El inicio del sexenio de la primera presidenta en México Claudia Sheinbaum, ha sido de los más difíciles, que han enfrentado otros presidentes, no sólo los del denominado período neoliberal, sino que también en el caso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador considerado como el primer mandatario de izquierda en llegar a tan alto cargo.

A pesar del estado en que dejó el país el priista Enrique Peña Nieto, AMLO tuvo un inicio tranquilo y prometedor en el que prevalecieron la esperanza de un cambio por el que votaron más de treinta millones de mexicanos y que le hizo posible ir consolidando una popularidad, nunca antes vista con un apoyo de la mayoría de los sectores de la población, no sólo de los más pobres, sino también de la clase media y los grupos empresariales que demandaban terminar con la violencia e inseguridad que se estaba dando en el país.

Las promesas del presidente, de lograr disminuir la brecha existente entre los más pobres y una clase política empresarial que logró amasar grandes capitales al amparo y beneficios que le otorgaron los gobiernos anteriores, a través de grandes negocios y escándalos de corrupción, que hicieron que los electores votaran por una opción de izquierda, finalmente no lograron consolidarse, a pesar de los programas sociales y apoyos a grandes sectores de la población.

Es evidente, que la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, se originó desde que gobernaban los presidentes del período neoliberal; sin embargo el aumento en los índices de homicidios violentos, desapariciones forzadas, feminicidios, masacres, migración, trata de personas, guerras entre los carteles del narcotráfico, control de territorios y Municipios, así como la infiltración de los grupos criminales en los procesos electorales y la colocación de autoridades en los Municipios, nos tienen ante un escenario desastroso, en el qué a pesar del cambio de estrategia de la presidenta y del reforzamiento de las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ejercito, marina armada, guardia nacional y aún con el apoyo de inteligencia de los Estados Unidos, la violencia no cesa y los carteles continúan sembrando la violencia e inseguridad en el país.

El debate que se da entre los mexicanos y las autoridades, a raíz de los descubrimientos y denuncias que hizo el Colectivo Guerreros de Jalisco en el rancho Izaguirre en la población de Teuchitlán Jalisco el pasado 5 de marzo, en voz de su fundadora Indira Navarro, quién acusó que se trataba de un campo de exterminio, donde perdieron la vida más de 50 personas y que al menos se encontraba operando desde hace 10 años con la complicidad de las autoridades del Municipio y del estado de Jalisco.   

Lo anterior motivó, que la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitara la intervención del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quién en la llamada conferencia del pueblo señaló que: “no es creíble que autoridades locales, no supieran del caso de Teuchitlán Jalisco” y que llegarán al fondo de la investigación del rancho del terror.

La defensa del gobierno federal, es responsabilizar al gobierno Municipal de Juchitán y del Estado, de haber tolerado el uso del rancho por los grupos criminales, sin reconocer que en la última ocasión que las autoridades tomaron posesión del rancho, también participaron elementos de la guardia nacional, que junto con el fiscal del estado, fueron incapaces de encontrar las evidencias y pruebas que demuestran el uso que dieron a la propiedad los grupos criminales privando de la vida a personas que se encontraban en calidad de desaparecidas.

La postura de la presidencia y del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, es que el rancho Izaguirre fue utilizado como un centro de reclutamiento forzado de la delincuencia para capacitar a nuevos elementos a sus filas y repartirlos en diferentes partes del país, negando en todo momento, que existan evidencias de que en dicho lugar se hayan encontrado hornos crematorios o restos de personas asesinadas y calcinadas en dichos hornos.

Mientras la postura de los grupos de buscadores es que el rancho era un campo de exterminio donde se privó de la vida a más de 60 personas desaparecidas cuyas pertenencias y zapatos fueron encontrados en el lugar, que fue posteriormente limpiado por las autoridades federales, para la visita de los medios de comunicación y visores que acudieron a invitación del fiscal general de la República, quién no se presentó en el rancho en la fecha de la visita.

Si revisamos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7 define a los Crímenes de lesa humanidad, en el punto 1.-A los efectos del presente estatuto se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometan por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” y en los incisos siguientes enumera: a) asesinato; b) exterminio; f)tortura; i) desaparición forzada de personas.

Posteriormente en el punto 2, inciso i) define a la desaparición forzada de personas “se entenderá la aprehensión, detención, o el secuestro de personas por un estado o una organización política, o con su autorización o aquiescencia seguido de la negativa de admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlos fuera del amparo de la ley por un período prolongado”

Confrontando las dos posturas: la oficialista del gobierno federal y la fiscalía general de la republica contra la de los grupos buscadores de desaparecidos como el Colectivo Guerreros buscadores de Jalisco, a la luz de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, usted podrá concluir ¿Si en México como en el caso del Rancho Izaguirre se han cometido crímenes de lesa humanidad?

Los mexicanos merecemos conocer la verdad de lo acontecido y que las autoridades cumplan con su función constitucional de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

*director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Independientemente del saldo rojo que dejaron los presidentes del período neoliberal en México, en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, por el PRI y en la denominada alternancia en el poder en los gobiernos de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón por el PAN, además del gobierno de Enrique Peña Nieto por el PRI en el período 2012-2018, por lo que se refiere al crecimiento y consolidación de los carteles en el país, que sin duda alguna, pudieron florecer gracias a la complicidad de las autoridades en turno y a los pactos no escritos, en los cuales el contubernio y corrupción de los cuerpos policiales, incluido el propio ejército mexicano, que no ha quedado limpio en cuanto a su desempeño y resultados para desmantelar a los grupos de la delincuencia organizada, nos demostraron algo que aunque siempre se ha sabido, existía la duda, de que era imposible que todas las autoridades estuvieran de acuerdo en aliarse con los carteles, sin importar la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas.

