de sus hijas o hijos y causar desapego en el vínculo materno filial, utilizando la violencia.

Puntualizó que se incurre en violencia vicaria quien sustraiga, retenga, oculte, maltrate, amenace, ponga en peligro la integridad y salud, violente física, económica, psicológica o sexualmente a las hijas e hijos de las mujeres.

“Así como a quien interponga procedimientos judiciales falsos o conductas procesales y dilatorias para impedir la convivencia o guarda y custodia, con el propósito de dominar, someter, manipular, controlar o agredir de manera física o verbal, psicológica patrimonial, económica, sexual a las mujeres e incluso provocar el suicidio, feminicidio u homicidio de las madres de sus hijas e hijos”, abundó.

•    En sesión presencial, participan Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD
•    Diputados de los siete grupos parlamentarios fijan postura sobre dictamen en materia energética
•    En sesión presencial, participan Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD

CDMX. - Diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD fijaron sus posicionamientos en torno al dictamen que reforma los artículos 4º, 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, durante la sesión presencial de este domingo.

La energía dejaría de ser mercancía para convertirse en servicio público

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, consideró que el dictamen representa un cambio de gran relevancia para el país por tratarse de una propuesta seria, responsable y patriótica, por la cual la nación y el pueblo de México recuperarían la soberanía sobre este importante sector. “Con esta reforma, la energía eléctrica dejaría de ser una simple mercancía para convertirse en un servicio público para las y los mexicanos”.  

Mencionó que para construir esta iniciativa se realizó un proceso de diálogo abierto de cara a la sociedad, se utilizaron argumentos históricos, datos técnicos y estudios sólidos. Además, dijo, se añadieron las propuestas de la oposición. “Este es un asunto de calidad moral; sean dignos representantes de sus estados y rompamos esta polarización”.  

No al hiperempoderamiento de la CFE

Por el PAN, su coordinador, el diputado Jorge Romero Herrera, aclaró que es falso que estén en contra de la soberanía energética del país; no obstante, enfatizó que no están de acuerdo que exista el hiperempoderamiento de la Comisión Federal de Electricidad, ya que consideran que es necesaria la concurrencia del sector público y el privado. Agregó que no protegen intereses de empresas trasnacionales.

Resaltó que están a favor de la rectoría del Estado en el sector eléctrico y que por ello proponen la creación de una Comisión Nacional de Redes Eléctricas. Añadió que no pueden apoyar una reforma que retrocede cincuenta años en términos medioambientales y apuntó que si la intención es establecer tarifas bajas para quienes realmente los necesiten, se debe impulsar un programa social para promover la colocación de paneles solares en las viviendas del país.

No vamos a permitir que consuman un acto de traición a la patria

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador del PRI, señaló que “no vamos a permitir que consuman un acto de traición a la patria que es lo que quieren hacer ustedes, y ese consiste en atentar contra las instituciones y atropellar el texto constitucional, todo con el afán de instaurar un modelo de producción y de gestión de electricidad que mete reversa a todo lo que se ha construido en este país”.  

Resaltó que con la reforma se incrementarían más del 27 por ciento las tarifas. Sostuvo que se atenta contra el Estado de derecho y la certidumbre jurídica, abriría la puerta a litigios, pago de indemnizaciones e, incluso, al arbitraje de órganos internacionales”. Se quiere cancelar contratos, va en contra de acuerdos comerciales y se aleja de la transición energética.

Rectificar error que “cometimos en 2013”

El diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del PVEM, expresó que en 2013 las y los legisladores del Partido Verde aprobaron la reforma energética, “porque buscaba bajar los precios de la electricidad, queríamos que las energías renovables y limpias nos permitieran bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero hoy, casi 9 años después, debemos reconocer que eso no se logró, que fracasamos y nos equivocamos al concederle a la Secretaría de Energía la confianza de Legislativo. Es necesario rectificar ese error que cometimos en 2013”.

La propuesta que hoy se discute es la más estudiada, comentada y difundida de los tiempos recientes. Añadió que es prioridad la Transición Energética para cuidar el medio ambiente y el uso de energías limpias y renovables en la generación de electricidad.

Abonará a la soberanía nacional en materia eléctrica

El diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, señaló que la reforma abre el 46 por ciento del mercado nacional a los privados, el cual es de seis billones 300 mil millones de pesos, por lo que es falso que se espante la inversión privada. Además, resaltó que estas modificaciones abonarán a la soberanía nacional en materia eléctrica.

Añadió que su grupo parlamentario votará a favor, porque con ello se sirve a la patria con dignidad, principios, honor, toda vez que esta propuesta fue analizada con amplitud a través de los parlamentos abiertos, a fin de fortalecerla; además, se aceptaron nueve de los 12 puntos señalados por la oposición.

Esta reforma daña a México

El coordinador de MC, diputado Jorge Álvarez Máynez, resaltó que en su grupo parlamentario “vamos a votar en contra de esta reforma porque daña a México”. Afirmó que no hubo especialista, académico, activista, ambientalista, que dejara lugar a dudas: “esta reforma incrementaría los precios de la electricidad, volvería más lenta la transición energética de nuestro país, violaría los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente el Acuerdo de Paris y arriesgaría la salud de la población”.    

Comentó que se ha dicho que esta reforma busca garantizar la soberanía y desterrar la corrupción, “pero la verdadera soberanía de este país son sus recursos naturales” y “apostar por la ineficiencia también es corrupción”.  

El dictamen no garantiza precios bajos en energías

El coordinador del PRD, diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, externó que su grupo parlamentario votará en contra del dictamen porque no se escuchó a quienes participaron en los diversos foros de parlamento abierto para construir esta iniciativa; por lo tanto, dijo, no se garantizan precios bajos de la luz, ni la generación de energías limpias para las y los mexicanos.

Comentó que la coalición PAN, PRI y PRD presentará una propuesta en la materia que garantice precios accesibles a través de la generación de energías sostenibles que conduzca a una transición energética, que fortalezca la regulación del Estado en el sector eléctrico y asegure que el litio sea propiedad del Gobierno y no de empresas privadas.