Puebla.- La cantante colombiana Elsa y Elmar anunció la cancelación de varias presentaciones programadas para las próximas semanas, incluyendo su esperada participación en el festival Tecate Comuna 2025, que se celebrará el próximo 22 de noviembre en el Foro Cholula, Puebla.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un mensaje en el que explicó que atraviesa un momento delicado en su salud física y emocional, lo que la llevó a tomar la decisión de pausar temporalmente su carrera musical. “Reinis, hoy les cuento que no estoy en mi mejor momento… necesito sanar mi mente y mi cuerpo, por lo que con mucho pesar debo cancelar mis próximos shows”, expresó en una historia de Instagram.

Aunque no mencionó directamente el festival Tecate Comuna, los organizadores del evento compartieron su comunicado, confirmando que su ausencia también aplica al cartel del festival, donde figuraba junto a artistas como Zoé, Julieta Venegas, Siddhartha, Kevin Kaarl y Foster The People.

En medio de esta pausa, Elsa y Elmar celebró el aniversario de su presentación en el Palacio de los Deportes, dejando a sus seguidores dos nuevos sencillos como gesto de agradecimiento y despedida temporal.

La noticia ha generado muestras de apoyo por parte de sus fans, quienes han valorado su decisión de priorizar el bienestar personal. Mientras tanto, el festival Tecate Comuna continúa con su programación, que ya ha agotado casi todas sus localidades.

-Un total de 92 deportistas estuvieron concentrados en el Centro de Alto Rendimiento “Mario Vázquez Raña”.

-En noviembre encararán competencias en Colombia y Paraguay.

PUEBLA, Pue.- Las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento “Mario Vázquez Raña”, ubicadas al norte de la capital poblana, fueron sede de la concentración nacional de Rugby, en la que asistieron un total de 92 atletas pertenecientes a las selecciones nacionales, rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Participaron 28 jugadoras de la selección femenil mayor, 32 integrantes de la selección varonil mayor y 32 elementos de la selección varonil M19, además de 14 miembros del staff técnico, entre entrenadores, managers, médicos y fisioterapeutas, quienes trabajaron de manera coordinada durante los días de entrenamiento.

El objetivo principal de este campamento, fue afinar los aspectos técnicos, físicos y tácticos de cara a los próximos encuentros internacionales. Las selecciones mayores enfrentarán un test match en Medellín, Colombia, el próximo 8 de noviembre, mientras que la selección juvenil M19 se alista para participar en el Torneo Sudamericano, que se llevará a cabo del 24 al 29 de noviembre en Asunción, Paraguay.

A fin de impulsar el alto rendimiento y la proyección del talento nacional, la Secretaría de Deporte y Juventud del Estado de Puebla brindó su total apoyo durante la concentración, al proporcionar el albergue, servicio médico, gimnasio, cancha y sala con proyector para las sesiones técnicas.

Con este tipo de actividades, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, apoya al deporte en la entidad y se consolida como sede estratégica para el desarrollo del alto rendimiento, al ofrecer infraestructura y condiciones óptimas para que las y los seleccionados nacionales continúen su camino competitivo en representación de México.

Washington/Bogotá.- El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones económicas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, incluye su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), lo que implica el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de ese país.


Acusaciones de permisividad frente al narcotráfico

Según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, el presidente Petro ha sido sancionado por “permitir que los carteles de drogas prosperen y negarse a detener esta actividad”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “el presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”.

La decisión se produce tras semanas de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, exacerbadas por declaraciones del presidente Trump, quien recientemente suspendió toda ayuda financiera a Colombia y amenazó con imponer aranceles adicionales al país sudamericano.


Reacción del presidente Petro

El mandatario colombiano respondió con firmeza a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde expresó: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”. Petro calificó la medida como una represalia política y denunció que su inclusión en la Lista Clinton es una “injusticia” que responde a presiones del senador republicano Bernie Moreno, quien había advertido sobre posibles sanciones en caso de que Colombia no modificara su política antidrogas.

Asimismo, el presidente anunció que emprenderá una defensa legal en Estados Unidos, designando al abogado Dany Kovalik para representar sus intereses ante las autoridades norteamericanas.


Repercusiones diplomáticas

La decisión ha generado un fuerte impacto en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Varios congresistas republicanos, entre ellos Mario Díaz-Balart, respaldaron públicamente la medida, argumentando que la administración Petro representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a su presunta permisividad con el narcotráfico.

