El 31 de diciembre pasado, se publicó en horario vespertino en el Diario Oficial de la federación, el decreto constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa, mientras la gran mayoría de los mexicanos nos preparábamos para despedir el 2024 y recibir el 2025, el oficialismo daba cabal cumplimiento a uno más de los caprichos del expresidente AMLO que forma parte del denominado plan C dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales anunciadas el 5 de febrero de 2024.

La iniciativa señala que se debe ampliar la prisión preventiva automática para enfrentar los problemas de criminalidad del país, especialmente respecto de aquellos delitos que han crecido exponencialmente como la extorsión, el narcomenudeo, y los relacionados con la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento, y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados. Manifiesta su preocupación por los delitos de defraudación fiscal, contrabando, compra de comprobantes fiscales, incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, e igualmente los incluye en la lista de prisión oficiosa.  

A pesar de que el estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de derechos Humanos para eliminar el arraigo y reformar su legislación interna respecto de la prisión preventiva, al considerarlas como categorías inconvencionales al resolver los casos Tzompaxtle Tepile y García Rodriguez contra el Estado mexicano, ordenándole que debería modificar su orden interno para ajustarlo a la Convención Americana de los Derechos Humanos; la iniciativa presidencial fue omisa al no exponer ninguna argumentación ni citar dichos casos.

Lo anterior nos llevaría a considerar que la iniciativa presidencial tácitamente considera que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y su interpretación por organismos como la COIDH, no pueden estar en contra de disposiciones expresas de la Constitución, si esta establece normas contrarias a lo que hayan resuelto instancias supranacionales.

El propio ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Záldivar, declaró el dos de agosto de 2022 que: “La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y…no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico” aunque actualmente la opinión de Záldivar es totalmente opuesta ya que apoya abierta y públicamente por intereses políticos, lo que antes cuestionó cuando portaba la toga de Ministro.

Cabe señalar que con la aprobación de la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplía por tercera ocasión el catálogo de delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa.

Pero ahora además ahora el juez debe ordenar dicha prisión en forma automática, ya que la reforma establece en su parte final: “Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorio sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”

Lo anterior implica, que los jueces, están obligados por la reforma, a dictar la prisión preventiva oficiosa, sin poder llevar a cabo ningún tipo de interpretación para modificar dicha situación que viola la presunción de inocencia del inculpado.

La aprobación de la reforma en sus términos como lo afirma el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la obra: “Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024) publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unión, página 193 párrafo tercero: “Lo anterior plantea un grave problema, ya que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por México, en su artículo 27 indica que los estados parte de esa Convención, no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, y los artículos 1o, y 2º. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen como deberes de los Estados la de respetar los derechos reconocidos en el instrumento interamericano y el de adoptar disposiciones de derecho interno, para que los ordenamientos nacionales sean compatibles con la Convención.
Si los estados incumplen con los deberes de la Convención y con las decisiones de la Corte Interamericana e invocan para justificar el incumplimiento su derecho interno, son susceptibles de responsabilidad internacional.

Aun y cuando el movimiento de la 4T y el oficialismo han declarado que la ampliación del catálogo de delitos que se establecen en el artículo 19 constitucional, buscan frenar los índices de criminalidad en el país y terminar con la impunidad de los delincuentes que los cometen, la realidad demuestra lo contrario, ya que de acuerdo a cifras del INEGI, en 2023 había en el país 86,984 personas encarceladas en el país en espera de que se les dicte una sentencia, que representa el 37.3% de la población del sistema penitenciario y de esta cifra, las mujeres sin sentencia representaban el 46.9% de las que se encuentran en prisión.

