- Impulsa propuesta para consolidar políticas públicas en favor de las juventudes

Con el objetivo de incorporar el enfoque territorial en la planeación educativa, para reconocer la diversidad regional de Puebla como un factor central para el diseño de políticas públicas eficaces, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 17 Bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla.
 
Con esta propuesta se busca consolidar un modelo educativo más sensible a las realidades locales, más justo en la distribución de oportunidades y más coherente con los objetivos de desarrollo integral del Estado, fortaleciendo el ejercicio efectivo del derecho a la educación y el bienestar de las comunidades poblanas. 

“La planeación educativa del Estado deberá incorporar un enfoque territorial, considerando de manera diferenciada las características sociales, culturales, económicas, geográficas y demográficas de las diversas regiones del Estado.

Dicho enfoque tendrá por objeto orientar la definición de prioridades, estrategias y acciones en materia educativa, a fin de favorecer la equidad, la pertinencia educativa y la justicia regional, en congruencia con los instrumentos de planeación del desarrollo estatal y regional”, indica el artículo propuesto.

IMPULSA PROPUESTA PARA CONSOLIDAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS JUVENTUDES 

El diputado Pavel Gaspar también presentó una iniciativa de reforma a los artículos 54 y 56 de la Ley de Juventud para el Estado de Puebla, a fin de establecer que la política estatal dirigida a este grupo será un componente transversal del desarrollo social e institucional del Estado y contará con una estrategia integral y permanente. 

La propuesta contempla que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y de los municipios deberán incluir desde su acción especializada, programas y acciones dirigidas a la juventud en el ámbito de sus respectivas atribuciones y mediante los mecanismos de coordinación institucional existentes.

Madrid. — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que el Ejecutivo planea prohibir el acceso a redes sociales a todas las personas menores de 16 años como parte de un paquete de medidas para regular el entorno digital y proteger a la infancia y juventud de riesgos asociados al uso de estas plataformas. El anuncio se realizó durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. 

Detalles de la medida

* La iniciativa busca impedir que menores de 16 años puedan acceder o registrarse en redes sociales, obligando a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad efectivos que vayan más allá de simples declaraciones y barreras reales para garantizar el cumplimiento. 
* La medida forma parte de un paquete legal más amplio que también contempla sanciones para plataformas que no retiren contenidos ilegales o de odio, y la responsabilidad penal de los directivos en caso de incumplimiento. 
* El Gobierno español pretende aprobar esta propuesta la próxima semana en el Consejo de Ministros como parte de la iniciativa legislativa para proteger a menores en entornos digitales. 

Objetivos y justificación

Sánchez ha defendido la prohibición argumentando que las redes sociales son espacios que han evolucionado hacia contenidos potencialmente dañinos para menores —incluyendo adicción, abuso, violencia, pornografía y manipulación informativa— y que no deberían navegar en ellos sin protección legal reforzada. 

Según el presidente, la normativa es necesaria para crear un entorno digital más seguro y saludable, reduciendo la exposición de los menores a riesgos que, en su opinión, las plataformas no han conseguido atajar por sí mismas. 

Estado legislativo y debates

- Actualmente existe un proyecto de ley sobre protección de menores en entornos digitales en tramitación en el Congreso que planteaba restricciones similares, pero con condiciones distintas sobre el consentimiento parental; la nueva propuesta de Sánchez elimina excepciones para menores de 14 a 16 años, endureciendo aún más la regulación. 
- El anuncio ha generado debate político interno y deberá negociarse en el Parlamento para su aprobación definitiva, ya que el Gobierno no cuenta con mayoría propia para legislar, y diversos grupos han expresado posiciones contrarias o condiciones para respaldar la iniciativa.

Contexto internacional

España se suma así a una tendencia global de países que buscan limitar el acceso de menores a redes sociales y reforzar la protección de datos y seguridad infantil en línea; por ejemplo, Australia ya implementó desde finales de 2025 una prohibición similar para menores de 16 años. 

Quito. — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización indígena más representativa del país, expresó su rechazo frontal al proyecto de ley sobre minería y energía presentado por el presidente Daniel Noboa, advirtiendo que la iniciativa pone en riesgo derechos colectivos, territorios ancestrales y fuentes de agua fundamentales para las comunidades indígenas y campesinas. 

