- Instalan Comité de Fomento Laboral Penitenciario en Puebla.

- Gobierno estatal y sector privado impulsan justicia social en centros penitenciarios.

PUEBLA, Pue. - Con el objetivo de consolidar una política pública orientada a garantizar el derecho al trabajo digno de las Personas Privadas de la Libertad, la Secretaría de Economía y Trabajo instaló y celebró la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario del Estado de Puebla como parte del proceso de reinserción social con un enfoque humanista y de derechos humanos.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, señaló que la instalación del Comité Estatal tiene como propósito fortalecer la protección y el cuidado de las Personas Privadas de la Libertad en el estado de Puebla, así como impulsar la coordinación interinstitucional para diseñar y aplicar estrategias que garanticen sus derechos y bienestar.

El titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, Gabriel Alejandro Tamariz Sánchez, destacó que el estado de Puebla se convierte en la entidad número 18 del país en conformar este Comité Estatal, cuyo propósito es promover oportunidades de empleo formal y digno para las Personas Privadas de su Libertad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, afirmó que, Por Amor a Puebla y con la convicción de Pensar en Grande, este órgano fortalecerá la reinserción social mediante la capacitación y el empleo, a partir del trabajo coordinado entre la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal, a fin de impulsar dignidad, inclusión y justicia social.

Por su parte, la presidenta de Coparmex en Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, refirió que cuando se habla de empleo dentro y fuera de los centros penitenciarios se habla de dignidad, seguridad y reconstrucción del tejido social. Afirmó que el trabajo formal debe formar parte de una política de prevención del delito, ya que reduce el riesgo de que las personas opten por actividades ilícitas. Señaló que este objetivo solo es posible mediante una alianza sólida entre las instituciones gubernamentales y el sector productivo.

Bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier y en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el comité consolida una política pública humanista que garantizó el derecho al trabajo digno de las personas privadas de la libertad, en alineación con la Recomendación General 44/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Comité quedó integrado por el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gerardo Gabriel Chedraui, como presidente ejecutivo; el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, como secretario técnico; el secretario de Gobernación, José Samuel Aguilar Pala; el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte; el secretario de Salud, Justino Joaquín Espidio Camarillo; el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso; la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Stephanie Pérez Calderón; la secretaria del Bienestar, Laura Artemisa García Chávez; la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro; el subsecretario de Deporte y encargado de despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud del Estado, Mauricio García Castillo; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena; la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón; el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes; el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, Alfonso Aguirre González; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Andrés Morales Zayas; la directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, Apolinaria Martínez Arroyo; y el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Juan Carlos Valdez Zayas.

- 30 hombres, identificados como generadores de violencia, fueron reubicados al centro de reclusión de Tepexi de Rodríguez.

- Se desplegó un operativo por aire desde el helicóptero y por tierra con más de 80 elementos de DEFENSA, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Policía Auxiliar.

CHOLULA, Pue.- Durante las primeras horas de este día, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron el traslado de 30 hombres privados de la libertad en el penal regional de San Pedro Cholula, hacia el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.

Las personas trasladadas fueron identificadas como generadoras de violencia de alto impacto y posibles desestabilizadoras del orden, por lo que esta medida responde a la necesidad de prevenir incidentes y reducir posibles riesgos.

Durante el operativo, el helicóptero del Gobierno del Estado brindó seguimiento al despliegue por tierra de más de 80 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula y Policía Auxiliar.

Esta acción forma parte de los acuerdos establecidos en la reunión interinstitucional entre el Gobierno del Estado de Puebla y el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, con el propósito de reforzar la seguridad y estabilidad al interior del centro de reclusión.

La administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta Mier, fortalece el trabajo coordinado con autoridades municipales, a fin de consolidar un sistema penitenciario más seguro y eficiente.

- Esta acción forma parte de los acuerdos entre los gobiernos estatal y municipal para reforzar la vigilancia en este centro de reclusión. 

- SEMAR, DEFENSA, Guardia Nacional y Seguridad Pública Estatal localizaron 24 objetos punzocortantes, nueve recipientes para el consumo de sustancias ilícitas y siete bocinas. 

CHOLULA, Pue.- Como parte de los acuerdos establecidos en la reunión interinstitucional entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, las fuerzas de seguridad efectuaron un operativo de revisión al interior del centro penitenciario regional. 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), realizó inspecciones en distintas áreas del penal, con apego a la ley y respeto a los derechos humanos de las personas recluidas.
 
Durante este operativo, las autoridades aseguraron 24 objetos punzocortantes, nueve recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, siete bocinas, cargadores para teléfono, memorias USB y agujas para tatuar. 

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, coordina acciones con autoridades municipales para mantener el orden, garantizar condiciones de seguridad y contribuir a la estabilidad del sistema penitenciario.

- En una reunión interinstitucional, las autoridades penitenciarias y municipales acordaron fortalecer la presencia policial, implementar operativos con autoridades federales e intercambiar información.