Ante dicha situación, es previsible que se incrementen el número de personas en prisión preventiva oficiosa sólo por habérseles integrado una carpeta de investigación por alguno de los delitos del amplio catálogo que establece la reforma y que los verdaderos jefes de los carteles y de la delincuencia organizada en el país, continúen libres y las fiscalías del país se sigan corrompiendo, para que solo  quien pueda pagar por evitar llegar ante un juez de control se salve de estar en prisión esperando una sentencia con un poder judicial en pleno proceso de elección, con una carga de trabajo que sobrepasa a su personal y con un recorte presupuestal que cada año hace más difícil cumplan con su función.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Propuesta de AMLO ante embajadores de América y El Caribe

Puebla, Pue. - En reunión con Embajadores y representantes Diplomáticos de diversos países de América Latina y El Caribe, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso públicamente en un discurso, la desaparición de la Organización de Estados Americanos y, en su lugar, el surgimiento de una comunidad de países latinoamericanos y de El caribe, parecida a la Unión Europea.

El Constitucionalista poblano y Notario Público Miguel Ángel Tejeda Ortega, entrevistado sobre el tema, señaló a este medio digital que dicha propuesta daría lugar a muchos problemas tanto de carácter económico como del desconocimiento de los derechos humanos en diversas regiones de América Latina y  El Caribe.

Como jurista comentó que la OEA fue aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, a comienzos del año 1948, y lo fundamental de este organismo internacional es promover, mediante la acción cooperativa, el desarrollo económico, social y cultural de los estados miembros y ayudar a erradicar la pobreza extrema en el hemisferio.

En consecuencia del nacimiento de esta organización surge la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, de 1948, que actualmente está en vigor y que fue ratificada por el Estado Mexicano y forma parte de la estructura jurídica constitucional de México, según lo prevé el artículo 1° Constitucional.

Tejeda Ortega mencionó además que dos son los organismos que protegen la declaración americana, como son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con residencia en Washington D.C; y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con residencia en San José de Costa Rica.

La Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, desde los años 70´5 del siglo pasado, han vigilado el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los estados miembros de la región, y las sentencias que ha emitido esta Corte Internacional, actualmente son vinculantes para el estado mexicano y como ejemplo se tiene el caso “Rosendo Radilla Pacheco”, en donde se obligó al estado mexicano a cumplir con los criterios emanados de esa Corte Internacional, y que el fuero militar no se puede aplicar en beneficio de los castrenses, cuando esté de por medio un ciudadano civil o particular y se hayan violentado derechos humanos.

Agregó Tejeda Ortega  que son varias las convenciones que se han dado dentro de la Organización de Estados Americanos, para proteger los derechos humanos de las personas, como son:

La Convención “Belén Do Para” para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; la Convención para Proteger a los Niños y Niñas en América Latina, en base al interés superior del menor; la Convención para la Protección de los Discapacitados; la Convención para la Protección de los Adultos Mayores, entre otros acuerdos internacionales, que México tiene la obligación de aplicar a través de sus tribunales tanto del fuero común como federal.

Por todo lo anterior, la desaparición de la OEA como lo propone AMLO, traería una grave crisis de los Derechos Humanos en México y en la región latinoamericana y de El caribe.

Si bien es cierto que los Estados Unidos de Norteamérica influyen en demasía en esta organización internacional, no es motivo para desaparecerla y pretender crear una nueva organización que ni se conocen sus cimientos jurídicos (no tiene ni pies ni cabeza la propuesta).

Finalmente, López Obrador expresó en su discurso que los países latinoamericanos siempre han sido unos lacayos de la Unión Americana, lo que se debe  evitar renovando a fondo este organismo internacional, que por supuesto debe incluir a la isla de Cuba, que fue expulsada en forma ilegal en los años 60´s del siglo pasado.

La UDLAP a través del Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX)2 dio a conocer la situación en general del país en materia de impunidad y en cada una de las entidades federativas. Puebla obtuvo resultados negativos en asuntos como:

· La debilidad de su sistema de justicia.

· Tasa más baja en el país en lo que hace al número de jueces o magistrados respecto a la población, ya que se cuenta con apenas de 1.5 jueces o magistrados por cada 100 mil habitantes.

· Homicidios que no se castigan, como resultado de problemas estructurales en las instancias de seguridad y justicia, ya que no se cuenta con agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes.

· Grado de impunidad de 5.21, el cuarto peor en el país.

· Deterioro de la infraestructura y capacidad humana de los ministerios públicos estatales frente al aumento de los delitos y al incremento poblacional.

