La ciudad de Río de Janeiro vive una de las jornadas más trágicas de su historia reciente. La operación policial lanzada el pasado martes 28 de octubre en las favelas de Penha y Complexo do Alemão dejó un saldo de 132 personas muertas, entre ellas cuatro agentes, según confirmó este miércoles la Defensoría Pública regional.


Objetivo del operativo: desarticular al Comando Vermelho

La intervención, considerada la más letal en la historia de la ciudad, tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto contra presuntos miembros del grupo criminal Comando Vermelho, una de las organizaciones delictivas más poderosas de Brasil. Para ello, se desplegaron 2,500 agentes en una acción coordinada entre la policía militar, civil y federal.

Durante el operativo, se reportaron 113 arrestos, además de la incautación de 119 armas de fuego y 14 artefactos explosivos.


Escenas de horror en las favelas

Habitantes de las zonas afectadas denunciaron que los cuerpos de los fallecidos fueron apilados en las calles por vecinos que buscaban a sus familiares desaparecidos. En la favela de Penha, al menos 40 cadáveres fueron encontrados por los propios residentes, quienes los trasladaron a una plaza para exigir respuestas.

La Defensoría Pública acompañó desde la madrugada del miércoles las búsquedas en los barrios intervenidos y se encuentra presente en los institutos forenses para colaborar en la identificación de los cuerpos. También ha comenzado a recabar testimonios de familiares y vecinos para documentar posibles abusos y violaciones a los derechos humanos.


Reacciones institucionales

Mientras la Defensoría elevó la cifra de muertos a 132, el Gobierno regional solo ha confirmado 119 fallecidos hasta el momento. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió la operación como “necesaria” para combatir el crimen organizado, aunque aún no se ha pronunciado el presidente de Brasil.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y la falta de transparencia en los procedimientos. La operación ha sido comparada con escenarios de guerra urbana, debido a la magnitud de la violencia y el número de víctimas.

La operación policial en Río de Janeiro ha dejado una profunda huella en la ciudad y ha reabierto el debate sobre el modelo de seguridad pública en Brasil. Mientras las autoridades defienden la acción como un golpe al crimen organizado, los familiares de las víctimas exigen justicia, verdad y reparación ante lo que consideran una tragedia sin precedentes.

- En sesión ordinaria se presentaron propuestas legislativas en materia de procuración de justicia, tecnología, gobernación y desarrollo económico

Puebla, Pue.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública, para adicionar como requisito para ser defensor público, la acreditación de conocimientos en materia de igualdad sustantiva con enfoque de género y derechos humanos.

La propuesta legislativa pretende abonar en el cumplimiento del principio rector de profesionalismo en la defensoría pública, así como construir un entramado jurídico de protección a las mujeres, para erradicar todo tipo de violencia.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente.

Por otra parte, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado de Puebla, a fin de establecer una agravante específica cuando la falsedad en declaraciones o informes se cometa en contra de trabajadores del sistema educativo estatal o, cuando dichas manifestaciones sean difundidas por medios digitales o redes sociales, con el propósito de dañar su honra o afectar su estabilidad laboral.

Con esta propuesta legislativa se busca restablecer la confianza, la certeza jurídica y la dignidad del magisterio poblano.

La iniciativa, que busca adicionar la fracción VI y un último párrafo al artículo 255 del Código Penal del Estado, fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente.

Asimismo, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para adicionar la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar a todas las personas el ejercicio del derecho humano a la ciencia, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Se pretende garantizar el acceso al uso de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica en la sociedad.

La iniciativa, que propone adicionar la fracción XVIII al artículo 1 de la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

En su momento, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de modernizar el lenguaje constitucional poblano, garantizando que toda persona, sin distinción de sexo, género o identidad, pueda reconocerse legítimamente en la denominación del más alto cargo del Poder Ejecutivo.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado para equiparar al robo, y sancionar con pena de seis a doce años de prisión y multa de quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización, a quien sin consentimiento de la persona arrendadora tenga como propósito la apropiación o disposición definitiva, respecto de un vehículo automotor arrendado.

La propuesta de la legisladora, que propone adicionar los artículos 375 Bis, 375 Ter y un segundo párrafo al artículo 398 del Código Penal del Estado, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente.

En más del orden del día, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de establecer que el sueldo será uniforme para cada una de las categorías de las personas trabajadoras de base, sin que pueda existir distinción entre el sueldo otorgado a hombres y mujeres de una misma categoría.

La iniciativa, que propone reformar el artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, fue dirigida a la Comisión de Desarrollo Económico, para su análisis procedente.

