Washington / Caracas.- La Guardia Costera de los Estados Unidos está en persecución activa de un tercer buque petrolero en aguas internacionales cercanas a Venezuela, anunciaron funcionarios estadounidenses este domingo, en lo que representa una nueva fase de la presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

Este seguimiento se produciría menos de dos semanas después de que Estados Unidos interceptara y abordara otros dos tanqueros vinculados al transporte de crudo venezolano en lo que la administración estadounidense describe como una operación para frenar la evasión de sanciones económicas. 

El objetivo: limar la “evasión ilegal de sanciones”

Según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con agencias internacionales, el buque que ahora se sigue forma parte de lo que Estados Unidos denomina una “flota oscura” de embarcaciones que intentan evadir las sanciones impuestas por Washington al sector petrolero venezolano. La administración sostiene que estas naves, navegando bajo banderas falsas y sin identificarse plenamente, estarían relacionadas con el esquema de exportación de crudo desde Venezuela hacia mercados internacionales a pesar de las restricciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, una medida que ha escenificado un endurecimiento de la política exterior estadounidense frente a Caracas. 

Operaciones previas y la ruta de tensión

La posible persecución del tercer buque ocurre después de dos operaciones de alto perfil:

* El Skipper, un petrolero sancionado que fue interceptado y abordado por las fuerzas estadounidenses hace unos días. 
* El Centuries, un superpetrolero de bandera panameña, al que las autoridades estadounidenses también detuvieron el sábado por la noche. 

Ambas operaciones forman parte de un patrón que Washington presenta como una acción legal contra el tráfico de crudo venezolano que elude las sanciones.

Reacción entre Venezuela y la comunidad internacional

El gobierno de Caracas ha condenado las acciones estadounidenses, calificándolas de “violación de la soberanía” y de actos de “piratería internacional”. La retórica del presidente Maduro y de sus portavoces destaca que estas operaciones no solo afectan la economía venezolana —fuertemente dependiente del petróleo— sino que además agravan las tensiones diplomáticas en una región ya marcada por profundas divisiones políticas. 

Por su parte, analistas internacionales advierten que el aumento de operaciones navales y la persecución de barcos sancionados podrían generar un punto de fricción mayor entre Estados Unidos y países aliados de Caracas, además de elevar el riesgo de confrontaciones directas en el mar Caribe. 

Impacto geopolítico y económico

Las acciones de Estados Unidos han captado la atención de los mercados energéticos y de seguridad internacional, especialmente por el papel que juega el petróleo venezolano en la región. Cualquier interrupción sostenida en el flujo de crudo o intensificación de medidas coercitivas podría tener efectos en los precios del crudo, además de influir en la estabilidad política de Venezuela. 

Washington D.C.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, al asegurar que ese escenario “sigue sobre la mesa” mientras la administración intensifica la presión diplomática y militar sobre Caracas. “No lo descarto, no”**, dijo el mandatario en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News. 

La declaración se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que han escalado en las últimas semanas con la incautación de petroleros sancionados, el bloqueo de buques venezolanos y una operación militar naval centrada en la destrucción de embarcaciones que, según Estados Unidos, participan en el narcotráfico. 

Una escalada sin precedentes

Trump ordenó a comienzos de la semana un bloqueo total de los petroleros sancionados que entran y salen de aguas venezolanas, apenas días después de que fuerzas estadounidenses interceptaran un buque cargado con crudo frente a la costa de Venezuela. La Casa Blanca sostiene que estas acciones forman parte de una campaña para cortar los ingresos de redes criminales y narcotráfico presuntamente vinculadas al régimen de Maduro, acusaciones que Caracas rechaza rotundamente. 

Además de las incautaciones, desde septiembre EE. UU. ha atacado decenas de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, lo que, según informes, ha resultado en más de 100 muertes, un número que ha generado críticas tanto en Washington como en la comunidad internacional. 

