Columna | SIN LÍMITES

Riesgos para la autonomía institucional y la profesionalización

La Reforma Judicial de 2025, tal como está formulada, amenaza los pilares fundamentales del sistema de justicia, la imparcialidad, autonomía institucional y profesionalización y a pesar de que la intención de democratizar el acceso a la justicia pueda ser válida, los mecanismos propuestos resultan contraproducentes y generan vulnerabilidades críticas.

Una compilación y análisis de Felipe Noguera, titulada La Reforma Judicial en México 2025: Riesgos para la Inversión Privada, con fecha 28 mayo de 2025, sostiene lo anterior a manera de conclusión, de las elecciones que se llevarán a cabo para renovar el Poder Judicial este domingo 1 de junio.

Hace hincapié en que la experiencia internacional muestra que las reformas judiciales exitosas requieren diagnóstico técnico, gradualismo en su aplicación y consenso institucional amplio. México está ante una decisión estructural que afectará su democracia y competitividad económica por años venideros.

Como se ha informado todos los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán elegidos mediante voto popular; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), será sustituido por una nueva entidad cuya estructura y funcionamiento aún no están definidos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pasará de tener 11 a 9 ministros. Se eliminarán las dos Salas, y el Pleno asumirá todas las funciones deliberativas.

Se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo órgano electo por voto popular, tendrá la función de investigar y sancionar a jueces; ningún integrante del Poder Judicial podrá percibir un salario superior al del Presidente de la República; se prohíbe a jueces y magistrados ejercer la abogacía durante dos años tras dejar el cargo; se restringe la facultad del Poder Judicial para emitir amparos que suspendan políticas públicas y algunos puestos judiciales electos tendrán vigencia hasta por 11 años.

Las siguientes son sus consideraciones:

-La Reforma Judicial promovida por el Poder Ejecutivo mexicano para su implementación en 2025, conocida como el Plan C, plantea una transformación estructural sin precedentes en el sistema de justicia del país.
-Aunque se presenta con el objetivo de democratizar el acceso a la justicia, la iniciativa genera preocupaciones sustanciales sobre sus implicaciones institucionales, económicas y de gobernabilidad.
-Se estima una participación ciudadana baja, del 5 al 20 por ciento, lo cual podría comprometer la legitimidad del proceso.
-El INE enfrentará dificultades logísticas por el alto número de boletas (602 millones) y una reducción de recursos. Cada votante podrá elegir hasta 51 cargos, lo que complica el proceso y puede generar menor participación, demoras en la votación, y un incremento en los votos nulos.
-Al menos 51 cargos federales presentan candidaturas únicas y a nivel local hay ejemplos como el Estado de Durango, donde todas las candidaturas fueron acordadas entre los tres poderes.
-Aunque el conocimiento de la fecha electoral ha aumentado a 54 por ciento en mayo según diario El Financiero, el conocimiento sobre las candidaturas sigue siendo muy bajo.

Felipe Noguera enumera los riesgos para la Independencia Judicial y el Estado de Derecho:

-Politización y Clientelismo. La selección de jueces a partir de listas del Congreso puede generar sesgos partidistas. La necesidad de financiamiento abre riesgos de dependencia hacia partidos, donantes o grupos delictivos.
-Captura del Poder Judicial por Actores Criminales. Las campañas judiciales podrían ser infiltradas por el crimen organizado.
-Bajo Perfil Profesional. No se garantizan requisitos mínimos de formación y experiencia para los aspirantes.
-Ausencia de Diagnóstico Estructural. La reforma no aborda problemas como impunidad, corrupción o sobrecarga procesal.
-Problemas de Implementación y Transparencia. El reemplazo masivo conlleva altos costos y riesgos legales. No existen lineamientos claros para campañas, evaluación ni fiscalización.
-Erosión del Sistema de Contrapesos: La subordinación política del Poder Judicial compromete su función de equilibrio institucional.

Finalmente, el autor del análisis enumera los riesgos para la inversión privada y la seguridad jurídica:

-Inseguridad Jurídica. Fallos judiciales erráticos y arbitrarios podrían resultar de la falta de formación y presiones políticas.
-Ineficiencia Judicial y Disfuncionalidad Procesal. Sistema podría tornarse lento e ineficiente, afectando contratos y resoluciones.
-Aumento de Litigios y Costos Legales. Se prevé mayor litigiosidad y costos operativos para empresas.
-Pérdida de Confianza del Inversionista. La percepción de parcialidad desalienta la inversión nacional y extranjera.
-Fomento de la Impunidad y Corrupción Judicial. Jueces vulnerables podrían caer en sobornos o sumisión al poder político.
-Impacto Económico Estructural. Menor inversión, empleo y competitividad pueden frenar el crecimiento económico.

El futuro ya llegó, está a la vuelta de la esquina. Es lo que nos espera.

En fin, como escribió Luis Muñoz Rivera (Puerto Rico, 1859-1916), en su poema A Cualquier Compatriota:

¿Justicia? ¡qué palabra tan hermosa!
pero es una palabra y no otra cosa.
¿Derecho? en esta tierra infortunada,
es aire, es humo, es ilusión, es nada.

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Ciudad de México, 11 de marzo de 2018 — Hoy da por concluido el programa de una semana de eventos organizados por la Iniciativa Mérida, incluyendo conferencias, intercambios interdisciplinarios y foros para los actores del sector justicia penal de EE.UU. y México.  A lo largo de la semana, los jueces federales y fiscales estadounidenses junto a jueces federales, magistrados, fiscales, investigadores y expertos forenses mexicanos se exploraron diversos temas relacionados con el sistema de justicia acusatorio implementado formalmente en México a partir de junio de 2016.  Las actividades ayudaron a los participantes a identificar los desafíos comunes y compartir las mejores prácticas para el avance de la justicia penal en México.

La Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de EE.UU. - invitó a jueces federales estadounidenses de Texas y Puerto Rico para que se reunieran con sus contrapartes del Poder Judicial Federal mexicano y de forma conjunta, exploren el papel del juez en un sistema de justicia penal acusatorio.  El 6 de marzo, el Juez Federal estadounidense Gustavo A. Gelpí dirigió la conferencia de “La Valoración de la Prueba y los Estándares Probatorios en un Sistema Acusatorio” para los jueces de juicio oral y de alzada de la Ciudad de México.  Asimismo, con el apoyo de la Iniciativa Mérida, la Alianza de Colaboración de la Conferencia de Procuradores Generales de los Estados Occidentales (CWAG, por sus siglas en inglés) realizó un intercambio interdisciplinario de una semana con el fin de explorar el papel de cada actor en el proceso de investigación.  Los participantes incluyeron fiscales, investigadores y expertos forenses del Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.  Los temas comprendieron:  ética judicial, análisis de caso, cadena de custodia, estrategias de investigación, interrogatorio del testigo y preparación para el juicio.  Desde 2011 la CWAG ha otorgado cincuenta y cuatro intercambios interdisciplinarios entre México y Estados Unidos.

Tania Maestas, Subprocuradora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo México, que participó en el intercambio interdisciplinario de la CWAG, habló sobre los retos que México enfrenta al consolidar su nuevo sistema de justicia penal: “En EE.UU. crecimos en un sistema acusatorio, es lo que todos conocemos.  México dio un paso histórico al transitar hacia un sistema de justicia penal acusatorio hace menos de dos años, y enfrenta la doble tarea de concluir casos abiertos del antiguo sistema inquisitivo mientras acelera nuevos casos en el sistema acusatorio.  Los intercambios de la CWAG, realizados en el marco de la Iniciativa Mérida, apoyan a los actores del sector de justicia entender mejor su rol en los procesos penales y cómo asegurar condenas para los que lo merecen.”

ANTEDEDENTES

La Iniciativa Mérida es un acuerdo bilateral para la cooperación en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos de América.  La Iniciativa Mérida proporciona apoyo tangible a las instituciones mexicanas judiciales y de procuración de justicia, fortalece la seguridad fronteriza y ayuda a contrarrestar las actividades de organizaciones delictivas transnacionales y el comercio ilícito de estupefacientes.  Desde 2009, Estados Unidos ha otorgado 1.8 mil millones de dólares en equipo, capacitación y asistencia en el desarrollo de capacidades al Gobierno de México.

Columna | Desde el portal

 En la década de los 70´s se concedió la autonomía a la UABJO para ejercer con libertad la academia, la investigación y la difusión de la cultura; y a casi 50 años de tal lucha de los universitarios de la época, la comunidad actual está en franco retroceso: una manta colgada en el  histórico Instituto de Ciencias y Artes –hoy edificio central- clama sin el menor pudor la injerencia oficial –como si tuviera capacidad para ello- para resolver el conflicto interno en la Facultad de Derecho.

 La ignorancia e incapacidad de esa facción de estudiantes es pública: la manta se dirige al pueblo de Oaxaca pidiendo que el Gobierno del Estado –cuyos funcionarios no conocen la realidad estatal porque son ajenos al estado- hacer cumplir acuerdos entre grupos en disputa por el patrimonio universitario, más allá del glorioso pasado del Instituto por cuyas aulas pasaron insignes oaxaqueños que contribuyeron a dar forma al Estado mexicano.

 El edificio central de la UABJO, por la primera calle de Alcalá, donde se inicia el corredor turístico, es admirado por visitantes y lugareños como un museo de la barbarie, con sus coloniales puertas de maderas preciosas hechas cenizas por los vándalos que le prendieron fuego como parte de esa lucha cavernaria. Ni siquiera porque soy –maestros y alumnos- estudiantes de Derecho son capaces de respetar la Ley y entender que el diálogo y el respeto a las diferencias contribuyen a la solución de los problemas en cualquier sociedad civilizada.

 El Gobierno del Estado no interviene en el conflicto, no tanto por respeto a la autonomía universitaria, sino porque carece de autoridad moral y capacidad para ello; igual están los maestros con sus marchas y bloqueos que obstruyen el desarrollo económico de la entidad. Oaxaca lleva décadas sin rumbo pues ningún gobernante ha tenido ni la visión ni la voluntad política para imponer el orden y la gobernabilidad. La UABJO, como museo de la barbarie, es prueba de ello y propios y extraños lo en diariamente.

TURBULENCIAS

Educación de calidad, fundamental

 El titular de la SEP, Aurelio Nuño, y el de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, firmaron un convenio para capacitar a los docentes sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a fin de conjuntar dos transformaciones estructurales: la Reforma Educativa y la Penal, para tener una justicia más eficaz y eficiente, y avanzar en una educación de calidad, que permitan que México sea exitoso, con la fortaleza de sus instituciones…El líder de la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla, consideró positivo el encuentro que el pasado 20 de junio sostuvo el titular de la SAGARPA, José Calzada, con sus homólogos de Canadá y EU pero consideró que es importante que ahora escuche a los representantes de cuando menos 50 organizaciones productivas para analizar cada propuesta rumbo a la negociación del TLCN antes de que concluya el año…La boda del gobernador Eruviel Ávila con María Irene Dipp sirvió para mostrar el músculo: entregará el poder sin mayor problema a Alfredo del Mazo y con ello consolida al PRI y está listo para el 2018. Todo planeado, al menos en lo que a él le corresponde…

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