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EE.UU. impone nuevo arancel global del 15%
Washington D.C. — En respuesta a una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró ilegal una parte sustancial de sus anteriores políticas arancelarias, el gobierno estadounidense puso en marcha este martes un nuevo arancel global del 15% sobre la mayoría de las importaciones. La medida temporal se aplicará durante un período de 150 días, aunque expertos advierten que podría tener efectos más duraderos en el comercio internacional.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., la medida se implementa a partir de las 00:01 del 24 de febrero, y aunque inicialmente la tasa aplicada fue del 10%, la intención de elevarla al 15% fue formalizada por la administración en los últimos días.
La disparidad entre el anuncio —un arancel del 15% impuesto por Trump— y el inicio efectivo con tasa menor ha generado incertidumbre en los mercados y entre socios comerciales internacionales, que buscan claridad sobre el alcance y alcance de la medida, sus rutas legales y su impacto real en el comercio global.
Causa y efecto: del revés judicial al proteccionismo renovado
El nuevo arancel es parte de la respuesta del gobierno estadounidense tras la anulación de aranceles previos por la Corte Suprema, que consideró que el marco legal original invocado por Trump era inconstitucional. Como alternativa, la administración recurrió a una provisión de la Ley de Comercio de 1974 —la sección 122— que permite aplicar tarifas temporales de hasta 15% sin aprobación inmediata del Congreso.
Las exenciones dentro del nuevo esquema arancelario incluyen productos agrícolas básicos, ciertos medicamentos, minerales críticos y bienes estratégicos, con la intención de aliviar presiones inflacionarias internas y proteger sectores sensibles de la economía estadounidense.
Reacciones globales y riesgos económicos
La entrada en vigor del arancel global ha sido recibida con cautela y preocupación por parte de socios comerciales:
- La Unión Europea decidió pausar la ratificación de un acuerdo comercial con Estados Unidos mientras busca claridad sobre el impacto de las nuevas tasas, considerando que podrían contradecir compromisos previos.
- Países como China, Brasil y otros exportadores importantes están evaluando el efecto que tendrá la medida en sus cadenas de suministro y condiciones de acceso al mercado estadounidense.
- Analistas advierten que la incertidumbre arancelaria podría deprimir el comercio internacional, encarecer importaciones y alimentar tensiones diplomáticas entre actores globales.
Impacto regional y perspectivas futuras
En México y otros países vecinos, la entrada de aranceles ha sido seguida de cerca —en particular porque un porcentaje significativo de exportaciones cumple con reglas de origen de acuerdos como el T-MEC y quedan temporalmente exentas de estos gravámenes, atenuando parte del impacto inmediato.
Sin embargo, economistas y líderes comerciales advierten que la implementación de aranceles universales, incluso si comienzan en 10%, podría transformar flujos de comercio en un año electoral en EE. UU. y precipitar ajustes importantes en cadenas globales de suministro y decisiones de inversión.
Ilegales los aranceles de Trump: Suprema Corte
Washington. — La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales porque exceden la autoridad legal que la Constitución y el Congreso otorgaron al Ejecutivo.
En una sentencia de 6 contra 3, el tribunal determinó que Trump no podía invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer amplios gravámenes sobre importaciones, como había hecho desde 2025 bajo la justificación de una “emergencia económica”. Según la mayoría del tribunal, esa ley no autoriza la imposición de aranceles, que constituyen un poder fiscal exclusivo del Congreso.
El fallo representa el revés legal más significativo que ha sufrido la administración Trump en materia económica desde que regresó a la Casa Blanca, marcando una restricción clara al uso de poderes ejecutivos para políticas comerciales de gran alcance.
Detalles del fallo
Los aranceles cuestionados incluían graves impuestos recíprocos aplicados a países como China, México, Canadá, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, y se basaban en decretos ejecutivos firmados por Trump que empleaban la IEEPA.
El fallo afirma que la IEEPA no concede autoridad para imponer impuestos o aranceles, pues eso es prerrogativa constitucional del Congreso de EE. UU.
La decisión invalida gran parte de la política arancelaria global del presidente bajo ese marco legal, aunque no afecta de momento a otros gravámenes establecidos bajo diferentes autoridades legales, como algunos aranceles bajo la Sección 232 relacionados con seguridad nacional.
Repercusiones económicas
El efecto de la sentencia es profundo:
Miles de millones de dólares en tarifas recaudadas podrían ser objeto de devolución si las empresas importadoras presentan reclamos ante las autoridades aduaneras.
La decisión ha generado volatilidad en los mercados financieros, con variaciones en acciones y bonos tras la noticia, dado que los aranceles influyeron en costos empresariales e inflación.
Socios comerciales clave —incluidos países de Europa y Asia— ven un cambio significativo en el comercio global, con la posibilidad de reconfigurar cadenas de suministro y relaciones comerciales.
Reacciones políticas
La sentencia ha sido acogida con críticas y elogios:
Grupos de consumidores y algunos líderes legislativos opositores al Gobierno celebraron la decisión como una reafirmación del equilibrio de poderes y un alivio para importadores y consumidores estadounidenses.
Trump calificó el veredicto de “desastre” y defendió sus políticas arancelarias como necesarias para la seguridad económica y para contrarrestar déficits comerciales, añadiendo que buscará alternativas legales.
Expertos legales señalan que el fallo refuerza los límites constitucionales al poder ejecutivo en materia fiscal, subrayando la necesidad de que el Congreso autorice directamente medidas de impacto económico tan amplio.
Contexto legal y constitucional
El centro del litigio fue la interpretación de la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977, una ley originalmente concebida para permitir al presidente regular transacciones económicas durante emergencias nacionales, no para imponer aranceles generalizados como herramienta política habitual. La Corte concluyó que la IEEPA no incluye ni autoriza específicamente la imposición de tarifas, lo que restringe el uso de esta ley en políticas comerciales de alto impacto.