¿Guerra abierta o presión prolongada?

Aunque Trump dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado, no detalló un plan militar específico ni confirmó si el objetivo final es la salida de Maduro del poder. “Él sabe exactamente lo que quiero,” aseguró, refiriéndose al líder venezolano, en alusión a una reciente llamada telefónica entre ambos. 

Analistas señalan que incrustar oficialmente a Estados Unidos en una guerra requeriría autorización del Congreso, un obstáculo legal significativo que podría limitar la capacidad del presidente para escalar unilateralmente las acciones militares. 

Reacciones en la región y el mundo

La postura de Trump ha generado preocupación en varios gobiernos latinoamericanos. El presidente de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para evitar un derramamiento de sangre y promover el diálogo ante la crisis, rechazando cualquier intervención militar externa. 

Desde Caracas, Maduro ha calificado las acciones estadounidenses como agresiones y actos de piratería, prometiendo resistencia ante cualquier intento de intervención. La ONU y otras potencias están siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos. 

Impacto político en EE. UU.

La decisión de Trump y su retórica han generado debates internos en Estados Unidos sobre los límites del poder ejecutivo en conflictos extranjeros y el equilibrio entre seguridad nacional y responsabilidad internacional. Legisladores demócratas han criticado fuertemente la estrategia, advirtiendo sobre los riesgos de una escalada militar sin consenso legislativo claro. 

Taipéi.- En un contexto de creciente tensión en el estrecho de Taiwán, el Gobierno de Taiwán aseguró este martes que su ejército tiene la capacidad de responder de forma rápida y eficaz ante un posible ataque militar de China, en un mensaje dirigido tanto a la población como a la comunidad internacional. 

El anuncio proviene de un informe presentado por el Ministerio de Defensa taiwanés ante el Parlamento, en el que se detalla que las fuerzas armadas adoptan un modelo de comando descentralizado que permite a las unidades tomar acción inmediata sin esperar órdenes centrales si se produce una agresión súbita por parte de Beijing. 

Según las autoridades de Taipéi, este enfoque de “control distribuido” está diseñado para reducir al mínimo los tiempos de reacción frente a un ataque sorpresa, una posibilidad que el Gobierno considera existente debido al incremento sostenido de las actividades militares chinas alrededor de la isla. 

Tensión creciente en el estrecho

China, que considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe reunificarse con el continente —por la fuerza si es necesario—, ha intensificado en los últimos años sus ejercicios militares regulares cerca de las aguas y el espacio aéreo taiwaneses. Taipei clasifica estas maniobras como parte de una campaña de “zona gris”, con el objetivo de desgastar mental y materialmente a las fuerzas isleñas sin cruzar oficialmente la línea de combate. 

En respuesta, el Ministerio de Defensa enfatizó que la isla ha adaptado sus protocolos de alerta y mantenido un nivel permanente de preparación, con procedimientos claros para elevar su estado de combate en cuanto las señales de entrenamiento se transformen en acciones hostiles.

Reacciones diplomáticas y regionales

El énfasis en la capacidad de defensa taiwanesa se produce en medio de un entorno geopolítico volátil en Asia-Pacífico. Estados Unidos, principal garante de seguridad no formal de la isla, ha reforzado en los últimos meses su discurso y cooperación con aliados regionales para disuadir cualquier intento de cambio unilateral del statu quo por parte de China. 

Al mismo tiempo, Beijing ha intensificado sus críticas, describiendo las advertencias de Taipéi como una exageración del peligro y una provocación innecesaria. El Ministerio de Defensa chino ha señalado que las declaraciones de las autoridades taiwanesas solo sirven para “inflamar tensiones” y “socavar la paz regional”, aunque no ha detallado cambios específicos en su política militar hacia la isla. 

Otro foco de tensión ha sido la relación de China con Japón, especialmente tras comentarios de líderes japoneses sobre la posibilidad de un ataque chino que afectaría directamente la seguridad de Tokio, una postura que Beijing ha rechazado y que ha aumentado las fricciones diplomáticas en la región. 

