Quito. — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización indígena más representativa del país, expresó su rechazo frontal al proyecto de ley sobre minería y energía presentado por el presidente Daniel Noboa, advirtiendo que la iniciativa pone en riesgo derechos colectivos, territorios ancestrales y fuentes de agua fundamentales para las comunidades indígenas y campesinas. 

Motivos del rechazo

La Conaie emitió un comunicado en el que cuestiona varios aspectos centrales del proyecto legislativo, que fue enviado a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia en materia económica (lo que acelera su trámite parlamentario): 

- Debilitamiento del control ambiental: La propuesta contempla sustituir licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, lo que —según la organización— «reduce la consulta a un trámite formal» y dificulta la prevención de daños ambientales irreversibles. 
Amenaza a la consulta previa y el consentimiento: La Conaie ha subrayado que el proyecto no garantiza mecanismos exigibles de consulta previa, libre e informada, derecho constitucionalmente protegido y recogido en estándares internacionales. 
Riesgo para el agua y ecosistemas estratégicos: Señalan que flexibilizar normas sobre el uso del agua y otros recursos compromete ecosistemas clave como páramos, bosques y ríos, que son pilares de la soberanía hídrica y alimentaria de las comunidades. 
Modelo extractivo y conflictividad social: Para la Conaie, la ley refuerza un modelo de dependencia extractiva que ha profundizado desigualdades, criminalización de la defensa territorial y conflictos sociales en los territorios indígenas.

Llamado a la unidad y al Parlamento

La Confédération hizo un llamado a la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, e instó a los asambleístas —especialmente a los de la bancada de Pachakutik, su brazo político— a rechazar el proyecto de ley y promover un debate amplio, transparente y participativo que ponga en el centro la vida, los territorios y los derechos colectivos. 

Respuesta del Gobierno

El gobierno ecuatoriano ha defendido que la reforma busca fortalecer sectores estratégicos como minería y energía, atraer inversión, generar empleo y combatir la minería ilegal, argumentando que es necesario modernizar el marco legal para sostener la economía del país. 

Contexto de tensiones sociales

Este rechazo se enmarca en un contexto más amplio de conflictos sociales en Ecuador vinculados a políticas extractivas, protestas indígenas y demandas por mayores garantías de derechos territoriales y ambientales. Grupos indígenas de varias regiones han manifestado históricamente su oposición a reformas que consideran amenazan la protección de la naturaleza y la autodeterminación comunitaria ante proyectos mineros y extractivos. 

Publicado en EMBAJADA

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