El próximo dos de junio, un día después de la celebración de la jornada mediante la cual se habrá llevado a cabo la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que comprenden los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos para magistrados de circuito, 386 cargos para jueces de distrito, se habrá consumado lo que para muchos juristas y analistas políticos, se ha denominado como el fin de la república tal y como la conocemos desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2017.

Los argumentos que sostienen esta idea se basan esencialmente, en el hecho de que a partir de la elección y de que se den a conocer los resultados definitivos del proceso, el 15 de junio en que el INE publicará y avalará los números finales y quienes ocuparán los diversos cargos a partir de agosto de este año, el poder judicial pasará a formar parte del poder ejecutivo que ya controla el poder legislativo: es decir se pone fin al principio de la independencia judicial  y ahora los funcionarios judiciales, dejarán de ser impartidores de justicia, para convertirse en empleados del grupo político o partido que impulsó su candidatura y le ayudó a legar al cargo.

La ficción de que será el pueblo, quien con su voto en las urnas elegirá a los próximos funcionarios judiciales, sólo es parte de una simulación y engaño, para justificar la llegada de los nuevos Ministros, magistrados y jueces, que llegan con el estigma de que los ciudadanos les dieron su voto y los eligieron, sin haber sido influenciados o vendido su voto para favorecerlos.

La elección judicial, se presenta en un momento crucial para el futuro de nuestro país, ya que serán las generaciones de mexicanos que hoy están naciendo y de quienes en unos cinco años llegarán a la mayoría de edad, quienes padecerán las consecuencias de esta decisión del gobierno en turno, que pone a las instituciones al borde como lo señala el jurista Diego Valadez, de una anarquia, ya que el control absoluto de los poderes quedará concentrado en el poder ejecutivo y no existirán más contrapesos en contra de las decisiones del presidente o presidenta en turno, porque los otros dos poderes estarán bajo su control.

Para millones de mexicanas y mexicanos, a quienes se ha vendido a idea, de que ahora ellos decidirán mediante su voto, quienes serán sus Ministros, Magistrados y Jueces, no les queda claro, en que se verán beneficiados o de que forma en su momento podrán exigir cuentas o esperar un trabajo profesional de quienes llegarán a los puestos en su gran mayoría sin experiencia, ni una formación adecuada para desempeñar los cargos en forma eficiente.

Si bien es cierto, el poder judicial en su conformación actual, presenta deficiencias y vicios que deberían ser erradicados, no podemos medir a todos con la misma vara o generalizar de que todos son corruptos o corruptas.

Realmente, ninguno de los tres poderes reconocidos en nuestra Constitución, es perfecto ya que cada uno de ellos, ha incurrido en excesos, vicios, arbitrariedades, delitos, etcétera y aún así, los más de 130 millones de mexicanos seguimos soportando su actuar en detrimento de nuestra democracia.

Lo que se espera, con la elección judicial del uno de junio, es que el remedio sea peor que la enfermedad y que los viejos vicios y prácticas corruptas, lejos de erradicarse, se acentúen con funcionarios a los que no sólo es faltarán conocimientos y experiencia, sino que por los recortes a su salario y la duración que tendrán en los cargos, estarán más preocupados por enriquecerse antes de que los despidan, que atender eficientemente los juicios y procedimientos sometidos a su conocimiento.

Realmente, los nuevos funcionarios judiciales, desde hoy tienen claro, que no deben su puesto al pueblo, ya que muchos de ellos ni siquiera hicieron campaña para conseguir los votos y que si llegaron a ser elegidos, se lo deben al grupo político o partido del oficialismo que los impulsó y desde el INE logró salieran electos; de ahí que en su actuar saben que más les conviene resolver de acuerdo a las instrucciones del oficialismo los asuntos, que a favor de los ciudadanos, porque corren el riesgo de ser removidos y hasta que se les integre una carpeta de investigación por el Consejo de Disciplina Judicial y terminar en prisión, por resolver en contra de los intereses del estado.

A nivel internacional, México es la burla de otros países, que ven como una amenaza esta elección, por la desconfianza que origina para los inversionistas extranjeros, no contar con un poder judicial independiente e imparcial, poniendo en grave riesgo el estado de derecho y la democracia del país.

Si la elección judicial, es a largo plazo un error del oficialismo y de los partidos que aprobaron la reforma, desafortunadamente los costos y consecuencias de ello, las pagaremos todos los mexicanos en el corto plazo.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.