¿Qué significa la declaración para el futuro?

La afirmación de Taiwán sobre su capacidad de respuesta no solo es un mensaje disuasorio hacia China, sino también una señal de confianza interna en sus fuerzas armadas y en el respaldo internacional que recibe, en particular de Washington y aliados asiáticos. Sin embargo, analistas advierten que mantener la capacidad de defensa en medio de maniobras chinas cada vez más sofisticadas —que algunos describen como preparativos encubiertos para un conflicto real— representa un desafío continuo para Taipéi. 

Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre preparación militar y diplomacia sigue siendo clave en la política interna taiwanesa y en las relaciones con potencias globales, en un momento en que la estabilidad en el Estrecho de Taiwán se percibe como uno de los principales retos estratégicos del siglo XXI.

Washington.- Una nueva escalada de la campaña militar estadounidense contra las redes de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental resultó en tres ataques coordinados que dejaron un saldo de ocho personas muertas, según informaron las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southern Command o SOUTHCOM) confirmó que el 15 de diciembre de 2025 llevó a cabo ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones que, según la inteligencia militar estadounidense, estaban siendo operadas por “Organizaciones Terroristas Designadas” y se dedicaban al tráfico de drogas en rutas marítimas clave del Pacífico. 

De acuerdo con el comunicado oficial, tres personas murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres más en la tercera, sumando un total de ocho fallecidos en las operaciones. 

Contexto de la campaña militar

Estos ataques son parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración estadounidense, bajo el argumento de combatir el flujo de drogas ilegales hacia el país y desarticular a los grupos criminales transnacionales que utilizan rutas marítimas para transportar estupefacientes. 

El presidente Donald Trump y altos mandos del Pentágono han defendido las acciones, calificando a los carteles como parte de un “conflicto armado” con organizaciones narcotraficantes y justificando el uso de fuerza militar en aguas internacionales. 

Sin embargo, esta estrategia ha generado fuerte controversia nacional e internacional. Críticos y expertos en derecho internacional han señalado que la utilización de fuerzas armadas para atacar embarcaciones sin pruebas públicas concluyentes podría constituir violaciones del derecho internacional humanitario y prácticas de ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia y respeto a las leyes que rigen el uso de la fuerza en alta mar. 

Lecciones y repercusiones diplomáticas

La campaña, que ya suma más de 20 ataques en el Pacífico y el Caribe desde septiembre, ha dejado al menos 95 muertos, según informes oficiales y datos de prensa.

La escalada ha tensado relaciones con países vecinos, en particular con Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, ha denunciado que estas acciones podrían en realidad perseguir objetivos políticos más amplios que simplemente frenar el narcotráfico. 

Además, el tema ha reavivado el debate en el Capitolio estadounidense, donde legisladores de ambos partidos han exigido explicaciones detalladas sobre la legalidad de las operaciones, la evidencia que respalda las acusaciones de narcotráfico y las reglas de enfrentamiento aplicadas por las fuerzas militares.

Un conflicto sin fronteras claras

Mientras el gobierno de Estados Unidos reafirma su compromiso con la lucha antidrogas, el uso de fuerza militar en zonas de alta mar plantea preguntas profundas sobre soberanía, legalidad y límites del poder militar en Estados no beligerantes. Las próximas semanas serán clave para observar si estas operaciones continúan, si se intensifican o si derivan en nuevas tensiones diplomáticas y debates legislativos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Tailandia y Camboya alcanzaron un acuerdo para poner fin a los combates registrados recientemente en zonas fronterizas, tras gestiones diplomáticas orientadas a reducir la tensión y evitar una escalada del conflicto en el sudeste asiático.