· Déficit de policías estatales profesionales, ya que la tasa de policías estatales por cada mil habitantes, en Puebla es de apenas 1.32, la tercera más baja del país.

A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el Informe Especial de 2019 sobre los Linchamientos en el territorio nacional3; la realidad que presenta el Informe respecto al tema de linchamientos muestra que, de los 174 casos revisados de 2018, el 76% (132) ocurrieron en 5 estados: Puebla (48 de los casos), el Estado de México (40), Tabasco (22), la Ciudad de México (13) e Hidalgo (9), teniendo como resultado 246 víctimas.

De los referidos 132 casos, 34 culminaron con la muerte de la víctima, es decir, fueron consumados y 119 quedaron en tentativa. Entre las víctimas de linchamiento 232 fueron hombres y 14 mujeres. En el caso de Puebla, el mayor número de linchamientos se da en la ciudad de Tehuacán con 31 casos, en la ciudad de Puebla con 28, San Martín Texmelucan con 15; sólo en estos 3 municipios se concentran el mayor número de linchamientos del estado; del mismo modo, existen 16 colonias focalizadas en 11 municipios que presentan incidencia de linchamientos.

Ahora bien, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, respecto al tema de Derechos Humanos se establece:

• En el Eje 1 de Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho, dentro de las líneas acción, fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos.

• En el Eje 4 de la Disminución de las Desigualdades, de igual forma en las líneas de acción, impulsar esquemas de sensibilización respecto a los derechos humanos y sociales de los pueblos indígenas.

• En el apartado denominado Enfoques Transversales, en las líneas de acción, se promueve el ejercicio de los derechos humanos...

Ante el panorama que se vierte en Puebla, donde la procuración e impartición de justicia reporta números rojos y la convicción de los gobernados en hacerse justicia por sus propias manos, de hecho el mismo José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) reconoce que existe en la entidad una crisis en derechos humanos por el tema de los linchamientos, ante este pronunciamiento hace que cobre con mayor importancia el contar con un entorno propicio para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, lamentablemente se puede afirmar que las condiciones actuales no permitirán que el buen gobierno y los derechos humanos se refuercen mutuamente y para ejemplo un botón, la señalada CDH poblana es el organismo autónomo más castigado en el presupuesto entre las comisiones estatales de derechos humanos de todo el país, pues para su nueva administración sólo contará con el 1.5 por ciento de participación en el presupuesto.

Evidentemente, el análisis anterior, busca contribuir a salvar la distancia entre el entorno, las normas y los principios de derechos humanos y su aplicación por medio de intervenciones en materia de gobernanza, sobre todo porque la realidad marca el hondo trecho que persiste, pues respecto al organismo encargado de pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos, tan sólo en 2018 se registraron 3 mil 20 hechos presuntamente violatorios; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos estatal, apenas aceptó el 18% de solicitudes de queja, siendo el rechazado 82%. Valdría la pena conocer la opinión de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y de los demás diputados, que sin duda alguna tienen mejores ocupaciones, que preocuparse por esta crítica situación que viven los ciudadanos.

Para finalizar, siguiendo las directrices que marca el Plan Estatal de Desarrollo actual, será interesante saber ¿cómo pueden incorporarse de manera provechosa los principios de derechos humanos al entorno poblano?; ¿en qué tipo de políticas públicas se traducirán estos principios? Una vez que el estado haya adoptado marcos jurídicos apropiados, ¿cómo pueden, tanto ellos como otros agentes sociales, mejorar la aplicación de los derechos humanos y el buen gobierno?, ¿cuál es la estrategia para que las autoridades estatales y municipales, en el ejercicio de sus funciones, respeten los derechos de los ciudadanos? A quien le toca hacer la tarea?

(Primera Parte)

Se dice que una persona está desaparecida, cuando basados en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

De lo anterior, podemos citar dos formas comunes de desapariciones de personas: las involuntarias y las forzadas; dentro de las primeras, tenemos aquellas en las cuales se tiene como motivo de la desaparición, la comisión de crímenes comunes como secuestro, homicidio, etc. o porque las personas desaparecidas se convierten en víctimas de algún accidente, desastre o conflicto, del cual los familiares o conocidos no tienen conocimiento.