Por su parte, sectores del gobierno colombiano han calificado las sanciones como una intromisión en los asuntos internos del país y han instado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a lo que consideran una acción desproporcionada y políticamente motivada.

Washington, Estados Unidos.- En una escalada sin precedentes entre Colombia y Estados Unidos, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se enfrentaron en un intercambio de acusaciones que ha encendido las alarmas diplomáticas. El conflicto se desató este 22 de octubre de 2025, cuando Trump calificó a Petro como un “maleante” y “mal tipo” desde la Casa Blanca, anunciando además la suspensión de todos los pagos hacia Colombia.

Petro respondió con firmeza, anunciando que se defenderá judicialmente en Estados Unidos “de las calumnias que me han lanzado”. Aunque el mandatario colombiano negó que exista una “guerra verbal” como tal, sus declaraciones reflejan una profunda molestia por las acusaciones del líder estadounidense.

Este enfrentamiento verbal ocurre en medio de una crisis diplomática que ya ha dejado consecuencias humanas, con reportes de dos colombianos fallecidos en territorio estadounidense, según fuentes oficiales colombianas.

La relación bilateral, históricamente marcada por cooperación en seguridad y comercio, atraviesa su peor momento en décadas. El tono agresivo de Trump y la defensa legal anunciada por Petro podrían marcar un punto de quiebre en la política exterior entre ambos países.

Washington-Bogotá. Este domingo 19 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras acusaciones contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó como “líder del narcotráfico ilegal” y responsable de fomentar la expansión del negocio de las drogas en Colombia.

A través de su red Truth Social, Trump anunció la suspensión inmediata de todos los subsidios y pagos de Estados Unidos a Colombia, argumentando que dichos fondos estaban siendo “mal utilizados para fortalecer redes criminales”. La declaración generó una ola de reacciones en medios internacionales y tensó aún más las relaciones entre ambos países.

La respuesta de Petro no se hizo esperar. Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario colombiano calificó las declaraciones como “una agresión injustificada” y aseguró que “Colombia no se arrodilla ante amenazas ni chantajes”. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que calificó las palabras de Trump como “ofensivas y desobligantes”, y anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar lo que considera “un acto de la mayor gravedad”.

Este nuevo episodio marca uno de los momentos más tensos en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en décadas, y podría tener repercusiones económicas y diplomáticas en la región.

- En el evento, la Secretaría de Arte y Cultura realizó talleres y conferencias con el objetivo de salvaguardar y difundir los procesos artesanales de Puebla a nivel internacional.

- Se llevó a cabo del 22 al 28 de septiembre en El Carmen el Viboral, municipio donde la cerámica tradicional fue declarada Patrimonio Cultur

- El adolescente fue condenado por tentativa de asesinato, tras aceptar los cargos, y no por asesinato; la ley colombiana no permite modificar cargos contra un menor una vez aceptados. 

DW (Deutsche Welle).- La Fiscalía de Colombia informó que el adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado este miércoles (27.08.2025) a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.

Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas en la cabeza tras un brutal ataque a tiros durante un acto político en Bogotá en junio, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia. Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.

El joven "deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", dijo la fiscalía en un comunicado.

No lo trasladarán a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador a la AFP.

Un tribunal penal especial para menores juzgó al adolescente por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos a principios de agosto. Siete días después, Uribe falleció en el hospital.

La ley colombiana no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

"Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor", escribió en la red social X el abogado de la familia, Víctor Mosquera.

"Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo", agregó. 

Hay otros cinco acusados

El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.

Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó.

El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza. Los escoltas de Uribe lo hirieron en una pierna mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.

El caso es investigado por la fiscalía como un "magnicidio", con el fin de identificar a los autores intelectuales.

Además del atacante, las autoridades han capturado a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño", supuesto cerebro logístico del ataque.

Al resto de acusados, todos mayores de edad, la Fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado.

Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como la Segunda Marquetalia.

mg (afp, El Espectador)

- Tres días antes, un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali y seis civiles murieron. El mismo día, un helicóptero policial fue derribado con un dron en Antioquia, 13 agentes fallecieron.

DW (Deutsche Welle).- Ecuador decomisó un "significativo cargamento" de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser usado en "actos terroristas", indicó la policía este domingo (24.08.2025).