De acuerdo con Trump, el entendimiento contempla un cese de hostilidades y el compromiso de ambas partes de recurrir al diálogo como vía para resolver sus diferencias. El mandatario estadounidense destacó que las conversaciones permitieron avanzar hacia una solución pacífica y subrayó la importancia de mantener la estabilidad regional.

Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya se produjeron en áreas limítrofes históricamente sensibles, donde existen disputas territoriales de larga data. Los incidentes recientes generaron preocupación por el impacto en las comunidades civiles cercanas a la frontera y por el riesgo de una confrontación mayor.

Según lo señalado por Trump, el acuerdo representa un paso relevante para desescalar la tensión militar y sentar las bases de una cooperación más estrecha entre ambos países. También remarcó la disposición de Estados Unidos para respaldar iniciativas diplomáticas que contribuyan a la paz y la seguridad internacionales.

Aunque las autoridades de Tailandia y Camboya no han detallado aún los términos completos del acuerdo, el anuncio fue recibido como una señal positiva por observadores regionales, que consideran que el entendimiento puede abrir la puerta a nuevas negociaciones sobre los temas de fondo del conflicto fronterizo.

Bogotá.- El gobierno de República de Colombia manifestó este martes su profunda alarma ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que cualquier país que produzca o trafique drogas hacia EE. UU. “está sujeto a ataques”. Entre los países mencionados, Trump incluyó a Colombia como posible objetivo de acciones militares bajo el argumento del combate al narcotráfico. 

Reacción oficial

Por medio de un comunicado, la Cancillería de Colombia rechazó categóricamente dichas amenazas, expresando que “recibe con gran preocupación las recientes declaraciones” y subrayando su “firme compromiso” en la lucha contra el narcotráfico a través de estrategias integrales, respetuosas de los derechos humanos y la soberanía nacional. 

Asimismo, hizo un llamado a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe frente a “cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”. 

La advertencia de Trump

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que “cualquiera” que trafique drogas hacia EE. UU. podría ser atacado, aludiendo explícitamente a Colombia tras cuestionar su producción de cocaína. 

Este anuncio se da en un contexto de intensificación de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y Pacífico en una campaña contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, lo que ya generó múltiples críticas por violaciones a la soberanía y presuntos daños colaterales. 

La respuesta del gobierno colombiano

El presidente Gustavo Petro respondió advirtiendo que una agresión a la soberanía de Colombia “sería declarar la guerra”. Además, invitó públicamente a Trump a visitar el país para constatar “en terreno” los esfuerzos antinarcóticos, como la destrucción de laboratorios de cocaína. 

En paralelo, el gobierno colombiano anunció la suspensión temporal del intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses mientras se mantengan las operaciones militares sobre embarcaciones en el Caribe, acusadas de narcotráfico.

Repercusiones regionales y diplomáticas

El episodio marca una de las tensiones más graves entre Colombia y Estados Unidos en años. Analistas señalan que el endurecimiento de la retórica y el posible uso de la fuerza militar debilitan décadas de cooperación bilateral en materia de seguridad y narcotráfico —una alianza que había sobrevivido al cambio de administración tanto en Colombia como en Washington.

Además, la Cancillería colombiana ha hecho un llamado explícito a otros países de Latinoamérica y el Caribe para mantenerse unidos ante lo que considera una amenaza a la soberanía colectiva de la región.

En el horizonte: incertidumbre y tensiones crecientes

Las declaraciones recientes de Trump agravan un panorama ya de por sí tenso: incidentes previos como ataques a embarcaciones en el Caribe —donde, según Bogotá, habrían muerto civiles inocentes— habían provocado una ruptura parcial en la cooperación de inteligencia. 

La comunidad internacional mira con atención la evolución del conflicto, que en caso de escalar podría provocar una crisis diplomática en la región, afectar el comercio, la seguridad compartida y la confianza entre países aliados tradicionalmente.