Motivos del rechazo

La Conaie emitió un comunicado en el que cuestiona varios aspectos centrales del proyecto legislativo, que fue enviado a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia en materia económica (lo que acelera su trámite parlamentario): 

- Debilitamiento del control ambiental: La propuesta contempla sustituir licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, lo que —según la organización— «reduce la consulta a un trámite formal» y dificulta la prevención de daños ambientales irreversibles. 
- Amenaza a la consulta previa y el consentimiento: La Conaie ha subrayado que el proyecto no garantiza mecanismos exigibles de consulta previa, libre e informada, derecho constitucionalmente protegido y recogido en estándares internacionales. 
- Riesgo para el agua y ecosistemas estratégicos: Señalan que flexibilizar normas sobre el uso del agua y otros recursos compromete ecosistemas clave como páramos, bosques y ríos, que son pilares de la soberanía hídrica y alimentaria de las comunidades. 
- Modelo extractivo y conflictividad social: Para la Conaie, la ley refuerza un modelo de dependencia extractiva que ha profundizado desigualdades, criminalización de la defensa territorial y conflictos sociales en los territorios indígenas.

Llamado a la unidad y al Parlamento

La Confédération hizo un llamado a la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, e instó a los asambleístas —especialmente a los de la bancada de Pachakutik, su brazo político— a rechazar el proyecto de ley y promover un debate amplio, transparente y participativo que ponga en el centro la vida, los territorios y los derechos colectivos. 

Respuesta del Gobierno

El gobierno ecuatoriano ha defendido que la reforma busca fortalecer sectores estratégicos como minería y energía, atraer inversión, generar empleo y combatir la minería ilegal, argumentando que es necesario modernizar el marco legal para sostener la economía del país. 

Contexto de tensiones sociales

Este rechazo se enmarca en un contexto más amplio de conflictos sociales en Ecuador vinculados a políticas extractivas, protestas indígenas y demandas por mayores garantías de derechos territoriales y ambientales. Grupos indígenas de varias regiones han manifestado históricamente su oposición a reformas que consideran amenazan la protección de la naturaleza y la autodeterminación comunitaria ante proyectos mineros y extractivos. 

La Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez aprobó el proyecto de acuerdo para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, en materia de medio ambiente.

El proyecto de acuerdo, formulado con la iniciativa de la diputada María Fernanda de la Barreda Angón, tiene como propósito inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente, así como el cuidado y procuración del bienestar de los animales.

Para este objetivo, se propone adicionar la fracción XI al artículo 49 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

AVALAN ACUERDO PARA FORTALECER SEGURIDAD EN CAIC Y CENDI

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, para que, en coordinación con los 217 Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, supervisen y verifiquen que los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) sean entornos seguros, afectivos y libres de violencia.

Con esta propuesta legislativa, presentada por el diputado Elpidio Díaz Escobar, se pretende garantizar el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social de las niñas y niños.

Durante el análisis del proyecto de acuerdo, las y los diputados de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez avalaron la propuesta reformatoria de la diputada Esther Martínez Romano para incluir en el exhorto a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados María Fernanda de la Barreda Angón, Jaime Natale Uranga, Julio Miguel Huerta Gómez, Esther Martínez Romano y Nayeli Salvatori Bojalil.

Washington. — El presidente Donald Trump anunció este jueves que ha ordenado la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales, tras una conversación telefónica con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez. La decisión marca un cambio significativo en la política estadounidense hacia Venezuela tras meses de tensiones y restricciones. 

Trump explicó en una reunión de gabinete en la Casa Blanca que instruyó a funcionarios del Departamento de Transporte y al Pentágono para que reactiven el espacio aéreo comercial sobre Venezuela “a más tardar al final del día”, con el objetivo de que ciudadanos estadounidenses puedan viajar al país “muy pronto” y con seguridad. 

La medida revierte la suspensión de vuelos que se había prolongado desde 2019 y fue reforzada a finales de 2025 por advertencias de seguridad aérea tras el derrocamiento y captura del expresidente Nicolás Maduro en una intervención militar liderada por Estados Unidos. 

American Airlines ha anunciado que está preparando la reanudación de sus rutas a Venezuela, lo que podría significar el retorno de conexiones directas entre Estados Unidos y el país sudamericano después de más de seis años de interrupciones. 

Analistas señalan que esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio de Washington por normalizar relaciones diplomáticas y comerciales con el nuevo gobierno de Caracas, en un momento en que también se flexibilizan sanciones y se exploran oportunidades de cooperación energética. 