Congreso y SCJN unidos por una legislatura indígena
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Hugo Aguilar Ortiz, para dialogar sobre la construcción de la agenda indígena legislativa en Puebla.
En la capital del país, Gaspar Ramírez consideró un tema prioritario para avanzar, junto con los pueblos y comunidades indígenas, en el reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos originarios.
"Seguiremos trabajando para que los pueblos indígenas y afromexicanos estén representados en las decisiones de las instituciones del Estado, que fortalecen el acceso a la justicia y el respeto a su identidad y autonomía", indicó.
Altosano Granjas Carroll lleva 21 años donando carne a SEDIF
- 13 mil kilogramos al año de carne certificada como “Calidad Suprema”
Puebla, Pue.- Al concluir el 2025 Altosano Granjas Carroll de México llegó a 21 años ininterrumpidos de donar carne de cerdo de certificada como “Calidad Suprema” a las 5 casas de asistencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -SEDIF- de Puebla, con lo que contribuye al desarrollo, crecimiento y alimentación de cientos de niños, adolescentes y adultos mayores que se encuentran en los albergues que atiende el Gobierno del Estado.
Asimismo, Altosano-GCM reitera su compromiso de mantener esta aportación durante 2026 donando 250 kilogramos a la semana y que final del año significarán 13 toneladas de carne (13 mil kilogramos de carne de cerdo).
Cabe la pena resaltar que la carne de cerdo es rica en proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales, minerales como hierro, zinc, fósforo y potasio, y vitaminas del complejo B (especialmente tiamina), contribuyendo a la energía, el sistema inmune y el desarrollo muscular. Posee grasas beneficiosas (monoinsaturadas) y compuestos antioxidantes, y sus cortes magros son bajos en grasa saturada, lo que la convierte en una opción nutritiva como parte de una dieta equilibrada.
La empresa porcícola reitera su compromiso de apoyar a los sectores más desprotegidos y que son atendidos en los albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -SEDIF- Puebla, siendo los beneficiados: Casa de la Niñez, Casa del Adolescente, Casa de Ángeles, Psiquiátrico Infantil y Casa del Abue.
Piden atender mandato de la SCJN sobre infancias trans
En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Civil, con el objetivo de garantizar los derechos de todas las personas y atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de infancias trans.
La propuesta legislativa considera reformas a los artículos 831 y 875 bis, donde se especifica que toda persona, sin distinción de edad, tiene derecho a solicitar un acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida.
Además, se agrega el artículo 875 quater, con la descripción del procedimiento sumario para actas para niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa presentada por la diputada retoma los requerimientos señalados por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 73/2021.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Grupo Elektra pagará 33 mmdp al SAT: SCJN
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que la empresa Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar 33 mil 306 millones 476 mil 459 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), recargos y multas del ejercicio fiscal 2013.
¿Qué resolvió la Corte?
- El Pleno de la SCJN revocó el amparo promovido por Grupo Elektra, desechando el recurso interpuesto contra el crédito fiscal.
- La decisión deja firme la sentencia del tribunal colegiado, que obliga al pago completo del adeudo.
- El caso fue considerado sin interés constitucional excepcional, lo que permitió desechar el litigio.
Contexto del caso
- El litigio se remonta a agosto de 2024, cuando Elektra buscó ampararse contra el cobro millonario.
- La SCJN también multó a la empresa por intentar retrasar la sentencia, marcando un precedente en casos de evasión fiscal de grandes corporativos.
Reacciones y repercusiones
- El fallo representa la mayor derrota judicial de Salinas Pliego ante el máximo tribunal del país.
- Se trata de uno de los juicios fiscales más relevantes por su monto y por el perfil del empresario involucrado.
- La resolución podría influir en otros litigios fiscales pendientes del Grupo Salinas.
Por golpismo, 27 años de cárcel para Bolsonaro
- El juez relator consideró como agravante que la acusación lo señalara "líder" de una "organización criminal" que conspiró para impedir la asunción de Lula al poder.
DW (Deutsche Welle).- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado el jueves (11.09.2025) a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Corte Suprema decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.
En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado "líder" de una "organización criminal" que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.
Defensa anuncia apelación, EE.UU. protesta
Los abogados defensores del exmandatario adelantaron que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema "incluso en el ámbito internacional", en una nota divulgada a la prensa.
Los letrados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno dijeron que consideran las penas "absurdamente excesivas y desproporcionadas", y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.
"La defensa del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria", reza el comunicado divulgado por los abogados tras el fallo, que fue condenado por el gobierno de Estados Unidos.
"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó el secretario de Estado Marco Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".
"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados.
"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.
Ocho declarados culpables
Bolsonaro y los otros siete reos fueron declarados culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.
Según la acusación formulada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, la conspiración comenzó en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y cuando Lula comenzaba a despuntar en las encuestas.
Conspiración en etapas
La trama fue desarrollada en diversas fases y comenzó con una dura campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país dirigida por el propio Bolsonaro, de acuerdo a la acusación.
La conspiración pasó de las palabras a los hechos después de que Lula ganó las elecciones de octubre de 2022, con intensas protestas, atentados frustrados por la Policía y campamentos en las puertas de los cuarteles en los que miles de bolsonaristas exigían al Ejército que impidiera la investidura de Lula.
El líder progresista asumió el poder finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha salieron de uno de esos campamentos en Brasilia para asaltar con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.
De acuerdo a la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista que ha llevado a las condenas y que, según la acusación, fue "liderada" y dirigida personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de "perpetuarse en el poder" e instalar "una dictadura" en Brasil.
gs (efe, dpa)