En segundo término, se encuentran las desapariciones forzadas; que son aquellas en las que existe participación de autoridades del Estado. Al respecto, el artículo 2° de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra Desapariciones Forzadas, señala que “se entiende por desaparición forzada, el arresto, la detención o el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

La desaparición de personas, desafía y cuestiona las capacidades y recursos de las autoridades gubernamentales para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que impide la consolidación de una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos.

De lo anterior, México presenta un grave problema de desaparición de personas a causa, principalmente, de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social en el país, así como de la ausencia de coordinación interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de la búsqueda y localización de personas.

Si bien es cierto, que en los últimos dos años el Estado mexicano ha emprendido diversas acciones legislativas para hacer frente al flagelo de la desaparición de personas, así como para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, también lo es que no existe una adecuada aplicación y materialización de las leyes que para tal efecto se han promulgado, entre ellas: la Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Muestra de lo anterior son los siguientes datos duros: para el año 2016, el total de personas desaparecidas en México fue de 29,485. A nivel federal, la PGR señaló la desaparición de más de mil personas. El estado con mayor número de personas desaparecidas fue Tamaulipas. En cuanto al sexo de los desaparecidos, son los hombres quienes poseen el mayor porcentaje con un 74.5%, mientras que las mujeres tiene un 25.5%. Dentro de los rangos de edad más comunes, el grupo de 15 a 19 años es el que presenta un mayor número de personas cuyo paradero no ha sido localizado, lo que es un dato alarmante. Por su parte en el fuero federal, los estados que presentan mayor porcentaje de víctimas de desaparición forzada son: Guerrero, Veracruz y Tamaulipas; en su mayoría son hombres con edades entre 20 y 24 años. Otro dato no menor: por desgracia el 26.5% de las personas desaparecidas no son encontradas.

Sin embargo, en julio de 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, señaló que existían 31 mil 053 casos de personas desaparecidas dentro del fuero común y mil 093 del fuero federal, que daba un total de 32 mil 146 casos. Por su parte, las instituciones de procuración de justicia informaron de 24 mil 928 víctimas. En contraste, la CNDH indicó en su informe especial que para 2017, existían 57 mil 861 personas reportadas como desaparecidas en los últimos 20 años.

Como podemos observar la disparidad de datos entregados está directamente relacionada con la falta de atención que las instituciones gubernamentales tienen a la hora de tratar el tema, así como de impartir justicia a las víctimas y sus familias.

Ante tal evidencia, es innegable que México se enfrenta a una crisis de que presenta cifras de personas víctimas de desaparición forzada, que se igualan a las de Siria y Egipto”, lugares que se encuentran en medio de conflictos bélicos. Lo anterior, ilustra la vulneración a los derechos humanos a la que los ciudadanos hemos sido sometidos por un Estado, que en principio debería buscar protegernos y asegurar nuestro desarrollo integral. De la misma manera, las víctimas de este delito son en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes, las mismas personas que deberían contribuir al crecimiento de nuestro país y no formar parte de una cifra vergonzosa y en aumento.

*Aspirante a la Presidencia de la CDHE.

Artículo | Algo Más Que Palabras

“¡Cuántas vidas destruidas!”

    No podemos seguir ahogando esperanzas, truncando ilusiones, ignorando los derechos humanos, aplastando aspiraciones armónicas, haciendo de la existencia una selva de privilegios para unos pocos, cuestión que alimenta la desesperación y conduce al extremismo. Tanto la violencia como el abuso de poder nos están triturando el corazón humano. Ya está bien de fragmentarnos, de injertarnos terror en vena, de activar los pensamientos perversos en nuestras propias familias. ¡Cuántas vidas destruidas! Los poderosos de la tierra, deberían hacer enmienda a sus deseos, y en todo caso, impulsar otras poéticas más humanas, empezando por un crecimiento económico que incluya a todos los sectores de la sociedad y sea sostenible. Se nos olvida que para combatir todas estas desilusiones necesitamos otra conciencia y otras actitudes menos egoístas, al menos para poder rediseñar otro sistema financiero mundial más equitativo. Nadie puede estar por debajo de nadie en ningún indicador de desarrollo sostenible.  Para desgracia de la humanidad no estamos ofreciendo ejemplaridad desde las instituciones, tampoco un crecimiento inclusivo. En consecuencia, la ciudadanía permanece desorientada, confundida y desencantada.