El diputado Miguel Márquez Ríos presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el propósito de establecer como obligación de las y los diputados capacitarse de manera continua en materias legislativas, presupuestarias, de derechos humanos, perspectiva de género y desarrollo sostenible, entre otras, con el fin de mejorar el desempeño de sus funciones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De igual manera, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer, respecto de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que si la autoridad jurisdiccional competente determina que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la autoridad responsable estará obligada a pagar las prestaciones que hubiere dejado de percibir la persona separada y dejar a salvo sus derechos para reincorporarse a la institución de seguridad de que se trate, o bien, solicitar su indemnización en términos de Ley.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Durante su participación, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa mediante la cual se expide la Ley para el Desarrollo de las Industrias Creativas del Estado de Puebla, que tiene entre sus fines visibilizar y difundir el impacto de las Industrias Creativas para el desarrollo social, económico y cultural de la entidad.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico, para su análisis y resolución correspondiente.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:

-Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para reformar el artículo 497 del Código Civil para el Estado de Puebla, con el propósito de establecer que los alimentos también deben comprender la atención médica y hospitalaria del embarazo, parto y puerperio, a cargo de la persona progenitora no gestante hacia la persona gestante.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

-Iniciativa de la diputada Xel Arianna Hernández García para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Bienes del Estado, a fin de actualizar la denominación de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración en el ordenamiento.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Vivienda para análisis y resolución procedente.

- El documento es la base legal que coadyuva a preservar los derechos humanos de los universitarios

Con el objetivo de contar con un documento actualizado, acorde con las necesidades de la comunidad universitaria, para sustentar la actuación de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), se impulsó la reforma integral del reglamento de este organismo independiente, que no se había dado en 30 años.

Dicha actualización, que entró en vigor en enero de 2024, fue producto de una amplia consulta realizada en 2023 en la cual participaron los distintos sectores que integran la comunidad universitaria.

Se trata de un documento renovado en el que se basan las estrategias institucionales que buscan resguardar los derechos humanos de cada integrante de esta casa de estudios, destacó Omar Aguirre Ibarra, titular de la DDU.

“El actual Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios es la base legal que coadyuva a preservar los derechos humanos de los universitarios, y además aporta a la prevención, atención y erradicación de la violencia de género y de cualquier otro tipo de violencia”, puntualizó.

Al destacar que el documento ha contribuido a promover la cultura de la queja y la denuncia de forma responsable, subrayó que su versión final, misma que fue socializada en marzo del año pasado, es producto de un ejercicio de consulta “que logró concentrar todas las miradas, sin sesgos; es decir, en el que participó toda la comunidad universitaria”.

Se trata, subrayó, de un reglamento de vanguardia que promueve la apropiación de conductas éticas entre los universitarios y que busca fortalecer las acciones institucionales que contribuyan a una cultura de paz.

La DDU fue creada en 1991 y su reglamento original data de 1992, de ahí que esta reforma integral sea la primera actualización en más de 30 años.

La actualización

En la nueva versión del documento se precisó en el tema de su autonomía, dado que la DDU es una instancia independiente del Consejo Universitario y de cualquier órgano de gobierno o autoridad.

Así también, establece los principios en los que se orientan sus funciones: accesibilidad, asertividad, buena fe, confidencialidad, debido proceso, eficiencia, empatía, equidad, igualdad, imparcialidad, inclusión, independencia, interés superior de la niñez y de la adolescencia, legalidad, multiculturalidad, no victimización secundaria, objetividad, perspectiva de género, presunción de inocencia, pro persona, respeto a la dignidad humana, respeto y protección a los derechos humanos y transparencia.

El nuevo reglamento detalla los requisitos para iniciar una queja o denuncia, pero además se añadió una variante: el procedimiento puede iniciarse de oficio, no es necesario que sea a petición de parte, como se establecía en el procedimiento anterior, en el cual tenía que existir obligadamente una queja de por medio.

Del mismo modo, la actualización precisa las incompetencias de la DDU; además de subrayar que las personas adscritas a esta dependencia están obligadas a guardar absoluta confidencialidad de los asuntos que son de su conocimiento.

El nuevo Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios consta de cinco capítulos: Disposiciones generales, De la integración y organización, De las facultades y obligaciones, Del procedimiento, De las recomendaciones, así como de Artículos transitorios.

Con la reforma integral a este reglamento, la BUAP asume los compromisos internacionales y las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos.

Así también, responde a la actualización de la Ley General de Educación Superior de 2021, así como a las reformas recientes del Estatuto Orgánico y la nueva Ley de la BUAP en 2023. Ésta última enfatiza en la igualdad sustantiva entre las personas; en la prevención y la erradicación de todo tipo y modalidad de discriminación y violencia; además de promover valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad y la cultura de la legalidad.

El Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios puede consultarse en la página www.ddu.buap.mx, o bien en el número 288 de la Gaceta Universidad BUAP.