- Venezuela "abre la puerta" a inversión privada en petróleo 

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una reforma profunda de la Ley Orgánica de Hidrocarburos con el objetivo de abrir el sector petrolero a la inversión privada y extranjera. La medida, promovida por la presidenta interina Delcy Rodríguez, representa un giro histórico en la política energética del país. 

La reforma elimina barreras que hasta ahora mantuvieron prácticamente el monopolio estatal sobre la exploración, extracción y comercialización de petróleo, permitiendo que empresas privadas gestionen operaciones y negocien directamente contratos de producción. Además, incluye mecanismos para atraer capital externo, mayor certeza jurídica para los inversores y una reducción de impuestos y barreras fiscales. 

Este cambio legal coincide con la flexibilización de algunas sanciones estadounidenses al sector petrolero venezolano, autoriza a compañías de Estados Unidos y otras potencias a participar en actividades energéticas y se espera que forme parte de un plan de reconstrucción de la industria petrolera, que una vez fue la más grande de América Latina. 

Las autoridades venezolanas consideran esta reforma clave para revitalizar una economía debilitada por décadas de mala gestión, corrupción y sanciones internacionales, mientras Washington ha presionado para que el país abra su mercado energético a la competencia privada. 

Sin embargo, críticos de la reforma advierten que la falta de estabilidad política y jurídica podría limitar la confianza de los inversores, y que aún existen interrogantes sobre cómo se implementarán las nuevas reglas en la práctica.

- En Comisión del Congreso, aprueban reformas a la Ley de Hacienda

 La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso aprobó el proyecto de dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, con el objetivo de actualizar el marco jurídico fiscal y, con ello, dar certeza jurídica a las y los contribuyentes.

Como parte de las modificaciones, se precisan los requisitos para acceder al Programa de Apoyo del 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y se establece el marco normativo correspondiente a las obligaciones de las y los propietarios de las motocicletas, respecto a la emisión de placas, el número de ocupantes que debe contener la tarjeta de circulación, entre otras. 

Además, se establece la excepción para que una motocicleta nueva pueda circular sin placas desde el punto de venta hasta el lugar de resguardo; para ello, se proporcionará un permiso provisional para traslado único que autorice la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

El dictamen elaborado con las reformas enviadas por el Ejecutivo y las promovidas por la entonces diputada, Laura Artemisa García Chávez, también contemplan la actualización de la denominación de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, así como lenguaje incluyente.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas señaló que las modificaciones representan una armonización a la reforma aprobada el año pasado a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de establecer obligaciones y beneficios fiscales para las y los propietarios de motocicletas.

En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Administración Local del Servicio de Administración Tributaria en Puebla, para que en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, fortalezca los mecanismos de atención presencial y a distancia, como la instalación de módulos, la simplificación de trámites, así como la asesoría y acompañamiento en beneficio de los y las poblanas, en especial de las personas indígenas y productoras agrícolas, para garantizar su regularidad tributaria y adecuado funcionamiento.

Durante la sesión estuvieron presentes las y los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Modesta Delgado Juárez, José Miguel Trujillo de Ita, María Fernanda de la Barreda Angon y Rafael Alejandro Micalco Méndez.

Con el objetivo de concretar la armonización de la Ley de Autonomía Sindical, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre diputados integrantes de la LXII Legislatura, encabezada por Pavel Gaspar Ramírez, así como los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), secciones 23 y 51 de Puebla.

En dicho encuentro se realizó una sesión a distancia presidida por el senador Alfonso Cepeda Salas, en la que también participaron diputadas, diputados y líderes magisteriales de todo el país.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, consideró que sin libertad sindical no existe la democracia real que se construye actualmente, donde las decisiones sindicales pertenecen únicamente a los trabajadores.

“Solo con libertad se decide sin presión, sin temor; el voto sindical debe ejercerse sin amenazas, condicionamientos ni intervenciones de autoridades. Hoy hay condiciones para una verdadera democracia sindical, existen bases legales para garantizar elecciones sindicales donde el miedo y la corrupción pertenecen al pasado y las prácticas de control e injerencia quedaron atrás”.

La modificación al artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y al Artículo 64 Quárter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de autonomía sindical, tiene como propósito evitar que terceros tengan injerencia en las decisiones sindicales.

