Mostrando artículos por etiqueta: LEGISLACIÓN

Washington. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este jueves una de las reversiones más profundas de política climática en la historia reciente del país al derogar el denominado “dictamen de peligro” (“Endangerment finding”), un pilar legal que durante casi dos décadas permitió al gobierno federal regular las emisiones de gases de efecto invernadero para enfrentar el cambio climático. Esta acción representa un duro golpe a la capacidad de la administración estadounidense para legislar sobre contaminación y clima bajo el Clean Air Act (Ley de Aire Limpio).

Qué se ha revocado y qué implicaciones tiene

- El “Endangerment finding”, adoptado en 2009 bajo la presidencia de Barack Obama, establecía que seis gases de efecto invernadero (como el dióxido de carbono y el metano) representan un peligro para la salud pública y el bienestar general y, por tanto, podían ser regulados bajo la ley ambiental estadounidense. Esa conclusión científica y legal fue la base de la mayoría de regulaciones federales destinadas a reducir emisiones. 
- Con la derogación de esta norma clave, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ya no cuenta con ese fundamento legal para imponer límites a las emisiones de vehículos, centrales eléctricas e instalaciones industriales, y la administración busca también eliminar las normas de emisiones actualmente vigentes redirigiendo el enfoque federal hacia una agenda dereguladora. 
- Trump calificó la medida como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense”, argumentando que aliviará costos para fabricantes y consumidores, especialmente en el sector automotriz. 

Reacciones y críticas

La decisión ha sido fuertemente criticada por científicos, grupos ambientalistas y algunos líderes políticos, que señalan que la ciencia del cambio climático está mucho más consolidada ahora que en 2009, y que esta revocación podría agravar los efectos del calentamiento global, empeorar la calidad del aire y aumentar riesgos para la salud pública y los ecosistemas.

Organizaciones como el Environmental Defense Fund y gobiernos estatales, incluido el de California, anunciaron que impugnarán la medida ante los tribunales, argumentando que el relevo legal deja a la EPA sin autoridad para controlar la contaminación climática, lo que podría desencadenar una intensa batalla judicial.

Contexto de política climática estadounidense

Esta medida es la culminación de años de esfuerzos conservadores para desmantelar políticas climatológicas federales que habían logrado reducciones significativas de emisiones en sectores clave, impulsadas inicialmente por el dictamen de peligro y reforzadas por iniciativas posteriores. La acción de Trump sigue a decisiones anteriores, como la salida de EE. UU. del Acuerdo de París en 2025, reflejando una estrategia prolongada de priorizar la producción de combustibles fósiles sobre objetivos climáticos internacionales. 

Los analistas advierten que, si la derogación se mantiene tras posibles impugnaciones judiciales, el gobierno federal perderá gran parte de su marco regulatorio para abordar la crisis climática, transfiriendo mayor responsabilidad a estados individuales y al sector privado para liderar reducciones de emisiones. 

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, Julio Miguel Huerta Gómez, dio a conocer que, a partir del siguiente periodo ordinario que comenzará en enero de 2026, iniciará el análisis de las reformas para la revocación de mandato. 

El legislador explicó que el pasado 25 de julio presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, con el propósito de establecer el proceso para la revocación de mandato y, con ello, armonizar la legislación. 

Como parte de la propuesta, se contempla que debe realizarse en las urnas una vez cumplida la primera mitad del ejercicio de administración de la persona titular del Poder Ejecutivo. Además, se plantea que el Instituto Electoral del Estado (IEE) sea la instancia encargada de llevar a cabo este procedimiento. 

También, contempla que el total de las firmas que se necesitan para ser considerada como una solicitud formal debe ser del 10 por ciento de la Lista Nominal, de la mitad más uno de los municipios del Estado. Así como fijar un plazo de 30 días para que el IEE determine la procedencia o improcedencia y, en caso de avalarse, realizar la consulta dentro de los 90 días posteriores, a través del voto universal, libre y secreto. 

El diputado detalló que, para que sea vinculante, debe participar el 40 por ciento de la Lista Nominal de la entidad. En tanto, se propone que la instancia para declarar la validez del proceso será el Tribunal Electoral del Estado. 

“Será en el Segundo Periodo de este año legislativo, es decir, a partir del 15 de enero del próximo año, cuando estaremos llevando a cabo las mesas de trabajo”, agregó.  

Puebla, Pue.- En la sede del Congreso del Estado se realizó el foro de parlamento abierto en Puebla para analizar la legislación hídrica que necesita nuestro país, con la finalidad de realizar propuestas para presentarlas a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión.

Durante este foro, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que la LXII Legislatura mantiene las puertas abiertas para la realización de estos foros, ya que es primordial garantizar el derecho humano al agua para las y los poblanos.

“Por eso es importante que los Congresos locales impulsen la agenda para lograr los cambios requeridos en el Congreso Federal”, afirmó el diputado.

Por su parte, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez subrayó la necesidad que tiene Puebla de abordar los retos legislativos en materia del agua, con la finalidad de atender las necesidades de la población, a través de este tipo de ejercicios de parlamento abierto.

En este evento también se invitó a María Eugenia Ochoa García, de la Contraloría Autónoma del Agua de Puebla; Juan Antonio González Hernández, diputado Federal por el distrito 4 y coordinador de los Diputados Federales de Puebla; Elena Burns, Representante de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua y Agua para Todos para la Vida, y la diputada federal, Claudia Rivera Vivanco.

REALIZAN FORO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ENTRE EL CONGRESO DEL ESTADO Y LA UPAEP

El Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar” del Congreso del Estado llevó a cabo el Foro de Intercambio Académico entre el Instituto y los autores de obras en coautoría con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

El objetivo es fomentar el intercambio académico entre investigadores y coautores de las once obras científicas que se publicarán sobre temas científicos, culturales y tecnológicos, en el mes de enero de 2026.

Las publicaciones abordarán temas relacionados con el trabajo docente en el siglo XXI, inteligencia artificial en la gestión y políticas públicas, comunicación organizacional, ciencia ciudadana con incidencia social y representación política y migración.

En este evento se contó con la presencia de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez; el director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso del Estado, Oscar Emilio Carranza León, así como autoridades y académicos de la UPAEP.