Caracas.- El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, solicitó formalmente el respaldo de la OPEP/OPEP+ para frenar lo que califica como una “agresión” por parte de Estados Unidos que —según Caracas— pone en riesgo sus reservas de crudo y la estabilidad del mercado petrolero mundial.

La petición fue formalizada mediante una carta firmada por Maduro que fue leída durante la segunda conferencia ministerial 2025 de la OPEP+. En ella, Venezuela advierte que la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe —desde agosto—, compuesta por decenas de buques de guerra, miles de efectivos y maniobras aéreas, representa una "amenaza directa" contra su soberanía y su principal recurso natural: el petróleo.

El gobierno venezolano sostiene que el operativo estadounidense, presentado oficialmente como lucha contra el narcotráfico, en realidad tiene como objetivo desestabilizar al país, debilitar su producción petrolera y forzar un cambio de régimen. Esta situación, advierte Caracas, no solo afectaría a Venezuela sino que también podría desestabilizar los equilibrios del mercado energético global.

En su carta, Venezuela hace un llamado a los miembros de la OPEP+ —entre ellos potencias petroleras como Arabia Saudita, Rusia y otros estados productores— a “hacer valer su influencia colectiva” para persuadir a Washington de cesar lo que Caracas define como hostigamiento militar. El país sudamericano solicita así apoyo diplomático y político, bajo el argumento de que el conflicto trasciende los intereses nacionales y tiene implicaciones globales. 

Por su parte, representantes venezolanos aseguran que mantendrán su firmeza en defensa de sus recursos energéticos y advierten que no aceptarán “chantajes o amenazas” de ningún tipo, reafirmando su disposición a resistir cualquier intento de intervención extranjera. 

- Recordó que en un mes, el Gobierno de México atendió de manera integral a las poblaciones afectadas de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz
- Se otorgaron 455 condecoraciones: 120 del Ejército; 30 de la Fuerza Aérea Mexicana; 120 de la Guardia Nacional; 120 de la Marina y 65 servidores públicos

Desde el Centro Estratégico Militar de Acopio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rindió homenaje y reconoció al personal que participó en la aplicación del Plan DN-III-E y Plan Marina en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, tras las intensas lluvias que se presentaron el pasado octubre, y a quienes agradeció por sus esfuerzos para atender la emergencia en un mes y con ello demostrar que la patria es más fuerte que cualquier adversidad.

“Gracias, por ser el rostro más noble de la patria, por sostenerla en los momentos más duros y por recordarnos con cada acción que México es fuerza, es hermandad y es esperanza viva. A nombre del pueblo de México y desde lo más profundo de mi corazón: gracias a todas y todos ustedes por engrandecer a la nación”, puntualizó.

Destacó que el trabajo de las Fuerzas Armadas, las y los Servidores de la Nación, así como funcionarios de las diferentes dependencias del Gobierno de México confirma que el servicio a la nación es un honor que se ejerce con humildad y con valentía.  “Hoy nos reunimos para rendir un homenaje sincero, profundo y merecido, a todas y todos quienes, con entrega, atención, estuvieron presentes en la atención a las lluvias de octubre de 5 estados de la república. Lo hacemos no solo como un acto de reconocimiento institucional, sino como un acto de gratitud de la nación entera”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; así como a los mandatarios estatales de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; de Puebla, Alejandro Armenta Mier; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; y de Querétaro, Mauricio Kuri González, por su entrega, sacrificio y por el trabajo que realizaron en atención a la población. También realizó la entrega de condecoraciones a 120 elementos del Ejército; 30 de la Fuerza Aérea Mexicana; 120 de la Guardia Nacional y 120 de la Marina, quienes participaron en la aplicación del Plan DN-III-E y Plan Marina, respectivamente, así como reconocimientos a 65 servidores públicos que participaron en las labores ante la emergencia.