Los tres aspectos más importantes de la Ley son que prohíbe todo acto de injerencia sindical por parte de las personas servidoras públicas, establece que cualquier acto de injerencia será considerado falta administrativa grave e incorpora un catálogo de conductas sancionables.

En dicho encuentro participaron los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE, José Luis González Morales y Raúl Alfredo Gómez Palacios, respectivamente, así como las y los diputados Floricel González Méndez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Elías Lozada Ortega, Angélica Patricia Alvarado Juárez, María Soledad Amieva Zamora, Guadalupe Vargas Vargas, Ana Laura Gómez Ramírez y Elías Lozada Ortega.
 

Con el propósito de impulsar el desarrollo económico sostenible en la entidad, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez destacó la presentación de la iniciativa para la creación de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Creativa, la cual busca fortalecer a los sectores artesanal, cultural, gastronómico y de emprendimientos creativos, como motores de desarrollo económico e inclusión social.

En rueda de prensa, la legisladora subrayó que la propuesta legislativa tiene como objetivo promover, proteger, descentralizar y garantizar el desarrollo sostenible de la economía creativa en el estado, al impulsar la cohesión social, la innovación y el respeto a la diversidad cultural. Entre sus principales ejes se contempla la creación de un Fondo Estatal de Impulso a Creativos, un Registro Estatal de Economía Creativa, mecanismos de capacitación y financiamiento, así como políticas incluyentes dirigidas a juventudes, mujeres y comunidades indígenas.

En este sentido, la diputada señaló la importancia de que la economía creativa sea considerada como una economía formal: “Por eso es fundamental seguir con la protección y preservación de nuestra identidad y nuestra diversidad cultural, que genera empleos y que va de la mano con las políticas públicas que se están impulsando en el estado”, afirmó.

Alvarado Juárez también mencionó que la propuesta legislativa se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 del Gobierno Estatal y con los polos federales de desarrollo económico, con el objetivo de posicionar a Puebla como un referente nacional en innovación cultural y creativa. Para fortalecer la iniciativa, se llevarán a cabo mesas de trabajo y foros con clústeres creativos, el sector productivo y la sociedad civil.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, incluso en casos de falta de pago.

La propuesta plantea reformar la fracción I del artículo 99 de dicha Ley, a fin de prohibir la suspensión total del suministro de agua potable y de los servicios de saneamiento por adeudos, obligando a los prestadores de servicios públicos a suministrar, en todo momento, la cantidad mínima indispensable para el consumo humano básico.

Actualmente, la Ley del Agua para el Estado de Puebla permite la suspensión del servicio por adeudos, con la única excepción de consumos domésticos menores a 15 metros cúbicos mensuales. La reforma propuesta elimina este criterio basado en un parámetro de consumo y lo sustituye por un enfoque de protección integral del derecho humano, garantizando el acceso mínimo al agua sin importar el nivel de consumo.

Con esta iniciativa, la diputada Delfina Pozos busca que ninguna persona en Puebla sea privada totalmente del acceso al agua potable y al saneamiento, al tratarse de un recurso esencial para la vida, la salud y la dignidad humana.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

-La legisladora presentó reformas a la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla

Con el propósito de crear un modelo de coordinación regulada entre las policías municipales y los servicios de seguridad privada en fraccionamientos, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 15 y adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla.

La legisladora señaló que, si bien la Ley de Seguridad Pública del Estado y la Ley de Seguridad Privada regulan funciones sectoriales, éstas no prevén mecanismos de coordinación operativa, intercambio de información, obligaciones en materia de capacitación, límites de actuación conjunta ni responsabilidades administrativas derivadas de la colaboración.

Bonaga Ruiz consideró que, ante la falta de regulación, los municipios enfrentan dificultades para supervisar a las empresas de seguridad privada, verificar su capacitación o validar la legalidad del armamento o equipo que utilizan, por lo que un marco jurídico modernizado permitiría ordenar estos elementos y fortalecer tanto la seguridad como la confianza de la ciudadanía.

Siempre bajo los principios de legalidad, subordinación a la autoridad y respeto a los derechos humanos, establece la propuesta legislativa.

“La ciudadanía de Puebla merece un sistema de seguridad moderno, eficiente y regulado. La coordinación bien diseñada puede reducir tiempos de respuesta, mejorar la prevención del delito y profesionalizar la vigilancia privada, siempre bajo la conducción de la autoridad”, afirmó la diputada.