Washington/Bogotá.- El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones económicas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, incluye su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), lo que implica el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de ese país.


Acusaciones de permisividad frente al narcotráfico

Según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, el presidente Petro ha sido sancionado por “permitir que los carteles de drogas prosperen y negarse a detener esta actividad”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “el presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”.

La decisión se produce tras semanas de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, exacerbadas por declaraciones del presidente Trump, quien recientemente suspendió toda ayuda financiera a Colombia y amenazó con imponer aranceles adicionales al país sudamericano.


Reacción del presidente Petro

El mandatario colombiano respondió con firmeza a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde expresó: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”. Petro calificó la medida como una represalia política y denunció que su inclusión en la Lista Clinton es una “injusticia” que responde a presiones del senador republicano Bernie Moreno, quien había advertido sobre posibles sanciones en caso de que Colombia no modificara su política antidrogas.

Asimismo, el presidente anunció que emprenderá una defensa legal en Estados Unidos, designando al abogado Dany Kovalik para representar sus intereses ante las autoridades norteamericanas.


Repercusiones diplomáticas

La decisión ha generado un fuerte impacto en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Varios congresistas republicanos, entre ellos Mario Díaz-Balart, respaldaron públicamente la medida, argumentando que la administración Petro representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a su presunta permisividad con el narcotráfico.

Por su parte, sectores del gobierno colombiano han calificado las sanciones como una intromisión en los asuntos internos del país y han instado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a lo que consideran una acción desproporcionada y políticamente motivada.