Muchos creíamos, que el estado mexicano, aun con sus deficiencias y altos índices de corrupción, al menos medianamente cumplía con las funciones que le marca la Constitución General de la República, para lograr el respeto al estado de derecho, la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos.

Cada presidente, en su momento tuvo la oportunidad de deslindar a sus gobiernos de los grupos criminales y de evitar siguiera creciendo la corrupción y la impunidad de los delincuentes, mejorando los cuerpos de seguridad y de la procuración e impartición de justicia.

Cabe preguntarse: ¿cuáles fueron los factores que nos han llevado a la situación actual que vive México, en cuanto a los altos índices de criminalidad e inseguridad de la que casi todos hemos sido víctimas? Las respuestas pueden ser variadas y quizás los gobiernos se han equivocado creyendo que con solo reformar a las leyes y cambiar a los funcionarios en turno se podrían modificar las cosas en bien del país.

Sin duda alguna, y sin animo de buscar culpables, considero que la sociedad mexicana en su conjunto tenemos un grado de responsabilidad, ya que siendo una tarea tan difícil, no podemos pensar que las autoridades por si mismas la pueden atender y resolver.

Pero, aún y cuando el problema no nació en el gobierno de AMLO, su política de “ dar abrazos y no balazos a los delincuentes” permitió la expansión y dominio de los carteles en el país, con un saldo de casi 200 mil homicidios dolosos, que los llevaron a controlar a casi la tercera parte del territorio, bajo la sospecha de haber financiado con dinero proveniente del narco, las campañas políticas de candidatos y candidatas de Morena en las elecciones desde 2006, 2012 y de 2018 a a fecha ya como gobierno, lo que había sido negado en forma insistente por López Obrador, pero que hoy sale a la luz por las declaraciones de Ismael el Mayo Zambada y del Chapo Guzmán y otros delincuentes que ya están detenidos en Estados Unidos.

En los últimos días, ante la presión ejercida por Donald Trump presidente de los Estados Unidos, hacia el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, para frenar, por un lado la producción y tráfico de fentanilo de México hacia el territorio del norte y por otro lado detener la llegada de migrantes a la frontera sur de nuestro vecino, con la amenaza de imponer aranceles del 25% a las exportaciones de los productos mexicanos que se envían a Estados Unidos al amparo del T-MEC, las cosas en el país, han cambiado radicalmente y la actitud de la presidenta, que si bien había sido de negar que en México existieran laboratorios donde se produce el fentanilo y que su gobierno protegiera a los carteles del narcotráfico, ante la exigencia y amenazas de Trump, se ha visto obligada a detener a los delincuentes, que suman a la fecha más de 900, a llevar a cabo incautaciones de cargamentos de fentanilo producidos en algunos estados del país y a destruir laboratorios donde se producía la droga; así como también hacer la deportación de 29 de los capos más importantes que se encontraban en cárceles mexicanas donde seguían dirigiendo las operaciones de sus organizaciones con una vida de privilegios y concesiones en complicidad con los directores de los penales, y según el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch en complicidad con jueces y magistrados del poder judicial, que estaban a punto de liberarlos.

Resulta evidente, que la presidenta, no tuvo opción, más que atender las demandas de Trump, a fin de evitar la aplicación de los aranceles, cuya aplicación estaba prevista para el 4 de marzo pasado y que finalmente Trum prorrogó para el 2 de abril, bajo el criterio de que sólo serán para los países que también cobran aranceles a los productos estadounidenses, por lo qué Sheinbaum confía que estos no aplicarán para los productos mexicanos, ya que nuestro país, no cobra aranceles a ningún producto proveniente de Estados Unidos.

Asimismo, Donald Trump ha insistido en que también sean detenidos y en su caso extraditados a Estados Unidos, a los políticos y gobernantes cuyas campañas fueron financiadas por los carteles del narco y los protegieron, así como que se investigue a aquellas empresas que mediante operaciones de lavado de dinero se coludieron para permitir su crecimiento a nivel nacional e internacional.

Será muy interesante saber hasta donde la presidenta está dispuesta a entregar información y a los políticos y gobernantes, incluso de su propio partido, que hayan cometido estos delitos; esperemos a que la UIF demuestre que su labor, es sin distinción de personas y colores y que finalmente, están dispuestos a acabar con la impunidad, sin proteger a gente del oficialismo y de sus partidos aliados PVEM y PT; ya que si se trata de políticos de la oposición PRI, PAN y del extinto PRD seguramente no tardarán en abrir la información, para beneficiarse políticamente.

Por lo pronto, con la prórroga al 2 de abril concedida por Trump, sin echar las campanas al vuelo, el oficialismo se prepara para sacar adelante la elección judicial el domingo 1 de junio; aún y cuando todo el proceso de la reforma es violatorio del T-MEC en cuanto a la independencia judicial; pero ya habrá tiempo para justificar una decisión que seguramente afectará de nuevo la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

                                *director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.