    Hay que volver a repensar nuevos sistemas de actuación. Quizás debamos sepultar cuanto antes viejos e inhumanos contextos injustos, como puede ser la falta de acceso a la educación o la pobreza que son factores que llevan a la radicalización, pero la gota que colma el vaso tal vez sea ceder al desaliento ante nuestras propias miserias humanas, pues lo importante es poner en activo la fuerza de la razón humana, ante un panorama mundial realmente sombrío. Son muchas las personas que los propios programas políticos marginan. Por tanto, pasemos de los buenos propósitos a las contundentes acciones. Salgamos de este feroz desorden. Pongamos el anhelo en la reconstrucción de un mundo verdaderamente civilizado, no desfallezcamos en el intento, y hagámoslo habitable para todos. Que cada cual logre realizarse a su modo y manera, siempre que respete a su semejante. Lo de vivir y dejar vivir puede ser buena receta para poder experimentar esa paz y ese consuelo que todos nos merecemos y ansiamos. Porque alimentar la desesperación de la gente, es una tremenda crueldad que más pronto que tarde nos pasará factura a todos, lo trascendente será encontrar un antídoto para este vacío existencial de veras deshumanizante.

    Confieso que me aburre esta atmósfera  tan vergonzosa como provocativa. Pongamos remedio. Bravo por esas Organizaciones que representan a más de siete mil universidades en los seis continentes, dispuestos a declarar colectivamente una emergencia climática en reconocimiento de la necesidad de una transformación social drástica para elevar el papel de la educación ambiental y también la sostenibilidad a través de programas de estudio y de divulgación en campus y comunidades, lo que exige movilizar más recursos para la investigación del cambio climático orientada a la acción y a la creación de habilidades, así como a comprometernos para trabajar unidos, al menos para nutrir el planeta de un nuevo aire más vivificante para todos. Desde luego, la expectativa es que más de diez mil instituciones de educación superior se incorporen al movimiento este año. Confiemos en que los gobiernos de todo el mundo inviten a apoyar la iniciativa con incentivos para el cumplimiento de los compromisos. Sin duda, a pesar de lo angustioso del momento, son estas reacciones las que nos reaniman con nuevas fuerzas, aparte del consuelo que nos transmiten, como señal de que seguimos vivos. Pongámonos todos entonces en la idea de despojarse de toda desesperación, pues tendremos el futuro que construyamos como humanidad. No nos dejemos degradar como seres pensantes ni contribuyamos tampoco a la degradación ambiental.

    Alentemos la confianza en nosotros mismos, demos seguridad y oportunidades a la gente desde las instituciones, dejémonos de retóricas y vayamos a lo que en verdad nos preocupa y ocupa, respetando el recto orden de los valores, que no son otros que activar un horizonte en concordia, restando maniobra a los conflictos  y a otras formas de violencia organizada que continua provocando el desplazamiento afligido de mucha gente.  Ojalá cada día seamos más los que compartamos el sueño de unos moradores alegres, embellecidos por un mundo en paz, porque el ser humano se ha vuelto familia entre las familias, con una casa común (el planeta Tierra), tan respetada como abierta a toda vida.

Víctor Corcoba Herrero / Escritor
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Columna | P U L S O    P O L I T I C O

              Dirigentes de diversas organizaciones sociales anunciaron ayer en conferencia de prensa, que propondrán ante el Congreso del Estado, al licenciado y académico Luis Armando Soriano, para presidir la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.

               Consideran que su propuesta es la más idónea, toda vez que Soriano Peregrina, ha sido un profesional, catedrático de la BUAP, y permanente luchador por dignificar los derechos humanos en la entidad.