En su mensaje, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a funcionarios de los cuerpos de auxilio a nunca permitir que alguien minimice el valor de su entrega a la nación, ya que no sólo portan un uniforme, sino que representan historia, valentía y compromiso.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que las Fuerzas Armadas son hombres y mujeres que mostraron profesionalismo, valentía y humanismo para auxiliar a la población de las entidades afectadas. Informó que como parte del Plan DN-III-E, la Defensa desplegó tres puestos de mando móviles, más de 9 mil efectivos, 146 vehículos, 57 unidades de maquinaria pesada, 23 aeronaves, 11 embarcaciones, 5 células de intendencia, 4 cocinas comunitarias, 6 plantas potabilizadoras y 100 células de sanidad.

Detalló que se repartieron 446 mil 259 despensas, 62 mil 449 canastas básicas, 28 mil 237 cobijas, 821 mil 500 litros de agua potable y 742 mil 391 litros de agua embotellada, además 510 personas fueron evacuadas vía aérea; 11 mil 128 trasladadas a 90 albergues; se despejaron 372 mil 471 metros lineales de vialidades, se retiraron mil 514 árboles, se desazolvaron 6 mil 163 viviendas y 72 escuelas. Destacó que se estableció el mayor puente aéreo registrado en la historia de México con 23 aeronaves para realizar mil 557 operaciones y transportar más de 494 toneladas de insumos.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, refrendó su compromiso para atender a las mexicanas y mexicanos que más lo necesitan y detalló que tras las lluvias extraordinarias con el Plan Marina se desplegaron 5 mil 735 elementos integrados en 15 brigadas apoyados por 7 buques, 18 aeronaves, 112 vehículos, 6 plantas potabilizadoras, 9 cocinas móviles, 10 drones, 20 embarcaciones y 131 vehículos de maquinaria pesada, se establecieron 5 puentes marítimos, 70 centros de acopio y se realizaron 276 operaciones aéreas.  Con ello, se auxiliaron a 100 mil mexicanas y mexicanos, 27 mil 669 familias, se distribuyeron 100 mil despensas, 133 mil 840 raciones de comida, 119 mil 520 litros de agua potable y poco más de 270 mil litros de embotellada. Se realizaron 86 evacuaciones aéreas, 9 mil 641 traslados a albergues, 14 mil 722 personas evacuadas y 28 mil 493 atenciones médicas, se despejaron mil 766 vías, se retiraron 6 mil 902 árboles y espectaculares, 181 mil 273 metros cúbicos de basura, lodo y escombros.

Bissau.— Guinea-Bissau amaneció el 26 de noviembre de 2025 en silencio y con las calles tomadas por militares. Horas después, un grupo de oficiales apareció en la televisión estatal para anunciar que asumía el poder, en lo que describieron como una intervención “necesaria” para garantizar la seguridad nacional. El mensaje confirmaba lo que ya circulaba con fuerza en la capital: el presidente Umaro Sissoco Embaló había sido detenido y todas las instituciones quedaban disueltas, en un nuevo episodio de la larga saga de crisis que caracteriza a este país de África Occidental.

El golpe se produjo en medio de una disputa electoral particularmente tensa. Un día antes de que se conocieran los resultados provisionales de los comicios presidenciales y legislativos, tanto Embaló como el líder opositor Fernando Dias da Costa se habían proclamado ganadores, alimentando la incertidumbre y encendiendo las alarmas sobre un posible conflicto institucional. La junta militar aseguró haber detectado un plan para manipular los resultados y justificó su irrupción argumentando que buscaba impedir un “desorden mayor”.

En la mañana del 27 de noviembre, el ejército dio un paso definitivo en la consolidación de su autoridad al presentar al general Horta Nta Na Man, ex jefe del Estado Mayor, como presidente de transición. La ceremonia, celebrada rápidamente y sin presencia de organismos civiles, marcó el inicio formal de un gobierno militar que, según anunciaron, se mantendrá en el poder durante al menos un año.