CHOLULA, Pue.- Este martes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sostuvieron una reunión de trabajo interinstitucional con integrantes del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a fin de reforzar las acciones en materia de custodia y vigilancia en el centro penitenciario regional.

Por instrucciones del secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante Francisco Sánchez González, durante el encuentro, directivos de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios en conjunto con la presidenta municipal, Tonantzin Fernández y su equipo tanto de Seguridad como de Gobernación, revisaron los protocolos internos, los esquemas de supervisión, así como los mecanismos de respuesta ante situaciones de riesgo.

Entre los acuerdos alcanzados, destaca el fortalecimiento de la presencia policial al interior y exterior del penal, reforzar los operativos con autoridades federales e intercambiar información de manera permanente.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, trabaja de manera coordinada con autoridades municipales para garantizar condiciones de seguridad en el sistema penitenciario.

- Hombres privados de la libertad participaron en combates de exhibición en peso ligero y wélter, así como en una pelea en la categoría semipesado.

- Además, se llevó a cabo la donación de 32 pares de guantes y 30 caretas, equipo que contribuye a la seguridad de los participantes.

PUEBLA, Pue.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la reinserción social y la sana convivencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Juventud y Deporte, llevó a cabo el “1er Torneo de Box” dirigido a la población penitenciaria. 

Esta actividad deportiva, que se realizó en el centro penitenciario de Puebla, contempló combates de exhibición en las divisiones de ligero y wélter, así como un enfrentamiento en la categoría de peso semipesado. 

Para contribuir a la seguridad de los participantes, la Secretaría de Juventud y Deporte realizó la donación 32 pares de guantes y 30 caretas, equipo que contribuye al fortalecimiento de la práctica deportiva.

El torneo de box forma parte de una estrategia integral que será replicada en otros penales del estado, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte como una herramienta fundamental para la reinserción social de la población en reclusión.

Bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Seguridad Pública impulsa actividades que fomenten la sana competencia y contribuyan a la construcción de una cultura de paz al interior de los centros penitenciarios.

- Hasta 15 años de cárcel para quien cometa dicho delito: José Luis García Parra, coordinador de Gabinete.

PUEBLA, PUE. - Ante el incremento de prácticas de despojo inmobiliario, el Gobierno de Puebla turnó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma legislativa para endurecer las sanciones contra este delito, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra. Este acto delictivo afecta principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y comunidades indígenas.

El funcionario estatal explicó que la iniciativa enviada al poder legislativo contempla un incremento de las penas de prisión y sanciones económicas. Detalló que la sanción pasará de 6 a 12 años de prisión, además de que la multa oscilará entre 100 y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

La propuesta de reforma profundiza las penas para quien financie o sea autor intelectual de este tipo de delitos, con pérdida de la libertad entre 7 y 15 años; y multas de mil a 3 mil UMAS. “Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción. Ahora está en manos de las y los diputados. Desde luego que ellos analizarán y harán lo que corresponda”, afirmó García Parra.

El propósito de la iniciativa es limitar la comercialización de tierras, la lotificación o la especulación inmobiliaria a través del despojo de bienes inmuebles, en la que participan dolosamente notarios públicos. La pena aumentará hasta en una tercera parte cuando el despojo tenga una finalidad lucrativa. La sanción también se incrementará si se utilizan documentos falsos, se inscriben actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o existe participación dolosa de un notario público para facilitar o encubrir el delito.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla protege el patrimonio y la legalidad; así como defiende los derechos de sectores vulnerables, al tiempo de fortalecer el marco jurídico para combatir el despojo inmobiliario.

- Esta acción por parte de Marina, DEFENSA, Guardia Nacional y Seguridad Pública se enfocó en fortalecer el orden y la gobernabilidad.

CHALCHICOMULA DE SESMA, Pue.- Como parte del compromiso de trabajar de manera coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN) desarrollaron un operativo en el penal femenil de Ciudad Serdán.

El despliegue se efectuó conforme a los protocolos establecidos y tuvo como objetivo fortalecer las condiciones de seguridad, orden y gobernabilidad al interior del centro penitenciario.

Las inspecciones realizadas en dormitorios, áreas comunes y talleres se llevaron a cabo de forma ordenada, conforme a los protocolos establecidos, con estricto respeto a los derechos humanos y concluyeron sin eventos relevantes.

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, reafirma su compromiso de mantener acciones enfocadas para prevenir conductas ilícitas y salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran en reclusión.

Ciudad de Guatemala.— El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio nacional por 30 días luego de que una ola de violencia atribuida a pandillas criminales dejara ocho policías muertos y provocara motines simultáneos en varias cárceles del país. 

La medida —que debe ser ratificada por el Congreso— faculta al gobierno a suspender ciertas garantías constitucionales, como la libre reunión y manifestación, y permite detener e interrogar a sospechosos sin orden judicial en un intento por restablecer el orden y combatir la criminalidad organizada. 