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros y mafias que se lucran del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El jueves, dos ataques de grupos rebeldes dejaron 19 muertos y más de 60 heridos, entre civiles y uniformados.
 
La policía ecuatoriana señaló que incautó 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.0000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países, que dejó dos ecuatorianos detenidos. "Identificamos material explosivo que pretendía ser utilizado para la ejecución de actos terroristas en Colombia", precisó en la red social X.

El "significativo" al cargamento de explosivos era transportado en un camión que partió de la provincia costera de El Oro (suroeste y limítrofe con Perú) hacia la andina de Carchi (norte y fronteriza con Colombia), donde se realizó la operación.

Casi 20 muertos en un solo día, disidencias de las FARC son sospechosas

El jueves, un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali, la tercera ciudad más poblada de en Colombia, y seis civiles murieron y más de 60 personas resultaron heridas. 

Ese mismo día, un helicóptero policial fue derribado con un dron y rifles en el departamento de Antioquia, 13 agentes perdieron la vida.

Las autoridades atribuyen los atentados terroristas a dos disidencias de las FARC enfrentadas entre sí que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de este cartel criminal. Este sábado, la fiscalía imputó a dos guerrilleros del Frente Jaime Martínez, adscrito al Estado Mayor Central (EMC), uno de los grupo disidentes de esta guerrilla izquierdista, como presuntos responsables del ataque con camión bomba en Cali.

rr afp/el comercio/efe

- "Queremos que la COP30 sea la COP del cambio", afirmó Lula da Silva sobre la conferencia climática, que se realizará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil.

DW (Deutsche Welle).- Los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia llamaron este viernes (22.08.2025) en Bogotá a la cooperación regional para proteger la selva amazónica, sus indígenas y plantear una "posición común" con miras a la conferencia climática COP30.

La Amazonia, compartida por nueve países, sufre los estragos de la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y el impacto de los hidrocarburos. El objetivo de la V Cumbre de Países Amazónicos, con sede en la capital colombiana este año, es coordinar acciones conjuntas.

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habló de la creación de una policía amazónica internacional para combatir el crimen organizado, que operará a partir del 9 de septiembre desde la ciudad de Manaos.

"Queremos que la COP30 sea la COP del cambio", afirmó sobre la cita de noviembre en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil.

Frente a los cancilleres y representantes diplomáticos, el presidente colombiano Gustavo Petro dio un discurso crítico hacia los combustibles fósiles, y mencionó al narcotráfico, el oro y "cierta minería extraída ilícitamente" como los "principales enemigos de Colombia".

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió anteponer los "intereses regionales" a los nacionales.

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), en el que se basa la cumbre, fue firmado por todos los Estados amazónicos en 1978.

rr afp/efe

- La decisión de un Tribunal de Bogotá se mantendrá mientras se resuelve la apelación a la condena de 12 años de arresto domiciliario impuesta al exgobernante. 

DW (Deutsche Welle).-Un tribunal de Bogotá ordenó este martes (19.08.2025) la libertad "inmediata" del expresidente Álvaro Uribe, mientras resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.

El popular exmandatario (2002-2010) recibió en primera instancia la máxima pena posible por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de esos violentos escuadrones antiguerrillas.

Desde el 1 de agosto, el político de 73 años está detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de su natal Medellín.

Uribe apeló la decisión de la justicia que lo convirtió en el primer exgobernante del país condenado penalmente y privado de la libertad.

Según el exmandatario, el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Con la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá dio luz verde para que Uribe apele en libertad. Pero esta segunda instancia tiene solo hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo empezó en 2012 cuando Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con paramilitares.

Cepeda había mencionado en el Congreso las denuncias de exparamilitares en prisión que acusaban a Uribe de fundar un escuadrón antiguerrillas en la finca de su familia.
Giro inesperado del caso

En 2018, el caso dio un giro inesperado, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.

Cepeda aseguró que respeta la decisión pero no la comparte. "Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra. Y creemos que la medida que impuso la jueza (Sandra) Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones", declaró a la prensa.

Uribe llegó al poder cuando Colombia ardía por el enfrentamiento entre guerrillas de izquierda, escuadrones de ultraderecha y fuerzas del Estado.

Amasó apoyos con sus políticas de mano dura, que doblegaron a la entonces guerrilla FARC. 

Pero al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra los rebeldes.

Han sido documentados más de 6.000 "falsos positivos", como se conoce el caso de civiles ejecutados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas.

De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

mg (afp, efe)