-El COSS estará integrado por instancias federales y estatales que trabajarán permanentemente en conjunto para garantizar una atención oportuna y eficaz.

PUEBLA, Pue.- De cara a la Copa Mundial FIFA 2026 y con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y garantizar la atención oportuna a la población local, visitantes, delegaciones deportivas y personal operativo, el gobierno federal y el estatal instalaron el Comando Operativo para la Seguridad en Salud (COSS).

Durante el evento protocolario, el director del Centro Operativo para la Atención de Contingencias (COPAC) de la Secretaría de Salud del gobierno federal, Abel Peralta Benítez, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional como eje central de este plan nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al presentar las acciones y estrategias del COSS, reconoció la experiencia de Puebla en la organización y atención de eventos deportivos de gran magnitud, así como su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y contingencia.

Con el respaldo de una veintena de representantes de distintas instituciones, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, afirmó que Puebla se encuentra preparada en la materia para garantizar el bienestar de los miles de visitantes durante los 39 días que durará la Copa Mundial FIFA 2026. “Estamos listos y preparados; desde la visión de nuestro gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajaremos de manera permanente y coordinada con todas las dependencias para garantizar la seguridad en salud”, señaló.

Asimismo, la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez, informó que el comando operativo mantendrá un despliegue permanente en todos los municipios, con especial énfasis en aquellos de mayor demanda turística, mediante acciones de vigilancia epidemiológica, atención médica y servicios prehospitalarios, saneamiento y entornos saludables, promoción de la salud, control de vectores y zoonosis, así como protección contra riesgos sanitarios.

Añadió que el COSS contará con monitoreo permanente las 24 horas, los siete días de la semana, brigadas especializadas en territorio, verificaciones sanitarias y operativos preventivos, a fin de anticipar riesgos y garantizar condiciones óptimas de salud pública durante la justa mundialista.

El Comando Operativo para la Seguridad en Salud está integrado por diversas instancias como las secretarías estatales de Gobernación, Educación Pública, y Deporte y Juventud, Protección Civil, así como por la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, el IMSS ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE, ISSSTEP, hospitales privados, las jurisdicciones sanitarias y autoridades aeroportuarias. Además de la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, el Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP).

Washington.- Una nueva escalada de la campaña militar estadounidense contra las redes de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental resultó en tres ataques coordinados que dejaron un saldo de ocho personas muertas, según informaron las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southern Command o SOUTHCOM) confirmó que el 15 de diciembre de 2025 llevó a cabo ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones que, según la inteligencia militar estadounidense, estaban siendo operadas por “Organizaciones Terroristas Designadas” y se dedicaban al tráfico de drogas en rutas marítimas clave del Pacífico. 

De acuerdo con el comunicado oficial, tres personas murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres más en la tercera, sumando un total de ocho fallecidos en las operaciones. 

Contexto de la campaña militar

Estos ataques son parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración estadounidense, bajo el argumento de combatir el flujo de drogas ilegales hacia el país y desarticular a los grupos criminales transnacionales que utilizan rutas marítimas para transportar estupefacientes. 

El presidente Donald Trump y altos mandos del Pentágono han defendido las acciones, calificando a los carteles como parte de un “conflicto armado” con organizaciones narcotraficantes y justificando el uso de fuerza militar en aguas internacionales. 

Sin embargo, esta estrategia ha generado fuerte controversia nacional e internacional. Críticos y expertos en derecho internacional han señalado que la utilización de fuerzas armadas para atacar embarcaciones sin pruebas públicas concluyentes podría constituir violaciones del derecho internacional humanitario y prácticas de ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia y respeto a las leyes que rigen el uso de la fuerza en alta mar. 

Lecciones y repercusiones diplomáticas

La campaña, que ya suma más de 20 ataques en el Pacífico y el Caribe desde septiembre, ha dejado al menos 95 muertos, según informes oficiales y datos de prensa.

La escalada ha tensado relaciones con países vecinos, en particular con Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, ha denunciado que estas acciones podrían en realidad perseguir objetivos políticos más amplios que simplemente frenar el narcotráfico. 

Además, el tema ha reavivado el debate en el Capitolio estadounidense, donde legisladores de ambos partidos han exigido explicaciones detalladas sobre la legalidad de las operaciones, la evidencia que respalda las acusaciones de narcotráfico y las reglas de enfrentamiento aplicadas por las fuerzas militares.

Un conflicto sin fronteras claras

Mientras el gobierno de Estados Unidos reafirma su compromiso con la lucha antidrogas, el uso de fuerza militar en zonas de alta mar plantea preguntas profundas sobre soberanía, legalidad y límites del poder militar en Estados no beligerantes. Las próximas semanas serán clave para observar si estas operaciones continúan, si se intensifican o si derivan en nuevas tensiones diplomáticas y debates legislativos.

La ciudad de Río de Janeiro vive una de las jornadas más trágicas de su historia reciente. La operación policial lanzada el pasado martes 28 de octubre en las favelas de Penha y Complexo do Alemão dejó un saldo de 132 personas muertas, entre ellas cuatro agentes, según confirmó este miércoles la Defensoría Pública regional.


Objetivo del operativo: desarticular al Comando Vermelho

La intervención, considerada la más letal en la historia de la ciudad, tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto contra presuntos miembros del grupo criminal Comando Vermelho, una de las organizaciones delictivas más poderosas de Brasil. Para ello, se desplegaron 2,500 agentes en una acción coordinada entre la policía militar, civil y federal.

Durante el operativo, se reportaron 113 arrestos, además de la incautación de 119 armas de fuego y 14 artefactos explosivos.


Escenas de horror en las favelas

Habitantes de las zonas afectadas denunciaron que los cuerpos de los fallecidos fueron apilados en las calles por vecinos que buscaban a sus familiares desaparecidos. En la favela de Penha, al menos 40 cadáveres fueron encontrados por los propios residentes, quienes los trasladaron a una plaza para exigir respuestas.

La Defensoría Pública acompañó desde la madrugada del miércoles las búsquedas en los barrios intervenidos y se encuentra presente en los institutos forenses para colaborar en la identificación de los cuerpos. También ha comenzado a recabar testimonios de familiares y vecinos para documentar posibles abusos y violaciones a los derechos humanos.


Reacciones institucionales

Mientras la Defensoría elevó la cifra de muertos a 132, el Gobierno regional solo ha confirmado 119 fallecidos hasta el momento. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió la operación como “necesaria” para combatir el crimen organizado, aunque aún no se ha pronunciado el presidente de Brasil.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y la falta de transparencia en los procedimientos. La operación ha sido comparada con escenarios de guerra urbana, debido a la magnitud de la violencia y el número de víctimas.

La operación policial en Río de Janeiro ha dejado una profunda huella en la ciudad y ha reabierto el debate sobre el modelo de seguridad pública en Brasil. Mientras las autoridades defienden la acción como un golpe al crimen organizado, los familiares de las víctimas exigen justicia, verdad y reparación ante lo que consideran una tragedia sin precedentes.