               Tiene un amplio conocimiento en la materia, pero además ha mantenido una decidida y activa formación en derechos humanos, a varias generaciones de abogados.

                Fue perseguido político durante el gobierno estatal del 2010-2016 y ha luchado al lado de quienes sufrieron represión por diversas causas en ese mismo periodo.

                Su propuesta, dicen, cubre todos los requisitos estipulados en la convocatoria que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, lanzó hace poco.

                  El informe que el licenciado Guillermo Pacheco Pulido, gobernador interino del Estado,  rendirá el próximo día 15 de este mes, será austero, nada rimbombante. Estarán los diputados de la actual legislatura, desde luego, miembros del Poder Judicial y autoridades municipales, pero los invitados especiales serán solo los representantes de los sectores sociales de la entidad.

                No se invitó a gobernadores de otras entidades federativas, ni a altos funcionaros federales. Desde luego que se ha invitado senadores y diputados federales de Puebla, pero nada más.

                Otra característica, es que será muy breve, menos de una hora.

                 Se concretará a informar del desarrollo del proceso electoral que se realizó durante su administración y de las 26 obras programadas de las que serán entregadas 19 ya terminadas antes del primero de agosto y quedarán pendientes siete, que cuentan con los estudios requeridos y el presupuesto correspondiente para su terminación.

                 Muchos partidarios sinceros de la Cuarta Transformación, están preocupados. Nos comentaron que ven como son desprestigiadas las acciones del presidente López Obrador en programas televisivos y radiofónicos y hasta en la prensa escrita, por supuestos expertos, especialistas, técnicos en diversas materias y solo son defendidas por el propio López Obrador, en sus conferencias de prensa mañaneras.

                 El partido Morena, que arrolló en las urnas con una votación histórica de más de 30 millones de votos, no tiene y parece que ni le interesa, tener la fuerza política necesaria para defender las acciones del Presidente.

                  En Puebla no se ha movido un solo dedo, para organizar al Movimiento de Regeneración Nacional, como un verdadero partido, con la estructura adecuada, para informar al pueblo la importancia y trascendencia de los cambios que se han hecho y que se seguirán haciendo.

                  Morena está conformado por personas de diferente formación e ideología política: hay priístas, panistas, perredistas y de otras agrupaciones políticas y su nuevo partido, no tiene siguiera una línea de ideología común.

                  Tal parece que han dejado solo al presidente,  para tomar las decisiones adecuadas, lo cual es bueno, pero no para defender esas decisiones que aunque suene como exageración, han salvado a México del hundimiento total.

                   Otro gobierno neoliberal, hubiera acabado con el país: la industria petrolera, quebrada por el saqueo sistemático de que fue objeto durante décadas; lo mismo ocurre con la Comisión Federal de Electricidad; la agricultura abandonada, sin siquiera producir los alimentos que requerimos para el consumo de nuestra gente; obras extravagantes, como el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, con presupuesto de miles de millones de pesos, para servir a una pequeña fracción de mexicanos; millones de connacionales en la pobreza y más de 20 millones en la pobreza extrema.

                Con una violencia desatada en todo el país y con la sensación de inseguridad entre todos los mexicanos.

                  Se optó por el cambio pacífico y no por la lucha armada, y si no fuera por ese cambio en la política nacional, el combate a la corrupción, a la impunidad, una nueva estrategia para frenar el crimen y dar seguridad a todos los mexicanos, la guerra civil estaría en puerta.

                 Pero si el partido del presidente no se decide a ser un real y efectivo apoyo de sus políticas y solo lo puede hacer con estructura, con organización, con la preparación de cuadros en la nueva política nacional, lo que viene será la lucha armada que nadie en su sano juicio quisiera.

Dos prohibiciones expuestas afectan el libre desarrollo de personas

Puebla, Pue.- Diputados del Partido Morena, en dos Congresos locales han presentado iniciativas de ley que claramente son violatorias de derechos humanos.

El Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega comentó al respecto que en el Congreso de la Ciudad de México, un diputado de Morena presentó iniciativa de ley para evitar que se venda en establecimientos comerciales cervezas refrigeradas, ya que con esta medida, según este diputado, disminuirá el consumo de cerveza sobre todo en menores de edad.