En las primeras horas tras el golpe, las fronteras fueron cerradas y se suspendieron todas las actividades administrativas. El país quedó momentáneamente aislado mientras la junta tomaba control de ministerios, cuarteles y estaciones de policía. No obstante, el cierre duró poco: al día siguiente, las autoridades anunciaron la reapertura de los accesos terrestres, marítimos y aéreos para “garantizar la normalidad”.

La ECOWAS y la Unión Africana condenaron el golpe y exigieron la liberación del presidente depuesto, además de un retorno “sin demora” al orden constitucional. La ONU expresó “profunda preocupación” y pidió a todas las partes actuar con moderación ante el riesgo de una escalada. En Europa, varios gobiernos monitorean la situación; España, por ejemplo, recordó que cerca de 400 ciudadanos residen en el país y aconsejó extremar precauciones.

Para muchos guineanos, el golpe revive una historia que parece no tener fin. Desde su independencia en 1974, Guinea-Bissau ha atravesado golpes de Estado, gobiernos militares, disputas internas y la influencia corrosiva del narcotráfico, que ha convertido al país en un punto estratégico para redes criminales internacionales. Esa fragilidad histórica vuelve a emerger ahora, mientras el país intenta digerir un nuevo episodio de quiebre institucional.

Aunque la junta insiste en que la transición será “ordenada”, los analistas advierten que el futuro es incierto. La suspensión del proceso electoral, el establecimiento de un gobierno de facto y la presión extranjera definen un escenario volátil. La pregunta que recorre las calles de Bissau —y los pasillos diplomáticos de la región— es la de siempre: ¿cuánto durará esta vez la calma antes de un nuevo estallido?

En las últimas jornadas, las negociaciones para poner fin al conflicto han entrado en un momento decisivo. Washington insiste en que las conversaciones con Kiev y Moscú han permitido acercar posiciones y que el desenlace podría estar más próximo de lo que se percibe públicamente. Funcionarios estadounidenses han subrayado que el plan de paz de 28 puntos elaborado bajo el liderazgo de Trump representa una oportunidad real para cerrar casi cuatro años de enfrentamientos, aunque reconocen que aún quedan aspectos delicados por resolver.

Sin embargo, el optimismo de Estados Unidos contrasta con la postura de Moscú. El Kremlin ha rechazado de plano las modificaciones introducidas por los europeos al borrador original, que buscaban suavizar las concesiones territoriales y limitar las restricciones militares impuestas a Ucrania. Para Rusia, cualquier alteración del texto inicial resulta “poco constructiva” y no se ajusta a sus intereses estratégicos. El presidente Vladímir Putin y sus asesores insisten en que la primera versión del plan, considerada demasiado favorable a Moscú por Kiev y la Unión Europea, es la única que aceptarán.

Europa, por su parte, intenta equilibrar el proceso. Países como Francia, Alemania y Reino Unido han promovido un documento alternativo que rechaza la reducción drástica del ejército ucraniano y plantea condiciones que eviten una nueva invasión. La intención es impedir que el acuerdo se convierta en una victoria política para Rusia y garantizar que Ucrania conserve capacidad de defensa. No obstante, la negativa del Kremlin a aceptar cambios mantiene el proceso en un punto de tensión.

En Kiev, el presidente Volodímir Zelensky ha celebrado que existan avances en las conversaciones, aunque advierte que cualquier pacto que implique renunciar a territorios soberanos será difícil de aceptar. La presión internacional se intensifica, pues Trump ha fijado plazos concretos para alcanzar un acuerdo, lo que añade un componente de urgencia a las negociaciones.

El escenario refleja una paradoja: mientras Estados Unidos transmite confianza en que la paz está más cerca, Rusia se atrinchera en su rechazo a cualquier modificación del plan original. Europa busca un equilibrio que evite concesiones excesivas a Moscú y preserve la soberanía ucraniana. El desenlace de estas negociaciones marcará no solo el futuro inmediato de Ucrania, sino también el rumbo de la seguridad europea en los próximos años.