Después del brutal asesinato del alcalde de Uruapan Michoacán Carlos Manzo, ocurrido el pasado primero de noviembre en el corazón del Municipio que gobernaba, en presencia de su familia, colaboradores y de la población que acudió al evento tradicional de día de muertos y que desató una ola de indignación, no sólo de los pobladores de Uruapan, sino de todo el país, debido a que desde meses antes había pedido el apoyo del gobierno federal para que le enviaran elementos del ejército, la marina y la guardia nacional para frenar la ola de violencia y terror sembrado por los carteles que controlan grandes zonas de Michoacán extorsionando a productores del limón y aguacate, la actitud del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es digna de un análisis a fondo.

En primer lugar, porque aún y cuando el alcalde había denunciado que estaba amenazado de muerte por los carteles desde tiempo atrás, de nada sirvió el hecho de que se le hubieran asignado cuarenta elementos de la guardia nacional para cuidar su seguridad, más los policías municipales y siete escoltas que también lo protegían, ya que bastó la habilidad de un menor de 17 años para perpetrar el crimen en una plaza pública, sin que los escoltas pudieran evitarlo; la presidenta nunca dio importancia a las demandas de Manzo de apoyarlo para combatir a las bandas criminales.

En segundo lugar, ante las protestas y reclamos de quienes forman parte del denominado movimiento del sombrero al que se sumaron los pobladores de Uruapan y de todo el estado de Michoacán para exigir el esclarecimiento del homicidio y la captura de todos los que planearon el asesinato, la respuesta del oficialismo, no fue la adecuada, toda vez que la presidenta aunque lamentó el crimen y se ofreció a dar indicaciones para acelerar las investigaciones, no supo como calmar los ánimos y las marchas contra los gobiernos estatal y federal tanto en Morelia como en otros Municipios, no se hicieron esperar, originando el enojo de Sheinbaum que culpó a la derecha y los partidos de oposición de sacar ventaja de la tragedia para atacar a su gobierno, acusándolos de carroñeros por aprovecharse de la situación y la indignación de los pobladores.

Ante la presión y reclamos, la presidenta aceptó que la viuda de Manzo, Grecia Quiroz fuera designada por unanimidad por todos los diputados del Congreso como presidenta sustituta del alcalde, tomando protesta del cargo el cinco de noviembre, a pesar de que el gobierno del estado está a cargo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla a quién Manzo acusó en varias declaraciones de estar coludido con los carteles del narcotráfico.

En tercer lugar, aunque el secretario de seguridad y protección ciudadana Omar García Harfuch desde el primer momento se ha hecho cargo junto con la fiscalía del Estado, de las investigaciones en torno al homicidio, la sombra de la desconfianza contra el gobierno de Ramírez Bedolla perdura y los pobladores consideran que como en otros homicidios como el del líder de los productores de limón de Apatzingán Bernardo Bravo Manríquez ocurrido el 20 de octubre, sin que a la fecha se hayan capturado a los responsables.
El asesinato de los dos cómplices del ejecutor de Carlos Manzo cuyos cuerpos fueron encontrados seis días después, levantó más indignación de los pobladores de Uruapan, al considerar que ello haría más difícil para las autoridades dar con el autor intelectual del asesinato.

Aunque, este jueves se dio a conocer la detención de Jorge Armando “N” alias “El licenciado” como el autor intelectual del asesinato, no se ha esclarecido si hay otros delincuentes atrás que ordenaron el asesinato del alcalde.

Bajo este escenario, los jóvenes autodenominados como generación zeta desde principios de octubre habían convocado a una marcha en la ciudad de México y más de 20 de las ciudades más importantes del país, para el sábado 15 de noviembre para protestar en contra del gobierno por la ola de violencia, inseguridad y asesinatos que todos los días se cometen en nuestro país, marcha que iniciaría a las 11 a de la mañana y que se juntó con la convocada por los integrantes del movimiento del sombrero que también convocaron a una marcha para protestar por el asesinato de Carlos Manzo y la ola de violencia que se vive en Michoacán.

Desde días previos a las manifestaciones convocadas, la presidenta desde su conferencia mañanera inicio una campaña para descalificar la marcha de la generación zeta, acusando que detrás de ella estaban la derecha y los grupos conservadores, sin conceder a los jóvenes su derecho a expresar su pensamiento y a manifestarse como lo establece el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución General de la República.

La marcha de los jóvenes de la generación zeta, encontró un dispositivo en la entrada del zócalo capitalino con un solo acceso y un ejercito de granaderos resguardando Palacio Nacional, y un grupo de más de 200 encapuchados conocidos como el bloque negro que iniciaron las agresiones contra la policía capitalina, derribando una parte de la valla de contención, motivando una respuesta de los uniformados contra quien se les pusiera enfrente, incluso persiguiendo a los que salieron del zócalo en las calles aledañas.

El lunes 17 de noviembre la presidenta en su conferencia mañanera descalificó las marchas, acusando a los jóvenes de violentos y de que en la misma habían participado gente de la tercera edad y ciudadanos que no tenían nada que ver con los jóvenes, con lideres como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza y hasta la misma abuela de Carlos Manzo.

Las escenas de las agresiones de la policía a los jóvenes y asistentes al zócalo dieron la vuelta al mundo y a 7 meses de que inicie el Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, las alertas se han encendido ya que hasta el mismo presidente Donald Trump declaró que no les gusta nada lo que está ocurriendo en México y además no descartando alguna intervención militar en suelo mexicano para combatir a los carteles de la droga.

El movimiento de la generación zeta convocó a una segunda marcha el 20 de noviembre en que se llevó a cabo el desfile militar del ejercito en el zócalo y por su parte la presidenta anuncio como respuesta una marcha con el movimiento de la 4T para el 6 de diciembre para celebrar los 7 años en que han gobernado el país para demostrar que su gobierno es invencible y que el pueblo está de su lado.

Así me pregunto: ¿realmente quién gana con esta guerra de marchas? Cuando el país se debate en una crisis de violencia, corrupción, narcotráfico inseguridad, desapariciones, educación, salud que es urgente sean atendidas por el actual gobierno.

Los ciudadanos estamos hartos de vivir en medio de la polarización y de la confrontación política, si todos somos mexicanos, el gobierno debe promover la unidad y paz pública.