Escalada de violencia y motines carcelarios

Los hechos se desencadenaron tras motines en tres cárceles del país, durante los cuales pandilleros tomaron decenas de custodios como rehenes para exigir el traslado de sus líderes a prisiones con menor seguridad. Las autoridades lograron recuperar el control de las prisiones, incluida la de máxima seguridad ‘Renovación I’ en Escuintla, donde varios guardias fueron liberados. 

Posteriormente, grupos vinculados a las pandillas atacaron a policías en distintos puntos de la capital y sus alrededores, dejando como saldo —de acuerdo con las autoridades— ocho agentes asesinados y al menos diez heridos. Un presunto pandillero también murió en los enfrentamientos. 

Las pandillas señaladas por las autoridades como responsables incluyen Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), organizaciones que Guatemala y Estados Unidos han catalogado como terroristas debido a su implicación en sicariato, extorsión y tráfico de drogas. 

Medidas del gobierno y impacto social

A través de una cadena nacional, Arévalo explicó que el estado de sitio busca “garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos” frente a una de las crisis de seguridad más graves del país en lo que va de 2026. Además de las restricciones a las libertades civiles, se ha desplegado a la policía y al ejército en zonas críticas, y se suspendieron las clases en todo el país como medida preventiva.

El ministerio de Educación indicó que la suspensión de actividades escolares responde a la necesidad de proteger a estudiantes ante la creciente violencia, mientras que la embajada de Estados Unidos en Guatemala recomendó a su personal minimizar movimientos y evitar aglomeraciones. 

Reacciones y contexto

La declaración de estado de sitio ha generado preocupación entre sectores de la sociedad, que temen que la suspensión de derechos pueda afectar a civiles inocentes y desembocar en abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el gobierno mantiene que la medida responde a una amenaza directa al orden público por parte de estructuras criminales organizadas. 

La crisis llega en un contexto en el que las pandillas han aumentado su capacidad de operar tanto dentro como fuera de los penales, reflejando la persistente batalla que enfrenta Guatemala contra el crimen organizado en Centroamérica. 

- ⁠Policías custodios contaron con el respaldo de Marina, DEFENSA y Guardia Nacional para el aseguramiento de 126 objetos punzocortantes, 13 teléfonos, chips y droga.

PUEBLA, Pue.- Como parte de los esfuerzos para consolidar un sistema penitenciario ordenado y seguro, autoridades de los tres órdenes de gobierno efectuaron operativos de revisión al interior de los penales de Puebla, Huejotzingo y Huauchinango.

Al interior del centro penitenciario de Puebla se aseguraron 90 objetos punzocortantes, 10 bocinas, siete teléfonos, cuatro chips, ventiladores, posible heroína, recipientes para su consumo y una gramera.

En el penal de Huejotzingo, fueron localizados 11 envoltorios con posible marihuana y cristal, 10 recipientes para el consumo de droga, nueve objetos punzocortantes, cuatro teléfonos celulares, una tarjeta SIM, accesorios telefónicos y bocinas.

Además, en Huauchinango, las autoridades penitenciarias decomisaron 27 objetos punzocortantes, 18 envoltorios con aparente marihuana, dos celulares, entre otros artículos prohibidos.

Durante estas intervenciones, policías custodios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contaron con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, refrenda el compromiso de implementar supervisiones de manera permanente, a fin de mantener la gobernabilidad en los centros penitenciarios.

- El legislador propone reformar el Código Penal para establecer sanciones de siete a 10 años de prisión

Con el propósito de tipificar el delito de fraude por usura excesiva, conocido como “montadeudas”, en rueda de prensa el diputado José Luis Figueroa Cortés señaló que presentó una reforma al artículo 406 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que permita sancionar a quienes afecten el patrimonio y los derechos de las personas.

El legislador indicó que se pretende establecer penas de siete a 10 años de prisión y de 500 a mil días de multa a la persona que ofrezca u otorgue un crédito o préstamo de dinero bajo engaño o condiciones usurarias, ya sea de manera personal o mediante aplicaciones, plataformas digitales o cualquier otro medio tecnológico, obteniendo un lucro indebido en perjuicio de la víctima.

Asimismo, la sanción aplicará a quien, para su cobro, retenga de manera anticipada una cantidad bajo el concepto de comisión, gasto o cargo no autorizado, disminuyendo la cantidad realmente entregada, o exija el pago de intereses, comisiones o cargos desproporcionados o superiores a los permitidos por la ley.

El también presidente de la Comisión del Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso local explicó que estas personas realizan préstamos “aparentemente fáciles y rápidos” que, al inicio, parecen una solución, pero que en realidad esconden abusos y utilizan amenazas, hostigamiento, difamación y hasta el uso indebido de datos personales de las víctimas y sus familias.

Figueroa Cortés refirió que este es un esquema delictivo que no solo afecta el bolsillo de las familias poblanas, sino también la integridad psicológica, la privacidad y la dignidad de las personas.

Durante la rueda de prensa, el legislador señaló que la iniciativa nació de los recorridos realizados en colonias y juntas auxiliares de su distrito, y del trabajo en territorio para escuchar las necesidades de la población.