Londres.- Una investigación periodística internacional ha revelado que una firma británica con sede en Londres estaría reclutando cientos de mercenarios colombianos para combatir en la guerra civil de Sudán junto a las controvertidas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar acusado de graves crímenes de guerra en la región de Darfur.

La investigación, publicada por The Guardian y replicada por otros medios, identifica a la empresa Zeuz Global como el eje de una red de reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en el conflicto sudanés. La compañía, registrada inicialmente con otro nombre en la capital británica, ha sido vinculada a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en estos envíos de combatientes al país africano. 

Red de reclutamiento y sanciones

De acuerdo con los reportes, Álvaro Andrés Quijano Becerra y Mateo Andrés Duque Botero figuran como dirigentes de Zeuz Global, que operó desde direcciones discretas en Londres antes y después de ser incluida recientemente en una lista de sanciones estadounidenses. Ambas figuras, de origen colombiano y vinculadas a la firma, habrían organizado el reclutamiento, entrenamiento y envío de combatientes hacia el teatro de guerra sudanés. 

La magnitud exacta del reclutamiento aún es objeto de investigación, pero estimaciones preliminares indican que cientos de exmilitares colombianos han pasado por este esquema, muchos de ellos con experiencia en conflictos extranjeros. La investigación también apunta a un papel tecnológico, particularmente en el entrenamiento en el uso de drones, que habría sido clave para las operaciones de las RSF en batallas como la de El Fasher, en Darfur —una ofensiva que ha dejado miles de muertos y múltiples denuncias de violaciones graves de derechos humanos. 

Implicaciones geopolíticas y legales

El caso ha generado alarma en varios sectores de la comunidad internacional. El uso de mercenarios extranjeros en conflictos armados está ampliamente regulado por leyes internacionales, y la presencia de compañías privadas que explotan lagunas legales en distintos países —incluido el Reino Unido— ha sido duramente criticada por expertos en seguridad y derechos humanos.

Organizaciones internacionales han señalado que las RSF están implicadas en graves abusos en Sudán, incluidos asesinatos masivos, violencia sexual y desplazamientos forzados, lo que convierte cualquier apoyo militar externo en un factor agravante de la crisis humanitaria.

Reacciones y debates

Aunque los gobiernos directamente involucrados aún no han emitido declaraciones formales sobre las implicaciones legales de estas actividades, la investigación ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los países que albergan empresas que facilitan el reclutamiento de mercenarios y sobre la necesidad de mecanismos más estrictos de control corporativo y de sanciones internacionales para frenar la exportación de violencia a través de intermediarios privados. 

Este caso pone de manifiesto cómo los conflictos contemporáneos han evolucionado más allá de los ejércitos regulares, incorporando actores no estatales y redes transnacionales que desafían los marcos jurídicos existentes y amplían los riesgos de prolongación y intensificación de conflictos como el de Sudán. 

África.- La violencia en Sudán ha alcanzado niveles alarmantes en octubre de 2025, con reportes de masacres masivas, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria que se agrava día a día. El conflicto, que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ha escalado hasta convertirse en uno de los más sangrientos del planeta, especialmente en la región de Darfur del Norte.

En la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, las RSF han tomado el control y, según imágenes satelitales y reportes de la ONU y la Unión Europea, se han perpetrado ejecuciones masivas de más de 2,000 civiles. Las imágenes muestran terrenos calcinados y cuerpos abandonados cerca de vehículos militares, evidenciando la magnitud de las atrocidades.

La situación se ha agravado por el colapso institucional y la falta de respeto al alto el fuego. En Sudán del Sur, la transición política también se tambalea: se reportan detenciones arbitrarias, bombardeos en zonas civiles y violaciones sistemáticas al acuerdo de paz. Investigadores de la ONU advierten que el país podría recaer en una guerra a gran escala si no se toman medidas urgentes.

Mientras tanto, la comunidad internacional ha centrado su atención en otros conflictos como Gaza y Ucrania, dejando a Sudán en una situación de invisibilidad mediática. Sin embargo, organizaciones humanitarias alertan que esta guerra representa una de las catástrofes más graves del mundo, con miles de muertos, millones de desplazados y una infraestructura devastada.

La población civil, atrapada entre dos fuerzas armadas en pugna, enfrenta escasez de alimentos, agua potable y atención médica. Los campamentos de desplazados están desbordados y las rutas de ayuda humanitaria bloqueadas por los combates.
Sudán necesita con urgencia una respuesta internacional coordinada que detenga la violencia, proteja a los civiles y reactive los esfuerzos diplomáticos para una solución política sostenible.