En consecuencia, la cerveza en establecimientos se comercializará al tiempo (en la misma temperatura ambiental).

De igual manera comentó Tejeda Ortega, que en el Congreso del Estado de Tabasco, una diputada presentó iniciativa de ley para prohibir el baile del reggaeton, tanto en escuelas públicas o privadas, como en recintos oficiales o teatros públicos, considerando que dicho baile tiene motivos de carácter sexual que afectan la moral y las buenas costumbres de los tabasqueños.

Tejeda Ortega explicó que estas dos iniciativas violentan el artículo 1° Constitucional y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que se vulnera el libre desarrollo de las personas, y en lugar de beneficiar estas prohibiciones, se convertirán en actos ocultos en su práctica de los particulares.

Columna | Desde el portal

 Además de ser un modelo copiado de otros países, la Guardia Nacional de México tendrá la supervisión de organismos internacionales, lo cual es muy importante y es consecuencia de las demandas de diversos sectores de la sociedad, pero es muy lamentable también que ni en la formación de una policía se tenga confianza en el Gobierno.

 Se carece de originalidad, de sentido común y de imaginación para constituir un cuerpo de seguridad propia; tampoco hay confianza en los mandos: el Gobierno Federal impondrá mando militar pese a que el Senado acordó que fuera un civil. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que no importa el mando, sino la constitución y operatividad de la corporación.

 Como quiera que sea, la ONU supervisará el funcionamiento de la Guardia Nacional, de la misma manera que dará asistencia técnica y asesoría a la Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzipana que el Estado no ha podido esclarecer por deficiencias, omisión, impunidad o incapacidad.

 México, como en el pasado, requiere de la supervisión, asesoría y vigilancia de organismos internacionales porque no hay confianza en las autoridades que acusan grave irresponsabilidad, incapacidad o falta de imaginación para cumplir con sus funciones. Estamos lejos todavía de ser un país independiente y soberano; dependemos de las recomendaciones y vigilancia del exterior, con el entusiasmo y beneplácito de nuestros orgullosos diplomáticos.

TURBULENCIAS

Auditables, finanzas estatales: Colmenares

 Desde 2015, con las reformas que se hicieron para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación ya puede auditar el destino de las participaciones y si partimos de la base de que la dependencia va del 90 por ciento hacia arriba, habiendo entidades federativas como Tabasco, Oaxaca, como Chiapas, que dependen fundamentalmente casi en más de 95 por ciento de los ingresos de participaciones en impuestos federales, vemos que es auditable la mayor parte de sus presupuestos. Quizá la única excepción notable sea la Ciudad de México, que recauda más de la mitad de sus ingresos totales, dijo en San Lázaro el titular de la ASF, David Colmenares Páramo...El senador Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, informó que se reunió ayer en un desayuno con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; el consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer; y a quien nombraron como enlace el Pleno de la Corte, y que a su vez es consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada en un intercambio de opiniones sobre varias iniciativas, no solamente sobre una –la Sala Anticorrupción que contempla la inclusión de 5 ministros más-, sino que hay desde octubre, varias iniciativas pendientes de dictaminarse en el Senado de la República; “fue una reunión amable, una reunión de entendimiento, de aproximaciones y una reunión entre integrantes de poderes autónomos: el Ejecutivo, representado con Julio Scherer;  el Poder Judicial, representado por su presidente;  el Consejo de la Judicatura, que a su vez funge como enlace con el Poder Legislativo, y un servidor.; se tomaron varias decisiones, varios acuerdos principales que, en las iniciativas que estamos planteando, incluyendo las últimas que han generado reacciones importantes; es el que les demos oportunidad de opinar como poder independiente y continuará el diálogo con otros sectores y habrá mesas de trabajo antes de subirlas al pleno, indicó….

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La teoría de los derechos colectivos no es nueva, el reconocimiento o no, de la existencia de derechos colectivos en favor de determinados grupos o colectividades siempre ha sido objeto de una disputa jurídico-política que invariablemente ha causado un verdadero conflicto social para las democracias.

