Veracruz.- Un periodista especializado en nota roja fue asesinado a tiros este jueves por la noche en el estado de Veracruz, en el este de México, marcando el primer homicidio de un comunicador del año en un país considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. 

El comunicador fue identificado por medios locales como Carlos Castro, de aproximadamente 26 años, director y propietario del medio digital Código Norte Veracruz, que cubría temas policiacos y de seguridad. 

El ataque

El ataque ocurrió la noche del 8 de enero alrededor de las 20:00 horas, cuando Castro se encontraba dentro de un restaurante conocido como TrogueBirria, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre en la ciudad de Poza Rica. Sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y le dispararon en varias ocasiones. 

Elementos de diversas corporaciones de seguridad –incluida la policía estatal y la Guardia Nacional– llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar un operativo de búsqueda, aunque hasta ahora no hay reportes de detenciones relacionadas con el homicidio. 

Perfil de la víctima

Carlos Castro se desempeñaba como reportero de nota roja y era dueño de Código Norte Veracruz, un medio local digital enfocado en crónica policiaca. Recientemente había regresado a Poza Rica tras pasar un tiempo fuera del estado debido a amenazas previas y había recibido medidas de protección por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). 

Contexto de violencia contra periodistas

Veracruz ha sido históricamente una de las regiones más peligrosas para la prensa en México, un país donde el periodismo —especialmente el que cubre temas de crimen organizado y seguridad— se ha visto golpeado por amenazas, agresiones y asesinatos. Entre 2005 y 2024, se registraron al menos 31 asesinatos y cuatro desapariciones de periodistas en esta entidad, según cifras oficiales. 

Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y el Committee to Protect Journalists, han documentado que México se ubica entre los países con mayor número de periodistas asesinados y con altos niveles de impunidad para estos crímenes. 

Reacción oficial

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó el asesinato y exigió una investigación exhaustiva para esclarecer el caso. Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz también anunciaron la apertura de una carpeta de investigación para dar con los responsables y determinar posibles vínculos con la labor periodística de la víctima. 

Este asesinato se suma a una larga lista de periodistas asesinados en México, y pone nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan los comunicadores en zonas con presencia de crimen organizado y violencia generalizada.

El pasado domingo uno de julio, el pueblo mexicano fue participe del acto democrático más grande, en tamaño e importancia, para el desarrollo político económico y social de nuestra nación, el proceso electoral 2018 trajo consigo una renovación de la ideología política en el ejercicio del poder, ya que por primera vez en su historia, el pueblo mexicano tendrá un gobierno emanado de la izquierda.

Fue un ejercicio democrático enmarcado por la participación ciudadana, donde la misma alcanzó estándares activos del 63.44 por ciento del electorado, según reporte del INE. Del cual Andrés Manuel López Obrador resulto triunfador en la elección presidencial con 30 millones 112,109 sufragios, que representan el 53.17 por ciento del total de los votos emitidos el pasado domingo, un porcentaje que ni en los cuestionados comicios de 1988 obtuvo Carlos Salinas de Gortari (50.36%), y muy por encima del 38.20 por ciento que apuntaron las cifras oficiales para Enrique Peña Nieto en el 2012.

Situación que lo coloca como un producto puramente democrático, es decir, es el resultado auténtico de la mayoría popular, y que lo colocan quizás, como el presidente electo más legítimo de América Latina.

Lo anterior, reviste un doble compromiso sobre los hombros del actual presidente electo, ya que no solo tendrá que demostrar que sus políticas y propuestas planteadas en campaña no fueron ocurrencias, como fueron tachadas por muchos personajes de la política y de la academia, sino que ahora tendrá también que demostrar que los instrumentos con los que cuenta el sistema electoral mexicano son efectivos, no solo para elegir representantes, sino para entregar buenos resultados en el ejercicio del poder.

Por otra parte, no todo fue una fiesta democrática donde la participación del pueblo fue la reinante del ejercicio, ya que la mancha del proceso a nivel nacional la dio lamentablemente  estado de Puebla, ya que presenciamos la jornada electoral más violenta en la historia de nuestro estado, donde se reportó el robo de urnas en al menos 15 casillas de la capital poblana, dos operadores del PRI fueron asesinados en Chignahuapan, intentaron secuestrar al hijo del candidato de MORENA en Acatzingo, se robaron boletas electorales en Izúcar de Matamoros, detuvieron a personas en diferentes puntos del estado y ciudadanos secuestraron a presuntos ladrones de boletas electorales, por lo que fue necesaria la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).

Hasta las 17:00 horas del domingo, el Instituto Electoral del Estado había reportado 139 incidencias en todo el estado las cuales, debido al alto grado de violencia, provocaron la suspensión temporal en las casillas pertenecientes a los distritos 9, 16, 17, 19 y 20 de la capital del estado y la suspensión definitiva de la votación en el distrito 10, sección 1408, distrito 11 sección 1410 y básicas y contiguas 1 y 2.

Todo lo anterior, puede originar como resultado una posible nulidad de la elección para Gobernador en Puebla, dado que por los hechos acontecidos, la misma carece de certeza y legalidad, ante el cumulo de irregularidades y conductas violentas que atentan contra el adecuado desarrollo de la función electoral y el ejercicio del sufragio ciudadano el cual debe ser libre, secreto, personal, directo y universal. Condiciones que no fueron capaces de brindar las autoridades de los tres niveles, Municipal, estatal y federal, ya que en todos los casos como se ha hecho común llegaron al lugar de los hechos, cuando los responsables ya habían desaparecido y hasta el momento no existen resultados de las investigaciones, ni culpables por los delitos electorales cometidos el 1 de julio.

Seguramente, la decisión final del resultados de las elecciones poblanas quedará en manos de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, el cual con su resolución, tendrá la oportunidad de devolver la confianza, certeza y legalidad al voto ciudadano, perdidas por la mala actuación del Instituto Electoral del Estado, cuya credibilidad y prestigio se encuentra por los suelos, lo que ha motivado que la dirigencia de MORENA haya solicitado al INE atraiga la elección, en caso de que se declare la nulidad de la elección y se repitan los comicios a la gubernatura.

Sin embargo, considero trascendental no dejar a un lado una triste realidad, que un problema tan grave de violencia e impunidad, que afectó el desarrollo del proceso puede socavar la legitimidad del nuevo gobierno, ya que de origen su triunfo, estaría manchado por la forma en que se llegó a lograrlo y daría lugar a la duda de pensar que los delincuentes que actuaron ese día, lo hicieron confiados por contar con protección de las autoridades. Es necesario evitar lo anterior y buscar por todos los medios, se limpie la elección para dar legitimidad al nuevo gobierno estatal, para que sea resultado del respaldo ciudadano y que quienes no apoyaron con su voto, respeten la decisión de la mayoría de acuerdo a las reglas de nuestro sistema electoral.