Sin embargo, la nueva realidad constitucional e internacional, en materia de derechos humanos, obliga a los estados a privilegiar el conjunto de derechos colectivos, indispensables para la existencia, bienestar y desarrollo integral de cualquier minoría social.

Esta obligación se hace aún más fuerte tratándose de los grupos indígenas, quienes forman parte importante y trascendental de nuestros orígenes como nación, de nuestra historia, de la variedad cultural.

Ante la realidad jurídica- y social que impera en el ambiente no solo nacional, sino internacional, el caso de la Termo Eléctrica de Huexca, nos descubre una evidente violación, por parte del ejecutivo, al principio de derecho que establece que nunca un interés particular puede estar por encima de los intereses de una sociedad.

Lo anterior, en virtud de la oposición permanente de habitantes de 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala, quienes se resisten a dicho proyecto, manifestando que el gasoducto pone en riesgo su sobrevivencia, puesto que el mismo, atraviesa la zona sísmica y de riesgo de erupción del volcán Popocatépetl, considerado uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo.

Pero a pesar de la señalada oposición y del inminente riesgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha empecinado con llevar a cabo tal proyecto, del cual, los más beneficiados son dos empresas españolas Elecnor y Abengoa, quienes obtuvieron los contratos para la realización de la obra, obtención por cierto señalada por el corrupto procedimiento de licitación.

Ante tales señalamientos, el gobierno federal ha tratado de normar y legitimar el proyecto por cualquier medio y primeramente acuso de radicales de izquierda a sus opositores, tildándolos de conservadores, asegurando que eran gente pagada por empresas transnacionales a cuyos directivos no convenía la termoeléctrica.

Pero, al no lograr amedrentar a los conservadores, conservadores de sus vidas y patrimonios, la segunda opción estratégica, es hacer uso del instrumento que se está convirtiendo en el favorito del presidente para convalidar y legitimar sus deseos, una consulta popular a celebrarse este sábado 23 y domingo 24 de febrero, donde solo los habitantes de los municipios afectados podrán expresarse en favor o en contra de la termoeléctrica.

Situación totalmente vergonzosa e ilegal, porque de la misma forma que la del aeropuerto de la ciudad de México, se está utilizando un instrumento democrático ciudadano, mañosamente y fuera de toda legalidad para legitimar actos contra la ciudadanía, porque si el resultado de la misma, casualmente convalida la construcción de la termoeléctrica y más adelante por el riesgo del volcán se suscita alguna tragedia, solo el pueblo será responsable de ello y los que se llenaron los bolsillos, se lavaran las manos como popularmente se expresa.

Lamentablemente esta situación solo viene a confirmar que el López Obrador de tres campañas solo existió en la retórica gubernamental del momento y que la idea de anteponer los intereses del pueblo, a quien por cierto juro nunca iba a traicionar, solo era un eslogan de campaña, donde aquella frase que él mismo expreso cuando en 2014 visitó lo que en ese momento denominó un proyecto de muerte, eran solo eso, palabras que ahora el viento se llevó: “ Solo un loco se le ocurriría construir una termoeléctrica en la tierra de Zapata, es como si se construyera un basurero en Jerusalén”, vaya forma de cambiar a nuestro país!

El Gobierno del Estado mantiene firme el compromiso de velar por el respeto a sus derechos humanos en todo momento y brindar apoyo humanitario, médico y jurídico a los integrantes de la Caravana de Migrantes.

En ese marco, coordinados por el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, el miércoles 13 de febrero se habilitaron dos albergues en la Ciudad de Puebla (Guadalupe y Asunción), donde fueron atendidos 234 migrantes centroamericanos.

Del total de los migrantes atendidos 135 son hombres, 46 mujeres, 38 niños y 15 niñas, la mayoría hondureños (71%) y el resto de El Salvador (21%), Guatemala (5.6%) y Nicaragua (1%).

Elementos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y de la Secretaría de Salud brindaron 24 atenciones médicas y 7 atenciones dentales.